Una resolución oficial que prohíbe concentraciones masivas entre el 6 y el 13 de noviembre por la visita del papa León XIV desató una fuerte polémica en torno a la tradicional movilización del 7 de noviembre, cuya realización la Ciudad ya había autorizado con anterioridad
La decisión del Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de impedir la concreción de concentraciones multitudinarias en el espacio público entre el 6 y el 13 de noviembre, adoptada con motivo de la visita del papa León XIV al país, encendió una controversia de alcance imprevisto en torno a una de las convocatorias más emblemáticas de la diversidad sexual. La medida, fundamentada en la complejidad operativa y en las exigencias de seguridad que supone la presencia de un jefe de Estado extranjero, alcanza de lleno a la Marcha del Orgullo, prevista justamente para el 7 de noviembre, una fecha que ya había sido anunciada y avalada por las propias autoridades locales antes de que el Vaticano confirmara la agenda papal.
El conflicto, sin embargo, no nació con la resolución oficial. Desde que el 5 de agosto la Santa Sede ratificó los días en que el Pontífice permanecería en territorio argentino, las conversaciones entre el Gobierno porteño y la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo se tensaron de manera progresiva. En aquel momento, la movilización ya contaba con fecha fijada y permiso concedido, pero la irrupción de la visita papal alteró por completo el escenario. Las autoridades solicitaron entonces postergar la celebración, alegando razones de logística y de resguardo vinculadas a los actos que encabezará León XIV, quien arribará al país el día posterior a la marcha y recorrerá la misma zona, con paradas previstas en el Centro Cultural Kirchner y en la Casa Rosada.
La propuesta oficial consistía en trasladar la movilización al sábado 21 de noviembre, dos semanas más tarde. La opción del sábado 14 fue descartada porque esa jornada se celebra la Noche de los Museos, otro acontecimiento de gran convocatoria que las autoridades prefirieron no superponer, aunque en años anteriores ambos eventos coincidieron en más de una ocasión. Esta vez, según trascendió, la Ciudad buscó darle un perfil distintivo a esa noche, por lo que insistió en que el Orgullo se realizara el 21.
La respuesta de la Comisión Organizadora fue categórica: la fecha es inamovible. Tras una serie de encuentros sin acuerdo, las más de sesenta agrupaciones que componen el espacio difundieron una carta en la que ratificaron la convocatoria para el 7 de noviembre. En el documento argumentaron que modificar el cronograma a esta altura provocaría un perjuicio irreparable en la logística federal, dado que miles de activistas y delegaciones de todo el país ya adquirieron pasajes y reservaron alojamiento en la Capital. Sostuvieron además que la elección de la fecha es facultad exclusiva de la sociedad civil organizada y que, como la llegada del Pontífice está prevista para el día siguiente a la marcha, resulta perfectamente viable coordinar ambos dispositivos con la voluntad política necesaria. En ese marco, reclamaron la reapertura inmediata de las mesas de trabajo técnico para garantizar los cortes de tránsito, la asistencia sanitaria y la infraestructura del trayecto que une la Plaza de Mayo con el Congreso de la Nación.
Bajo la consigna central «cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia», las organizaciones hicieron un llamado a sostener la convocatoria y advirtieron que la movilización socio-cultural más importante de la diversidad en el país no puede ser invisibilizada ni postergada por razones de agenda protocolar.
Frente a la negativa, el Gobierno porteño avanzó por cuenta propia y la semana pasada emitió una resolución conjunta entre las secretarías de Mantenimiento Urbano, Transporte y Seguridad que establece que durante el período comprendido entre el 6 y el 13 de noviembre, es decir dos días antes de la llegada del Papa y dos días después, no se autorizará la realización de eventos, diversiones o actos en el espacio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quedan exceptuados, naturalmente, los que se desarrollen en función de la visita papal. La disposición, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad, terminó de encender la polémica en el seno de la comunidad LGBT+, sobre todo en el ámbito de las redes sociales.
Aunque todas las posiciones coinciden en el rechazo a una Iglesia que históricamente avasalló sus derechos, el arco de la diversidad aparece dividido. Un sector se mantiene intransigente respecto de conservar la fecha original del 7 de noviembre, mientras que otro apela a razones estratégicas y políticas para aceptar la postergación, al considerar que la llegada del Papa concentrará la atención mediática y que los habituales apoyos políticos estarán sintonizados con otro eje. Desde esta mirada, el pedido de cambio de fecha no encierra motivaciones homofóbicas, sino cuestiones operativas y, sobre todo, de seguridad propias de la presencia de un mandatario extranjero. También hay quienes recuerdan que el año pasado la fecha se modificó para que no coincidiera con el Día de la Cultura Afro.
La Ciudad, por su parte, ratificó que una eventual movilización por el Orgullo el 7 de noviembre no contará con el respaldo de infraestructura que está obligada a brindar por ley, lo que incluye escenario, seguridad e higiene, entre otras cuestiones operativas. De este modo, la fecha del Orgullo 2026 continúa siendo motivo de disputa y su desenlace permanece abierto. Las negociaciones entre el Gobierno porteño y la Comisión Organizadora se encuentran estancadas, y comienza a evaluarse la intervención de la Defensoría del Pueblo como instancia de mediación para destrabar la situación.
