El ministro Presti dispuso controlar pagos salariales luego de detectar un desvío de más de un millón de dólares. Crece el enojo por los sueldos de miseria.
La inquietud se ha apoderado por completo de los ámbitos castrenses. La cartera que conduce la defensa nacional dispuso, sin anunciarlo a los cuatro vientos, que se revisen con lupa las erogaciones destinadas a las remuneraciones en las tres ramas de las fuerzas armadas, esto es, la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, tras haberse topado con una sustracción fraudulenta que supera el millón de dólares en los haberes correspondientes a la Armada. Las sospechas recaen sobre los profesionales de la contabilidad que gestionan dichos desembolsos. Los engaños, en lo que atañe a la fuerza naval, tuvieron lugar en el mismo inmueble, el edificio Libertad, donde residen las más altas jerarquías, y derivaron, con enorme demora, en la separación de nueve oficiales, amén de la imputación por parte de la justicia penal a veintitrés sujetos que resultaron beneficiarios del ardid. No obstante, de manera simultánea, la directiva emanada del ministerio respecto a la totalidad de las fuerzas es contemplada con recelo, puesto que el titular de la cartera, Carlos Presti, general en actividad, es percibido como el rostro visible del recorte dispuesto por Javier Milei, lo que incluye las retribuciones más exiguas de toda la historia de los uniformados. Durante la semana recién transcurrida, un aviador de F-16 presentó su renuncia y no se dirige precisamente a una posición de elevado prestigio: optó por desempeñarse como piloto de una compañía dedicada a la fumigación. En la Armada, un capitán también solicitó su baja y hoy se encuentra al frente de una embarcación pesquera, percibiendo ingresos cinco veces superiores. La fricción con Presti y con Milei se acrecienta jornada tras jornada.
Dos jornadas aciagas
El clima de desconfianza se extiende sin tregua. Lo que comenzó como una pesquisa puntual sobre las irregularidades detectadas en la Armada se transformó en una revisión generalizada que mantiene en vilo a todos los estamentos militares. La orden de auditar los haberes en las tres fuerzas fue recibida con desazón, ya que muchos interpretan que se trata de una maniobra destinada a desviar la atención respecto del verdadero foco del conflicto: la caída estrepitosa del poder adquisitivo de quienes visten el uniforme. Los casos de los oficiales que abandonaron la institución para dedicarse a actividades civiles mejor remuneradas no hacen más que confirmar una tendencia que preocupa a propios y extraños. La brecha entre las responsabilidades que conlleva la carrera militar y las compensaciones económicas que esta ofrece se ha vuelto insostenible, y ello explica, en buena medida, la diáspora de profesionales altamente capacitados hacia el sector privado. Mientras tanto, la investigación por el fraude millonario continúa su curso, con nuevas derivaciones que podrían alcanzar a otros escalafones. La conjunción de ambos factores, el desfalco y los salarios exiguos, configura un escenario explosivo que amenaza con profundizar la crisis de confianza en el seno de las instituciones armadas.
