La propuesta oficial profundiza el recorte en áreas sensibles del Estado, desfinancia organismos clave como el INTI, el INTA y el SENASA, y omite deliberadamente el impacto del régimen de incentivos a las grandes inversiones, que ya representa cerca de medio punto del PBI.
El Gobierno nacional presentó su proyecto de Presupuesto 2027 y, tal como se anticipaba, la iniciativa confirma la continuidad y la intensificación de la política de ajuste que el presidente Javier Milei viene aplicando desde su llegada a la Casa Rosada. Un análisis pormenorizado del documento oficial revela tres ejes centrales que merecen especial atención: la poda en sectores vulnerables de la administración pública, el vaciamiento financiero de instituciones estratégicas para la producción y el control sanitario, y la llamativa omisión del beneficio impositivo más oneroso de todos, el correspondiente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
La radiografía del recorte presupuestario resulta elocuente. Los mayores esfuerzos de contracción se concentran en salud, obra pública, educación y ciencia, mientras que los únicos incrementos significativos se dirigen a los fondos reservados para la ex Secretaría de Inteligencia del Estado. Si se compara con el presupuesto de 2023, las cifras exponen una poda drástica: el programa de Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas sufre una merma del 65 por ciento, el Hospital Laura Bonaparte pierde el 51 por ciento de sus recursos, la construcción de rutas nuevas y obras de pavimentación cae un 80 por ciento, y la edificación de rutas seguras se desploma un 98 por ciento. A esto se suma la desaparición total del programa Conectar Igualdad, un tijeretazo del 79 por ciento en las Becas Progresar, una reducción del 60 por ciento en el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica y una caída del 98,9 por ciento en la finalidad de Vivienda y Urbanismo. En contraste, los fondos para la ex SIDE se expanden un 45 por ciento.
El desfinanciamiento de organismos técnicos constituye otro capítulo central de la propuesta oficial. El Gobierno pretende recortar un 60 por ciento del presupuesto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. El mecanismo elegido es la derogación de un inciso de la ley 25.641 que creó una asignación específica para estas tres entidades, equivalente al 0,65 por ciento del valor CIF de las importaciones. Las cifras son contundentes: para el INTI, ese financiamiento representaba el 54 por ciento de sus recursos totales en el presupuesto 2026; para el INTA, el 57 por ciento; y para el SENASA, el 58 por ciento. El proyecto para 2027 confirma estos guarismos. El INTA recibiría apenas 546 mil millones de pesos, lo que ajustado por inflación implica una reducción del 50 por ciento. El SENASA obtendría 213 mil millones, un recorte del 40 por ciento en términos reales. El INTI, directamente, no recibiría nada, ya que además de la derogación del inciso se eliminó el financiamiento por las restantes vías.
Esta decisión corona una serie de políticas de ajuste aplicadas sobre estos organismos desde 2024. Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el Gobierno disolvió el Servicio de Calibración del INTI, tras recortar diversas prestaciones. En el INTA se redujo el personal, se cerraron estructuras territoriales, se recortaron líneas de trabajo y se vendieron activos estratégicos, con un impacto directo sobre su capacidad operativa y científica. En el SENASA, la dotación pasó de 6.000 trabajadores en 2023 a menos de 4.900, y el recorte en los principales programas derivó, por ejemplo, en que China suspendiera las importaciones de carne del frigorífico ArreBeef por la presencia de un antibiótico prohibido.
La pregunta que surge es por qué estos organismos y no otros. La respuesta, sostienen los críticos, es el negocio. El INTA, que brinda asistencia técnica agropecuaria, desarrolla semillas públicas y acompaña a pequeños y medianos productores, quedó desde 2024 en manos de referentes de AAPRESID, la entidad del agronegocio que compite con el propio instituto por servicios de investigación. La oportunidad que se abre detrás de su desguace es concreta: semilleros, bancos y pools de siembra ganan el terreno y el conocimiento que el Estado abandona. En el caso del INTI, que certifica la calidad de la producción industrial y controla los instrumentos de medición del país, desde los surtidores de combustible hasta las balanzas comerciales, la privatización de sus servicios abre una oportunidad rentable para unos pocos, con los riesgos que ello conlleva. La eliminación o privatización del SENASA, que certifica la sanidad de todo lo que la Argentina exporta, solo beneficia al sector agroexportador, que gana tiempo y reduce costos en el puerto, mientras el riesgo de pérdida de trazabilidad, brotes sanitarios y cierre de mercados lo asume el conjunto de la economía. La inquietud que sobrevuela es cuánto falta para que, tras haber desfinanciado estos organismos, se insista en que no funcionan y que, por lo tanto, es necesario cerrarlos.
En materia de recaudación, el Presupuesto 2027 prevé un incremento de la presión tributaria, que pasa del 21,06 al 21,70 por ciento del PBI. Entre las variaciones negativas se destacan la caída de Bienes Personales, por la reducción de la alícuota del 1 al 0,75 por ciento, y la merma en los recursos de la Seguridad Social producto del FAL. Como contracara, el impuesto que más crece es el de los combustibles líquidos, con un 59 por ciento, seguido por los tributos del comercio exterior, con derechos de exportación que suben un 41,3 por ciento, derechos de importación un 39,2 por ciento y tasa de estadística un 39,3 por ciento, además de un salto significativo en Ganancias, explicado en buena medida por el aumento nominal de las remuneraciones.
Sin embargo, el aspecto más delicado del documento es el que se refiere al gasto tributario, es decir, al conjunto de exenciones, deducciones y regímenes especiales que reducen lo que el Estado recauda. Cada beneficio impositivo otorgado a un sector o actividad tiene como contracara una pérdida de recursos públicos. A primera vista, el gasto tributario de 2027 no parece preocupante, ya que prácticamente no se mueve: pasa del 3,21 al 3,23 por ciento del PBI. Pero ese número esconde, una vez más, al elefante en el bazar: el costo fiscal del RIGI. Considerando la información que publica el propio Gobierno en el Boletín Oficial, a septiembre de 2026 el costo fiscal anual del régimen se ubica entre 2.888 y 3.175 millones de dólares.
El argumento oficial para no incluir dicho costo en el Presupuesto es que, como los proyectos adheridos se encuentran mayoritariamente en etapas iniciales de implementación, el gasto tributario asociado al régimen podrá ser estimado en etapas posteriores de avance. El cómputo, estimado por CEPA, se realizó en base a los 23 proyectos aprobados, cruzando las proyecciones de exportación y producción de cada resolución con dos escenarios de precios internacionales: uno conservador, con los valores que usan las propias empresas en sus presentaciones, y otro que toma los precios spot de los commodities en septiembre de 2026. La foto, además, crece rápido. En mayo de este año, cuando se hizo el primer relevamiento sobre los 12 proyectos aprobados hasta ese momento, el costo fiscal anual se estimaba en 1.813 millones de dólares. Cuatro meses y once proyectos más tarde, el costo fiscal saltó entre un 61 y un 77 por ciento.
Esa cifra equivale a cerca del 0,5 por ciento del PBI, prácticamente lo mismo que la totalidad del gasto tributario por regímenes de promoción económica que sí contempla el Presupuesto 2027, que asciende al 0,44 por ciento del PBI. Si el Gobierno incorporara el costo del RIGI, el gasto tributario en regímenes de promoción se duplicaría. Puesto en pesos, al tipo de cambio promedio que proyecta el propio Presupuesto para 2027, esa cifra ronda entre 5 y 5,6 billones de pesos anuales. Es decir, casi la totalidad de lo que el Presupuesto 2027 destina a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, que suman 6,094 billones, o casi el doble de los 2,97 billones que ANSES prevé para el Refuerzo de Ingreso Previsional, el bono que complementa las jubilaciones más bajas, durante todo el año. Y todavía falta un capítulo. Si el Gobierno avanza con el llamado SuperRIGI, la baja de Ganancias del 25 al 15 por ciento para los proyectos adheridos, hoy en discusión, el costo fiscal podría dispararse aún más. Festejan el RIGI, pero ocultan su costo. Un mecanismo reiterado del oficialismo.
