El proyecto que el Presidente presentó como una respuesta a la cuestión Malvinas y alineada con la administración Trump, en realidad es una iniciativa gestada en el gabinete libertario desde hace más de un año. Especialistas y legisladores advierten que la estructura copia el modelo estadounidense de posguerra y podría otorgar facultades excepcionales para reprimir la protesta social y declarar recursos estratégicos bajo la órbita de la seguridad nacional.
La cadena nacional del jueves por la noche no fue un arrebato improvisado ni una respuesta elaborada ante un giro geopolítico. Fue, en rigor, la puesta en escena de un proyecto largamente acariciado por la administración de La Libertad Avanza, que encontró en el reclamo de soberanía sobre las Malvinas el excipiente perfecto para reactivar un viejo anhelo: la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, concebido a imagen y semejanza del que Estados Unidos erigió en la posguerra. Sin embargo, lo que en el discurso oficial se presentó como una defensa de la integridad territorial, en los hechos despierta profundas inquietudes entre expertos y opositores, que ven en esa estructura una herramienta potencialmente orientada a la represión interna y al control de los disensos.
El propio mandatario dejó entrever que el repentino interés por la cuestión Malvinas no fue casual. Según sus propias palabras, la decisión del Reino Unido de no respaldar a Donald Trump en su embate contra Irán provocó el enojo del mandatario estadounidense, quien habría revisado su postura respecto del archipiélago. Fue en ese preciso contexto que Milei decidió avanzar con una batería de anuncios que trascienden ampliamente la agenda diplomática. Entre ellos, el envío al Congreso de un proyecto de ley de defensa de la soberanía, cuyo eje central es la conformación de un organismo que, de aprobarse, definiría la política de seguridad nacional con carácter vinculante y transversal para todo el aparato estatal.
Los contornos de la iniciativa todavía no se conocen en detalle, pero los lineamientos esbozados por el Presidente delinean una entidad de amplio espectro, integrada por las carteras de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, con competencias para resguardar la infraestructura crítica, la soberanía aeroespacial y marítima, y para desplegar herramientas económicas y diplomáticas contra actores estatales y no estatales que sean considerados una amenaza. Lo que no mencionó el jefe de Estado es que este diseño no es fruto de una reflexión coyuntural, sino que se viene cocinando en las entrañas del gobierno desde al menos marzo del año pasado, cuando el portal TN reveló que la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, era la autora del borrador original.
Esa génesis temprana explica por qué el proyecto sobrevive a los vaivenes internos del gabinete. En aquel entonces, la puja por el control de la seguridad y la inteligencia entre Patricia Bullrich y Santiago Caputo encontró en esta iniciativa un campo de batalla simbólico, y fue precisamente la ministra de Seguridad quien dio el primer golpe al lograr que su cartera pasara a denominarse «Ministerio de Seguridad Nacional», mediante el decreto 58 de febrero de 2025. El tema quedó luego en suspenso, hasta que la reciente efervescencia patriótica desatada por el flameo de una bandera con la leyenda «Las Malvinas son argentinas» por parte de la selección nacional de fútbol, tras vencer a Inglaterra en el Mundial, colocó nuevamente el asunto en el centro de la escena pública.
El espejo en el que se mira el Gobierno es, sin ambages, el modelo de Estados Unidos. La National Security Act de 1947 no solo dio origen a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), sino que también unificó las fuerzas armadas bajo tres departamentos ejecutivos y creó el Consejo Nacional de Seguridad (NSC), cuya misión primordial es asesorar al Presidente en la integración de las políticas domésticas, exteriores y militares. Ese esquema, sin embargo, resulta de difícil traslación a la realidad argentina, no solo por las diferencias institucionales, sino también por las tensiones internas que ya asoman en la coalición gobernante. Fuentes cercanas al funcionamiento del Ejecutivo descartan de plano que la vicepresidenta Victoria Villarruel pueda tener un lugar en un cuerpo que debe aconsejar a quien fuera su compañero de fórmula, y se preguntan quién podría ocupar el puesto de consejero coordinador, una pieza clave en el engranaje estadounidense.
Las críticas no se hicieron esperar. La exministra de Seguridad Sabina Frederic, antropóloga de formación, sostuvo que esta iniciativa se superpone con dos estructuras ya existentes y que forman parte del consenso democrático alcanzado tras la última dictadura: el Consejo de Defensa Nacional, creado por la Ley 23.554 para asesorar al Presidente en hipótesis de conflicto, y el Consejo de Seguridad Interior, establecido por la Ley 24.059 para asistir al titular de la cartera de Seguridad. Ambos andamiajes legales, pensados para poner límites a las fuerzas militares, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad, han sido sistemáticamente erosionados por la administración libertaria, que parece empeñada en horadarlos como un topo que se jacta de serlo.
En la misma línea, el diputado nacional Agustín Rossi cuestionó que, si el objetivo fuera realmente abordar la cuestión Malvinas, el proyecto debería incluir un área de ciencia y tecnología, precisamente uno de los sectores que el Gobierno ha desfinanciado de manera recurrente. Para Rossi, la preocupación de fondo radica en la inteligencia interior y en el uso que pueda hacerse de las nuevas facultades. Más contundente aún fue la diputada Myriam Bregman, quien vinculó el incremento de más de 30 mil millones de pesos en la partida presupuestaria de la SIDE –otorgado por decreto de necesidad y urgencia en pleno Mundial, y que se suma a otros 49 mil millones recibidos previamente– con la futura creación del Consejo. La centralidad que ocupará la agencia de inteligencia en el nuevo organismo no es casual: la SIDE ya ha conformado con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) el Centro Nacional Antiterrorista y ha enviado a su número dos, José Lago Rodríguez, a la cumbre antiizquierda organizada por Marco Rubio bajo el pretexto de un supuesto resurgimiento del terrorismo político. A esa coalición de inteligencia se suma la militar, con la participación argentina en el Escudo de las Américas, una iniciativa que bajo el rótulo de lucha contra el narcoterrorismo comienza a militarizar lo que algunos analistas definen como «la batalla cultural».
El anuncio de mayor impacto doméstico, sin embargo, podría ser la declaración como recursos estratégicos nacionales del petróleo y los recursos naturales, una habilitación que abre un interrogante inquietante sobre el tratamiento de la conflictividad social en torno a esos bienes. Claudio Pandolfi, docente de la carrera de Seguridad Ciudadana en la Universidad Nacional de Lanús, advirtió que el peligro radica en que toda actividad que cuestione lo que el gobierno considere relevante para la seguridad nacional pueda ser calificada como terrorista. En sus palabras, el incremento de fondos a la SIDE no está orientado a identificar empresas que operan en Malvinas, sino a desarrollar un dispositivo de seguridad interior con la excusa de la soberanía, lo que transforma cualquier disidencia en una amenaza potencial. Así, lo que se presenta como un gesto patriótico y alineado con la potencia del norte, oculta un dispositivo de control que, según los críticos, podría terminar siendo utilizado contra las propias demandas sociales que emergen en un país con crecientes desigualdades.
