A más de diez días del anuncio presidencial en cadena nacional, el proyecto para endurecer sanciones a empresas extranjeras que operen en el archipiélago sigue sin ingresar al Congreso, mientras la Cancillería rechaza el comunicado británico y la Armada justifica la presencia de infantes de marina estadounidenses en Tierra del Fuego sin autorización legislativa.
El presidente Javier Milei comunicó hace más de diez jornadas, mediante una alocución transmitida en cadena nacional, su intención de remitir al Congreso Nacional una iniciativa destinada a salvaguardar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y a intensificar las penalidades contra aquellas compañías foráneas que desarrollen operaciones en el archipiélago. No obstante, el cuerpo normativo que modificaría la ley 26.659 aún no ha visto la luz. Quienes participaron de la mesa política aseguran haber discutido los detalles más minuciosos de ese borrador, además de haber examinado la estrategia de la reforma política, que no estaría arrojando los resultados esperados, y, por supuesto, el Presupuesto 2027 que arribó durante la tarde a la Cámara de Diputados.
Mientras el Ejecutivo continúa postergando la presentación del texto legal, el Reino Unido dio a conocer que respalda “toda actividad económica” en las islas y rechaza cualquier tipo de reivindicación soberana por parte de la Argentina. A esto se suma que en Tierra del Fuego se encuentran infantes de marina estadounidenses realizando tareas y ejercicios militares. Sobre el cierre de la jornada, la Cancillería emitió una respuesta en la que repudia el comunicado británico y advierte que aplicará la legislación argentina “con todo rigor”.
Con el correr de los días, Malvinas se consolida como lo que muchos sospechan: un asunto que el Gobierno considera útil para desviar la atención de la sociedad respecto de los problemas económicos. Dentro del círculo más cercano al mandatario existen discrepancias acerca de cómo proceder frente a la crisis económica y a las consecuencias del ajuste sobre la población, de cara al año electoral que se aproxima. Sin embargo, los magros indicadores de la economía no se detienen y la disputa diplomática con el Reino Unido se intensifica.
Como si nada ocurriera, el vocero Adrián Ravier se limita a repetir que “se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías”, y que “el gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentina sobre las islas”.
En relación con la base naval en Tierra del Fuego, el portavoz leyó puntualmente que se le “van a incorporar diversas funciones logísticas relevantes que permitirán vigilar y controlar mejor nuestros recursos naturales y nuestra soberanía”. Sin embargo, no hizo mención alguna a los infantes de marina estadounidenses que se divisan a diario en territorio fueguino. Desde la Armada admiten que “desde el 8 de septiembre se está llevando a cabo el intercambio de expertos en zonas de clima frío, entre personal del Batallón de Infantería de Marina Nº 4 y ocho integrantes de la Infantería de Marina de los Estados Unidos”.
Es decir, reconocieron que esos ejercicios se desarrollan sin cumplir con la Ley 25.880, que obliga al Poder Ejecutivo a solicitar autorización del Congreso para el ingreso de tropas extranjeras al país. Asimismo, por mandato legal, el Gobierno debería informar al Congreso qué tipo de actividades llevan a cabo esas fuerzas foráneas, cuántos efectivos son y qué objetivos persiguen las maniobras.
Según intentaron explicar desde la Armada argentina, esos encuentros se realizarían en Ushuaia desde 2017. “Se hacen sobre la base de un marco de cooperación entre las Armadas de la República Argentina y los Estados Unidos, acordado previamente en reuniones bilaterales”, señalaron en un comunicado y agregaron que los marines permanecerán en el país hasta el 22 de septiembre “para compartir experiencias y técnicas en forma teórica y práctica”. Además, precisaron que la actividad que realizan en Tierra del Fuego “consiste en el despliegue de una comitiva reducida, de instructores y especialistas que concurren a esta zona naval para dictar y recibir talleres teóricos, como así también para intercambiar técnicas”.
No obstante, especialistas en el área de Defensa especifican que un convenio técnico de 2017 no puede suplir ni posee rango suficiente para soslayar el aval que, por ley, debería otorgar el Congreso para que esas tropas ingresen al país. Al mismo tiempo, no explican si esos infantes de marina son rotativos, si se entrenan ellos o si adiestran al personal local, y tampoco ponen a disposición el instrumento jurídico del que hablan, con el que pretenderían justificar el ingreso de las tropas.
Por otro lado, también vinculado a Malvinas, desde el Reino Unido difundieron una guía oficial para proteger a las empresas de las sanciones del gobierno argentino y aseguraron que respaldan “toda actividad económica legítima en las islas”. Londres publicó un documento en el que descarta que la Argentina tenga derecho a ejercer jurisdicción sobre las compañías que operan en ese territorio. Es decir, el conflicto continúa en escalada.
