La Cancillería argentina atraviesa horas de incertidumbre y fuertes contradicciones internas. Mientras el Gobierno insinúa un giro en su política hacia las Islas Malvinas, los gestos concretos –como la condecoración al embajador saliente de Israel o el silencio ante la explotación petrolera en el archipiélago– profundizan el escepticismo entre los diplomáticos de carrera y alimentan la sospecha de que la denominada «Doctrina Plaza» sigue rigiendo los destinos de la soberanía nacional.
En las últimas horas, el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, ha sido escenario de un terremoto diplomático silencioso pero de proporcionesmayúsculas. El anuncio oficial de un presunto viraje en la estrategia hacia las Islas Malvinas ha generado más perplejidad que entusiasmo entre los funcionarios de carrera, quienes observan con desconfianza cada movimiento de la cúpula política. La razón es sencilla: nadie cree en el giro prometido por el presidente Javier Milei, y tampoco hay certezas sobre si aún está vigente la línea que hasta ahora se aplicaba con rigurosidad y que los diplomáticos denominan, con ironía o resignación, «Doctrina Plaza».
Esa doctrina, que lleva el nombre de la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, se resume en un dogma que ha sido palabra santa en la gestión exterior: “No hablemos de soberanía, pero fomentemos negocios con el Reino Unido, incluyendo inversiones y explotación de recursos en Malvinas. Un mejor vínculo económico y comercial pavimentará el diálogo con los británicos”. Este principio, que prioriza los intereses comerciales sobre el reclamo histórico, encontró un ancla firme en la propia Cancillería, a través de la Secretaría Malvinas, a cargo de Paola Di Chiaro, otra funcionaria de perfil probritánico que coordina con el Foreign Office el programa «Future Leaders», cuyos seminarios culminan nada menos que en la residencia del embajador del Reino Unido en Buenos Aires.
El desconcierto se ha vuelto mayúsculo al constatar que, mientras el discurso oficial intenta virar hacia un tono más patriótico, los hechos concretos desmienten cualquier modificación sustancial. Un ejemplo elocuente fue la reciente condecoración del canciller Pablo Quirno al embajador saliente de Israel, Eyal Sela, a quien se le impuso la Orden de Mayo al Mérito en el grado de Gran Cruz, un galardón reservado para ciudadanos extranjeros cuyos servicios merecen la gratitud de la Nación. Este gesto, lejos de ser un acto protocolario menor, fue interpretado por los diplomáticos de carrera como una afrenta a la causa malvinense, sobre todo si se considera que una empresa israelí lidera actualmente la extracción de petróleo en las aguas del archipiélago, una actividad que la legislación argentina considera ilegal.
Los funcionarios con mayor experiencia en la materia sostienen que cualquier país que pretenda mostrar firmeza en su reclamo soberano habría citado al embajador israelí para formularle una advertencia clara y contundente. Sin embargo, la administración de Milei optó por el camino opuesto: no solo evitó cualquier reproche, sino que distinguió al representante diplomático en un momento en que las empresas de su nacionalidad operan en territorio disputado. Este hecho no es aislado, sino que se enmarca en una política que, según los críticos, busca sostener a cualquier costo los lazos comerciales y estratégicos con Jerusalén y Washington, incluso si ello implica socavar los apoyos tradicionales que Argentina cosechaba en foros multilaterales.
Los consultores más lúcidos coinciden en que esta aparente simulación en materia de Malvinas persigue un objetivo electoral: desviar la atención de la opinión pública de la crítica situación económica y poner en el centro de la escena una causa que, sin duda, despierta un profundo sentimiento patriótico en la ciudadanía. No es casual que el anuncio del giro coincida con un momento de fuertes penurias sociales, inflación desbordada y desempleo creciente. La maniobra, sin embargo, no logra ocultar los efectos reales de la política económica ni tampoco convence a quienes conocen los entretelones de la diplomacia argentina.
El propio canciller Quirno había sembrado la polémica meses atrás al declarar públicamente que «la soberanía es un concepto anticuado», justificando que si un inversor extranjero deseaba comprar una provincia entera, podría hacerlo. Esas palabras, lejos de ser una excepción, se convirtieron en la regla no escrita de la política exterior argentina. Los embajadores de carrera venían advirtiendo, con creciente preocupación, que los votos en Naciones Unidas alineados con Estados Unidos e Israel comenzaban a resquebrajar el histórico respaldo africano a la causa Malvinas. La decisión de acompañar a Washington y Jerusalén –siendo uno de los únicos tres países en oponerse a considerar la esclavitud como crimen de lesa humanidad– alejó a naciones del continente africano que tradicionalmente apoyaban el reclamo argentino. Del mismo modo, la postura de respaldo incondicional a la administración Trump en el conflicto contra Irán, sin abogar por la paz, no solo quebró los apoyos islámicos sino también los europeos, erosionando un frente que durante décadas había sido cuidadosamente construido.
Las advertencias de los funcionarios de carrera, sin embargo, cayeron siempre en saco roto. Quirno se rodea exclusivamente de quienes le dicen que sí a todo, mientras que los disidentes, aquellos que alertaban sobre los errores que socavaban el reclamo soberano, fueron marginados y, en algunos casos, temen que se les armen expedientes para sancionarlos. Uno de los episodios más graves fue la declaración del presidente Milei y de la entonces canciller Diana Mondino, quienes por primera vez en la historia democrática argentina hablaron de la autodeterminación de los kelpers, coincidiendo con la postura británica de siempre. Milei llegó a afirmar que el camino era que los isleños eligieran ser argentinos por las ventajas que podrían obtener gracias a la política libertaria. Esa posición, que los diplomáticos de carrera califican como «desmalvinización», se convirtió en una norma intocable, y cualquier crítica leve era automáticamente puesta bajo sospecha.
Dentro de la Cancillería, en los últimos años, solo se hablaba de la Doctrina Plaza. La embajadora Mariana Plaza, en realidad, nunca expresó una política distinta a la ordenada por la Casa Rosada y, sobre todo, por Washington. La guía fue el pacto Mondino-Lammy, firmado entre la ministra argentina y el canciller británico Davi Lammy, que permitió por primera vez vuelos a Malvinas desde San Pablo sin escalas en territorio argentino, desmanteló controles de pesca y dio vía libre a la explotación petrolera cuando el proyecto Sea Lion ya estaba en marcha. Sobre esa base, Plaza congeló cualquier reclamo y la orden fue alinearse con Washington, Londres y los negocios.
La Secretaría Malvinas, a cargo de Di Chiaro, no hizo más que profundizar esa línea. Su función principal fue coordinar acciones con el Foreign Office para concretar el programa «Future Leaders Programme Argentina», en el que participan organizaciones afines al oficialismo y al macrismo, como la Fundación Global, y el programa Chevening de la Embajada Británica. El temario de estos seminarios aborda aspectos de defensa, seguridad marítima e hidrocarburos, lejos de cualquier denuncia soberana. El hecho de que las jornadas culminen en la residencia del embajador británico es, para los críticos, un diagnóstico suficiente del contenido real de lo que suscribe la Secretaría de Malvinas.
La contradicción más evidente, quizás, sea la condecoración al embajador israelí. Los diplomáticos de carrera insisten en que el camino correcto habría sido citarlo para exigir explicaciones sobre la actividad de la empresa israelí en Malvinas, sin importar que se trate de una firma privada, ya que el Estado argentino tiene potestades de control y herramientas para marcarle la cancha a las corporaciones. Además, mencionan que existen otros mecanismos de presión, como poner en pausa contratos estratégicos. Actualmente, está en marcha el proceso de reemplazo de los viejos fusiles FAL por los IWI Arad, fabricados por la empresa Israel Weapon Industries, además de otros acuerdos menos conocidos para la compra de material de seguridad e inteligencia.
La conclusión que se impone en los pasillos de la Cancillería es que el supuesto giro no es más que una simulación. En esencia, la Doctrina Plaza no se abandona; solo se adecúa al discurso de Donald Trump y, sobre todo, se intenta una maniobra electoral para que la opinión pública ponga su mirada en una causa patriótica que lleva en el corazón, especialmente después del fervor despertado por la bandera que exhibieron los jugadores de la selección nacional. Pero los hechos, tozudos, desmienten cualquier cambio real. La Argentina sigue navegando en aguas turbias, donde la soberanía parece un concepto incómodo y los negocios, la brújula que guía cada decisión. Mientras tanto, el reclamo por las islas se diluye en un mar de contradicciones y silencios cómplices.
