La administración de Javier Milei avanza en una reforma estructural del organismo de inteligencia mediante normas de urgencia, mientras inyecta sumas millonarias y proyecta un nuevo estatuto para el personal a partir de 2027
En una nueva demostración de su voluntad de reconfigurar el aparato estatal sin pasar por el Parlamento, el Poder Ejecutivo continúa apelando a decretos de necesidad y urgencia para dotar de una fisonomía propia a la Secretaría de Inteligencia de Estado. La estrategia no solo implica un rediseño orgánico, sino también un flujo constante de recursos económicos que, en menos de dos meses, superó los setenta y nueve mil millones de pesos en partidas adicionales. En ese marco, la creación de un Estatuto para el Personal de la SIDE se presenta como la pieza central de un intento por profesionalizar el cuerpo, aunque con reglas que contrastan con el discurso oficial sobre la austeridad y la calidad institucional aplicada a otros sectores de la administración pública.
La iniciativa, anticipada por el propio Javier Milei durante una cadena nacional dedicada a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, fue instrumentada a través del mismo decreto que abordó esa cuestión. Días antes, en julio, el presidente había dictado el DNU 594/2026, que amplió el presupuesto del organismo en más de cuarenta y nueve mil millones de pesos, de los cuales casi siete mil quinientos millones correspondieron a gastos reservados. Ahora, con una nueva inyección de treinta mil quinientos millones, las dos últimas modificaciones suman alrededor de setenta y nueve mil setecientos millones de pesos suplementarios para la secretaría en un lapso brevísimo, lo que evidencia una prioridad presupuestaria singular.
El secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra, sostuvo que la meta es conformar un Cuerpo de Inteligencia de la Nación con los mejores perfiles del país, una reforma estructural destinada a sentar las bases de un organismo profesional, moderno y al servicio permanente de los intereses de los argentinos. Según sus palabras, la reconstrucción del sistema no se limita a actualizar estructuras, sino que busca recuperar una capacidad esencial del Estado, comenzando por la selección de hombres y mujeres idóneos, íntegros y altamente capacitados.
El nuevo estatuto empezará a regir el 1 de enero de 2027. No obstante, su implementación no exigirá que el personal actual vuelva a ingresar ni que las carreras profesionales se inicien desde cero, ya que la SIDE aprobará un régimen de transición que reconocerá los años de servicio, la formación y los antecedentes de los agentes. La norma contempla estabilidad para el personal de planta permanente, remuneración, capacitación, licencias, asistencia social, jubilación, ascensos, igualdad de oportunidades y mecanismos de reclamo, un conjunto de garantías que, según observan críticos, no se aplica con el mismo criterio a los trabajadores de otros organismos estatales.
Desde el oficialismo justifican la medida argumentando que durante décadas los servicios de inteligencia padecieron las consecuencias de la improvisación, la degradación institucional y la ausencia de una política a largo plazo. Auguadra remarcó que la tarea apunta a recuperar una capacidad esencial del Estado y concluyó que la República Argentina vuelve a construir una inteligencia de Estado a la altura de su historia, de sus desafíos y de su futuro. Con todo, la combinación de decretos, fondos reservados y un estatuto que llega por fuera del debate legislativo refuerza la sospecha de que el Gobierno moldea el organismo a su imagen y semejanza, sin los controles que dice defender para el resto del sector público.
