La administración nacional presentará una demanda penal contra un consorcio de empresas vinculadas al grupo Navitas, al tiempo que instruye al Ministerio de Economía priorizar fondos para la Base Naval Integrada en el Presupuesto 2027, en una ofensiva integral que busca resguardar los recursos naturales y la soberanía sobre las islas y espacios marítimos adyacentes.
En un movimiento de firmeza diplomática y jurídica, el Gobierno argentino resolvió impulsar una acción penal contra las compañías petroleras que integran el conglomerado Navitas, tras haber obtenido concesiones del Reino Unido para llevar adelante tareas de prospección y eventual extracción de hidrocarburos en aguas que rodean al archipiélago de las Malvinas. La denuncia, que ya fue formalizada ante la justicia, alcanza no solo a las firmas en su carácter de personas jurídicas, sino también a todo su entramado directivo: accionistas, miembros del consejo de administración, gerentes, síndicos, integrantes de comités de vigilancia, apoderados, representantes legales y cualquier otra persona que haya participado en la comisión de lo que el Estado considera un ilícito contra la soberanía nacional.
Desde la Oficina del Presidente se difundió un comunicado en el que se subraya que esta presentación judicial constituye una medida concreta y efectiva para custodiar los recursos naturales del país y hacer valer los derechos históricos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios oceánicos e insulares que les son propios, por ser partes indisolubles de su territorio. El texto oficial enfatiza que no se tolerará ninguna acción que contravenga las leyes argentinas y que se continuará con la investigación de otras posibles infracciones, con el objetivo de que ningún acto lesivo a los intereses soberanos quede sin la correspondiente respuesta del sistema jurídico.
Las empresas alcanzadas por la denuncia son Navitas Petroleum Development & Production Ltd, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum-LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., todas ellas involucradas en la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental que rodea a las islas en litigio. El Gobierno argentino sostiene que estas operaciones se realizan al amparo de permisos otorgados por autoridades británicas, las cuales carecen de legitimidad según el derecho internacional y los reiterados reclamos de soberanía que la Argentina ha mantenido ante distintos foros multilaterales.
Paralelamente, el Poder Ejecutivo dispuso un giro estratégico en materia de defensa y logística marítima. A través de la misma resolución, se impartió una instrucción precisa al ministro de Economía, Luis Caputo, para que, durante la elaboración del proyecto de Presupuesto correspondiente al ejercicio 2027, otorgue carácter prioritario al financiamiento destinado a la culminación y equipamiento de la Base Naval Integrada, así como a otros desarrollos orientados a garantizar la seguridad fronteriza y la protección efectiva de los intereses soberanos en el Atlántico Sur. Este componente de la iniciativa busca, según los voceros oficiales, fortalecer las capacidades operativas del Estado en una región clave para la geopolítica energética y la proyección naval del país.
El comunicado presidencial enmarca ambas decisiones –la ofensiva judicial y el refuerzo presupuestario– dentro de una política integral de Estado, cuyo fin último es dotar a la Argentina de herramientas disuasivas y de control para salvaguardar su territorio, prevenir el saqueo de sus riquezas submarinas y resguardar sus intereses estratégicos a largo plazo. De este modo, el Ejecutivo no solo reacciona ante las concesiones otorgadas por Londres, sino que también adelanta una hoja de ruta que combina acciones legales con inversiones en infraestructura crítica.
Cabe recordar que este anuncio se produce apenas dos días después de que el Gobierno diera a conocer otro listado de sanciones administrativas, en el cual se incluyó a más de cuarenta y cinco sujetos, tanto personas físicas como entidades corporativas, por infringir las prohibiciones estipuladas en el artículo 2 de la Ley 26.659, norma que regula estrictamente la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. Aquella medida, sumada a la denuncia penal actual, evidencia una escalada en la estrategia gubernamental para desalentar cualquier actividad extractiva no autorizada por las leyes nacionales y para poner en evidencia, ante la comunidad internacional, la persistente ocupación ilegal del territorio insular por parte del Reino Unido.
En síntesis, la administración argentina opta por un camino de doble vía: la judicialización de las empresas infractoras y el robustecimiento de la presencia física estatal en la zona, con la convicción de que solo a través de una combinación de presión legal y capacidad de disuasión material se podrá avanzar en la defensa de una causa que trasciende administraciones y que constituye uno de los pilares de la identidad nacional. Queda ahora en manos de los tribunales evaluar los argumentos de la demanda, mientras el Congreso se prepara para debatir las partidas que permitirán dar forma a la nueva infraestructura naval, en un año que se perfila como decisivo para la política exterior y de defensa de la Argentina.
