El exsecretario de Malvinas, Daniel Filmus, cuestionó el repentino giro discursivo del presidente Javier Milei tras su anuncio de sancionar a empresas extranjeras que exploten recursos en las islas. Señaló que la palabra «soberanía» estuvo ausente en su retórica hasta ahora, y vinculó la medida con un cálculo político más que con una estrategia diplomática, al tiempo que recordó que el propio Gobierno firmó acuerdos con el Reino Unido y frenó causas judiciales clave contra firmas extractivas.
El tablero de la cuestión Malvinas volvió a sacudirse con un movimiento inesperado del presidente Javier Milei, quien, mediante una cadena nacional, anticipó la imposición de penalidades a aquellas compañías foráneas que lleven adelante la explotación de recursos en el archipiélago. La declaración, que tomó por sorpresa a buena parte del arco político y diplomático, no tardó en provocar reacciones encontradas, pero ninguna tan mordaz como la del exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, quien trazó un diagnóstico implacable sobre lo que considera una conversión tardía y oportunista del mandatario.
En diálogo con este medio, Filmus disparó con ironía: “Creo que Milei se acordó de que existe la soberanía. Si uno repasa todos sus discursos, esa palabra jamás apareció”. El exfuncionario kirchnerista, que ocupó el cargo durante gestiones anteriores, deslizó que el anuncio presidencial responde menos a una convicción nacional o a un diseño de política exterior que a un intento por capitalizar el fervor popular desatado en el último tiempo, especialmente a partir del gesto simbólico de los futbolistas de la selección argentina, quienes exhibieron un estandarte alusivo a las islas tras el triunfo ante Inglaterra en la semifinal de un torneo internacional. “No tiene tanto que ver con lo que expresó Trump —quien días atrás mencionó que la Casa Blanca revisa su postura sobre el apoyo británico en el Atlántico Sur—, sino con lo que los jugadores hicieron en el campo y el sentimiento que eso despertó en la gente”, enfatizó Filmus, restándole peso a eventuales influencias externas.
El análisis del sociólogo se extiende hacia el terreno judicial, donde denunció una contradicción flagrante. Según su relato, mientras el Gobierno actual blande un discurso de firmeza contra las empresas que operan en Malvinas, en los estrados judiciales la realidad es muy otra. Filmus recordó que existen procesos iniciados hace más de una década contra aquellas firmas que, con el beneplácito británico, realizan prospecciones hidrocarburíferas en aguas que Argentina reclama como propias. “El primer juicio comenzó en 2015 y me tocó impulsarlo. Macri lo frenó. Cuando volvimos en 2021, lo reactivamos e incorporamos a una compañía israelí; ahora, Milei lo paralizó”, afirmó con contundencia. De este modo, el exsecretario subrayó una paradoja que atraviesa el relato oficial: el mismo presidente que ahora promete sanciones es quien, según Filmus, archivó las acciones legales que podrían haber dado sustento concreto a esa postura.
En ese sentido, el exfuncionario planteó que la credibilidad de la Argentina en el concierto internacional depende de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. “Si el país asume la determinación de avanzar con esos juicios y modifica su conducta en los organismos multilaterales —donde hasta ahora ha votado a favor de naciones que respaldan a la Corona británica en la cuestión Malvinas—, entonces tendrá las herramientas para acorralar al Reino Unido y forzarlo a sentarse en una mesa de diálogo”, sostuvo. Pero, agregó con un tono de admonición, el jefe de Estado “debería exigirle a Israel que la empresa que aportó los fondos para que la exploración prosiga detenga sus operaciones”, en alusión directa a una de las firmas señaladas en la causa judicial que él mismo ayudó a iniciar.
La polémica se profundiza cuando Filmus trae a la memoria un episodio que pone en jaque la coherencia del espacio gobernante. Según reveló, el propio canciller Mondino rubricó un entendimiento con el Reino Unido —en línea con el llamado acuerdo Foradori-Duncan, suscripto en su momento en la bodega de la embajada británica— que habilita la cooperación conjunta en el Atlántico Sur, un texto que, en su lectura, implica un tácito reconocimiento de intereses ajenos sobre suelo argentino. “Eso lo firmó Mondino hace unos años. Lo primero que debería hacer Milei es derogar ese mismo pacto que él convalidó”, sentenció Filmus, dejando flotando la pregunta sobre si el anuncio de sanciones no será más que una cortina de humo para ocultar la continuidad de una política de bajo perfil frente a Londres.
Más allá de las especulaciones, el exsecretario fue claro al señalar que el futuro de la estrategia argentina en Malvinas descansa, en buena medida, en la voluntad del Presidente para cumplir sus propias promesas. “Así como él desconocía que existían leyes que convirtieron una falta administrativa en un delito penal, olvidó que esos procesos ya estaban en marcha y que él los detuvo”, remarcó. La advertencia de Filmus no solo apunta a la memoria selectiva del oficialismo, sino también a la posibilidad real de que el reclamo soberano, más allá del ruido mediático, siga atado a contradicciones internas que debilitan su potencia negociadora.
Mientras tanto, en la Casa Rosada se evita profundizar sobre estas críticas, y el equipo presidencial prefiere resaltar el carácter “histórico” del anuncio, aunque sin ofrecer detalles sobre el alcance de las sanciones ni el marco legal que las sustentaría. Lo cierto es que el cruce entre Filmus y Milei expone, una vez más, las fisuras de una política de Estado que, más allá de los gobiernos de turno, sigue sin encontrar un rumbo firme y consensuado para encarar uno de los litigios más antiguos y sensibles de la diplomacia argentina. La soberanía, que según el crítico brilló por su ausencia en el discurso del libertario, irrumpió ahora con fuerza en la escena pública, aunque muchos se preguntan si será un destello pasajero o el inicio de un verdadero cambio de paradigma. Por ahora, las palabras pesan tanto como los silencios, y los expedientes judiciales, detenidos, aguardan una definición que trascienda la retórica.
