En una jornada clave para el oficialismo, el plenario de comisiones no logró dictaminar el proyecto estrella de Patricia Bullrich. La ausencia de firmas, el reclamo proteccionista de la UIA y la presión de PRO, UCR y Provincias Unidas dejaron al borde del abismo la iniciativa que busca beneficiar a los gigantes tecnológicos, mientras la producción nacional sigue en caída.
En el marco del Día de la Industria, el oficialismo sufrió un revés contundente en el Senado que expuso las fisuras internas de su alianza gobernante y puso en jaque uno de sus proyectos insignia: el denominado Súper RIGI. Lo que debía ser una jornada de avances legislativos se transformó en un nuevo fracaso para la bancada libertaria, que no logró reunir las voluntades necesarias para firmar el dictamen que permitiría ampliar los beneficios fiscales y cambiarios a las grandes inversiones extranjeras, en desmedro del entramado productivo local.
El plenario de las comisiones de Presupuesto, Economía y Legislación General quedó a medio camino, con apenas siete ausencias que resultaron determinantes para que el despacho no alcanzara las 26 rúbricas requeridas. Entre los ausentes, tres nombres resonaron con fuerza en el arco opositor: el radical Maximiliano Abad, el peronista disidente Carlos “Camau” Espínola y la macrista Andrea Cristina. Sin ellos, la posibilidad de sesionar el próximo jueves 10 se diluyó como un espejismo, y el texto ahora peligra con regresar a la Cámara de Diputados, donde el presidente Martín Menem ya anticipó su rechazo a cualquier modificación.
El revés no fue casual. Los aliados del PRO, la UCR y el bloque Provincias Unidas le marcaron la cancha a Patricia Bullrich con una exigencia que choca de lleno con la doctrina libertaria: incorporar cláusulas proteccionistas que obliguen a los grandes inversores a comprar al menos un 20% de sus bienes transables en el mercado interno, con una preferencia de precio de hasta el 15% frente a los productos importados. Ese pedido, que la Unión Industrial Argentina (UIA) transmitió con fuerza a los legisladores, fue el núcleo del conflicto. El propio Martín Goerling, presidente del bloque amarillo, fue el encargado de acercarle a Bullrich las nuevas condiciones, en un gesto que evidenció la tensión entre el Gobierno y sus socios estratégicos.
Mientras el oficialismo intentaba sortear el escollo, el malestar en el sector fabril se hizo oír con claridad. Martín Rappallini, titular de la UIA, advirtió durante el acto por el Día de la Industria —al que el propio Gobierno decidió vaciar— que las principales economías del mundo están tomando resguardos para defender sus mercados y evitar la destrucción de sus capacidades productivas. Más crudo fue el número dos de la entidad, Guillermo Moretti, quien disparó: “Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica”. La frase sintetizó el desencanto de un sector que ve con escepticismo un régimen diseñado, según los críticos, para satisfacer los apetitos de los tecnorricos y los gigantes de Silicon Valley, en lugar de apuntalar la industria nacional.
El Súper RIGI, que ya cuenta con media sanción de Diputados, propone beneficios extravagantes: estabilidad fiscal, cambiaria y jurídica por tres décadas, eliminación de retenciones, libre disponibilidad de divisas y la habilitación de arbitrajes internacionales ante el CIADI, lo que implica una cesión de soberanía que varios senadores cuestionaron. Pero lo que encendió las alarmas fue la advertencia de que, lejos de alinearse con los intereses de Washington, el régimen podría terminar beneficiando especialmente a las grandes empresas chinas, con capacidad para importar insumos sin que la producción local pueda competir. La paradoja no pasó desapercibida: un gobierno que pregona su distancia de Beijing podría, sin quererlo, abrirle la puerta a sus corporaciones.
El tiempo juega en contra. Fuentes libertarias consultadas por este diario admitieron que el oficialismo tiene hasta la semana entrante para intentar recomponer las firmas, pero el clima es pesimista: “Todo indica que se cae”, confesó un operador cercano a la Casa Rosada. Mientras tanto, el peronismo trabaja en la sombra para introducir más cambios y deshilachar aún más el proyecto original, en una estrategia que busca profundizar las divisiones en el bloque oficialista.
El plenario, que comenzó pasadas las 13.30, ya arrastraba un pecado original: el cambio de horario notificado a las 9.30 de la misma mañana, lo que llevó al senador Fernando Salino a denunciar que la reunión estaba “viciada de nulidades”. Según su argumento, esa modificación intempestiva no solo violaba el reglamento, sino que buscaba encubrir la falta de quórum. Las siete ausencias terminaron dándole la razón.
En paralelo, el oficialismo en Diputados también mostró su estrategia de vaciamiento: puso en marcha las comisiones de Finanzas y Discapacidad con el objetivo de desactivar la sesión del miércoles, donde la oposición pretende avanzar con proyectos de desendeudamiento y la Emergencia en Discapacidad. El contraste no pudo ser más elocuente: mientras la Cámara baja se ocupaba de bloquear iniciativas sociales, el Senado debatía privilegios fiscales para inversores extranjeros.
El calendario legislativo expuso, como nunca antes, para quiénes gobierna La Libertad Avanza. La agenda prioritaria del oficialismo quedó al desnudo: beneficios extraordinarios para los magnates de la inteligencia artificial, los centros de datos y los semiconductores —sectores prácticamente inexistentes en el país—, mientras la industria real acumula una caída interanual del 1,9% en el primer semestre de 2026 y un desplome del 8,1% en comparación con el modelo productivo anterior, según relevó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El intento de Bullrich por salvar del naufragio la versión recargada del RIGI, sancionado en 2024, choca ahora contra un muro de realidades económicas y políticas. Para destrabar el dictamen, la ministra deberá convencer al ministro de Economía, Toto Caputo, de que avale los cambios proteccionistas. En los hechos, eso implicaría pedirle a un gobierno de orientación liberal que abrace medidas que siempre repudió. La contradicción es mayúscula, y el tiempo se agota.
Mientras tanto, la iniciativa complementaria conocida como “Inversiones Relevantes”, impulsada por el radical Eduardo Vischi para incentivar proyectos productivos de medianas y grandes empresas que no alcanzan los pisos millonarios del RIGI, tampoco logró avanzar. El escenario es, cuanto menos, desolador para un oficialismo que ve cómo sus propias herramientas se vuelven en su contra.
El desenlace de esta pulseada definirá no solo el futuro del Súper RIGI, sino también la capacidad de gestión de un Gobierno que, en el Día de la Industria, recibió un recordatorio contundente: sin protección al tejido productivo, no hay inversión que valga. Y los aliados, al menos por ahora, no están dispuestos a ceder.
