Un testigo de la causa Cuadernos reveló que Austral Construcciones, la firma del supuesto beneficiario Lázaro Báez, apenas recibió el 0,85 por ciento de los fondos del fideicomiso vial, mientras que una empresa vinculada al primo de Mauricio Macri obtuvo 360 millones de dólares. La defensa de la expresidenta presentará esta prueba ante la ONU y pedirá la revisión del fallo.
La estructura argumental que sostuvo la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad comenzó a resquebrajarse de manera terminal a partir de una evidencia surgida en un expediente distinto, la causa Cuadernos. Un exempleado del área de presupuesto de Vialidad Nacional, Darío Andrés Levy, exhibió durante su declaración una planilla de cálculo en la que se detallan los pagos efectuados a las constructoras de todo el país con cargo al decreto 54/2009, la norma que los jueces señalaron como el instrumento mediante el cual la expresidenta habría favorecido a Lázaro Báez y a su empresa Austral Construcciones. El dato que emergió de ese documento resulta demoledador para la acusación: las firmas de Báez percibieron apenas el 0,85 por ciento de los fondos habilitados por esa norma, una cifra que no alcanza siquiera el uno por ciento del total y que lo excluye de las veinte compañías que más cobraron. En contraste, el 99,15 por ciento restante fue a parar a otras manos, y entre ellas se destaca Iecsa, propiedad de Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, que se convirtió en la empresa más beneficiada con 360 millones de dólares.
La magnitud de la revelación no reside únicamente en la proporción ínfima que recibió el supuesto favorecido, sino en la contradicción flagrante que introduce en la lógica del fallo. Si el decreto cuestionado tenía por objeto beneficiar a Báez, como sostuvo la acusación, los números exhibidos por Levy demuestran exactamente lo contrario. A lo largo de los seis años investigados en la causa Vialidad, entre 2009 y 2015, Austral Construcciones percibió 18 millones de dólares, una fracción menor dentro de los 2.200 millones que se pagaron en total. La empresa que más dinero recibió fue, en cambio, una constructora alineada con el espacio opositor, lo que desvirtúa por completo el móvil atribuido a la expresidenta.
Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, presentaron esta prueba en conferencia de prensa y anunciaron que la incorporarán como adenda a la denuncia que ya obra ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El objetivo inmediato es obtener una medida cautelar que suspenda los efectos de la inhabilitación especial perpetua impuesta a la exmandataria y le permita ser candidata. El equipo jurídico entregó la planilla a un grupo de economistas brasileños encabezados por Antonio Correa de Lacerda para su análisis, y las conclusiones no pudieron ser más elocuentes. Durante los tres años que duró el juicio oral, la defensa reclamó infructuosamente una pericia integral de todas las obras viales del país que permitiera comparar la situación de Santa Cruz con el resto de las provincias. La fiscalía, el tribunal oral, la Cámara de Casación y hasta la Corte Suprema rechazaron ese estudio elemental. Ahora, la planilla de Levy viene a suplir esa ausencia y demuestra que no hubo favorecimiento alguno.
El escrito de la condena contenía además otra pieza acusatoria que ahora queda desmentida. La fiscalía de Diego Luciani sostuvo que, pocos días antes de dejar el gobierno en diciembre de 2015, Cristina se habría reunido con Báez y se le habrían pagado 500 millones de dólares para saldar todas las deudas que el Estado mantenía con Austral Construcciones. Ambas afirmaciones resultaron falsas, y la planilla exhibida por Levy confirma que a Báez no se le pagó nada en 2013, 2014 ni 2015, lo que desbarata por completo la hipótesis del supuesto plan para borrar deudas al final del mandato.
Rafael Valim fue categórico al calificar el fallo como una construcción judicial insostenible. El jurista brasileño advirtió que el asunto excede lo estrictamente jurídico y compromete la salud de la democracia argentina, pues en un sistema democrático pleno una condena de estas características no podría sostenerse. Javier Borrego, por su parte, trazó una analogía entre las irracionalidades del fallo y las del Quijote, y reparó en un dato estremecedor: de las 1.686 páginas que componen la sentencia, apenas once renglones se destinan a fundamentar la inhabilitación especial perpetua, una pena que cercena derechos políticos de una referente nacional sin sustento argumental proporcionado.
El derrotero judicial que se abre tiene dos vías paralelas. La primera es la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se reunirá a partir del lunes 26 de octubre en Ginebra. Borrego explicó que, tras el retiro del financiamiento estadounidense, el organismo redujo sus sesiones anuales de cuatro a dos, lo que torna incierto el momento en que podrá pronunciarse sobre el caso. La segunda vía es un recurso de revisión ante la Cámara de Casación nacional, previsto en el Código Procesal para cuando emerge una prueba desconocida al momento de la condena, como ocurre con el testimonio de Levy y las proporciones de los pagos. Ese recurso deberá ser tratado por magistrados que no hayan intervenido en el expediente hasta el presente, y los camaristas tienen la facultad de dictar una cautelar que suspenda los efectos de la condena mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
Beraldi cerró la conferencia con una semblanza de la expresidenta que conjuga templanza y convicción. La describió como una militante política de fortaleza indescriptible, que no se desespera porque comprende que se trata de una batalla prolongada, y que se prepara todos los días con ejercicio físico y estudio de la realidad. El abogado expresó la expectativa favorable de que la verdad se imponga y sentenció que no la vencerán. La aparición de esta planilla, surgida de un testigo que en principio declaraba para la fiscalía, introduce un elemento de peso que podría modificar el destino judicial de Cristina Fernández de Kirchner y, con él, el tablero político de la Argentina.
