El Gobierno británico salió al cruce de las declaraciones del Presidente argentino con un comunicado que reafirma su soberanía sobre el archipiélago, mientras Milei endurece por decreto las sanciones a petroleras que operen en aguas adyacentes sin permiso de Buenos Aires. La tensión diplomática se recrudece en el ítem más sensible de la agenda bilateral.
En una escalada retórica que encendió todos los alarmantes en la Cancillería argentina, el presidente Javier Milei volvió a poner el foco sobre la cuestión Malvinas durante su alocución por cadena nacional, pero la respuesta del Reino Unido no se hizo esperar y, con un tono que osciló entre la ironía y la firmeza, el secretario de Estado de Defensa británico, Wes Streeting, calificó los anuncios como un reflejo de las tensiones domésticas de la política argentina, despojándolos de todo peso en el plano internacional. “La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política interna en Argentina que sobre las Islas Malvinas”, escribió el funcionario en sus redes sociales, en un mensaje que buscó desactivar cualquier pretensión de avance soberano por parte del Gobierno austral.
El funcionario inglés, acompañado en su publicación por una fotografía que lo retrata frente al “Monumento de la Liberación”, donde reposan los nombres de los soldados británicos caídos en el conflicto de 1982, remarcó que la pertenencia de las islas no admite discusión porque “los isleños de las Malvinas eligen ser británicos”. Y cerró su intervención con una declaración de principios que no dejó espacio para ambigüedades: “Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable”. La imagen y las palabras del ministro fueron leídas en Buenos Aires como un gesto de deliberado desafío, en especial por el contexto bélico que evoca el monumento elegido para la postal.
Sin embargo, lejos de amilanarse ante la réplica británica, el mandatario argentino profundizó su ofensiva en el terreno práctico y rubricó el Decreto 868/2026, publicado en el Boletín Oficial, que endurece el cerco administrativo y sancionatorio contra las empresas dedicadas a la exploración o extracción de hidrocarburos en el archipiélago y en los espacios marítimos circundantes que Argentina considera propios. La norma, que actualiza procedimientos previstos en la Ley 26.659, diseña un mecanismo riguroso de fiscalización: ante la detección de indicios de infracción, las compañías dispondrán de un plazo perentorio de diez días hábiles para presentar sus descargos y adjuntar la prueba que estimen conducente, mientras que la autoridad de aplicación contará con otro tanto para resolver si archiva el expediente o impone una penalidad. Las sanciones previstas alcanzan su punto máximo con la inhabilitación para operar en el territorio nacional por un lapso que puede extenderse entre cinco y veinte años, una medida que pretende disuadir a cualquier firma con intereses en la cuenca malvinense.
Pero el alcance del decreto no se detiene allí. La nueva reglamentación introduce controles cruzados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un mecanismo clave para atraer capitales estratégicos al país. A partir de ahora, las empresas que aspiren a acogerse a ese beneficio deberán certificar que ni ellas ni sus accionistas desarrollan o tienen previsto desarrollar actividades hidrocarburíferas prohibidas por la legislación argentina. Para garantizar el cumplimiento de esa condición, se establece que Cancillería deberá ser consultada de manera previa a la aprobación de cada ingreso, con el objeto de verificar posibles antecedentes o incompatibilidades que vinculen a los postulantes con la explotación en aguas disputadas.
El endurecimiento del esquema punitivo también se extiende hacia las futuras concesiones, permisos y autorizaciones petroleras que se otorguen en el país, de modo que ninguna compañía que mantenga vínculos con la actividad hidrocarburífera en Malvinas pueda acceder ni a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios del RIGI ni a nuevas operaciones en el subsuelo argentino. Con esta batería de restricciones, el Ejecutivo busca cerrar cualquier resquicio que permita a las petroleras internacionales eludir la normativa argentina, al tiempo que envía un mensaje de firmeza a la comunidad financiera y energética mundial, aunque los especialistas advierten que el verdadero impacto de estas disposiciones dependerá de la capacidad de control y de la voluntad política para hacerlas cumplir en un escenario de creciente explotación offshore en el Atlántico Sur.
La tensión entre ambas administraciones se inscribe así en una larga historia de reclamos superpuestos, pero el tono utilizado por Londres, sumado a la inmediatez de la respuesta británica, sugiere que el Gobierno de Keir Starmer no está dispuesto a ceder ni un milímetro en su posición, mientras que la Casa Rosada, por su parte, parece haber encontrado en la causa Malvinas un eje de cohesión interna que trasciende las fronteras ideológicas y le permite proyectar una imagen de determinación en un tema que atraviesa todas las grietas del arco político. Por ahora, el pulso se mantiene en el plano diplomático y administrativo, pero la escalada de medidas y contramedidas alimenta un clima de hostilidad latente que ningún observador se atreve a subestimar.
