La norma firmada a diez días de la asunción de Javier Milei como “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina” continúa siendo el cimiento jurídico del ajuste, mientras el oficialismo y sus aliados discuten la hoja de ruta y el legado de una gestión que prometió dolarizar y liberar el tipo de cambio, promesas que aún aguardan concreción.
A poco más de tres años de aquel diciembre en que Javier Gerardo Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, el documento que él mismo presentó como “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina” sigue operando como la piedra angular de un proyecto de reestructuración neoliberal cuyo impacto pervive en la vida cotidiana de los argentinos. Aquella norma, redactada con la impronta del entonces influyente Federico Sturzenegger —figura sin cargo oficial en los primeros días del gobierno, pero catalizador permanente de los intereses más concentrados—, inauguró un procedimiento que mezclaba temáticas, competencias y jurisdicciones, práctica que se tornaría habitual en la administración libertaria.
Con aires de reforma constitucional encubierta y una prosa épica en sus considerandos, el decreto se arrogará facultades propias del Poder Legislativo y derogó más de trescientas sesenta leyes y resoluciones mediante una sola firma presidencial. Para justificar la “necesidad y urgencia”, Milei invocó un inminente cataclismo hiperinflacionario que atribuyó a las regulaciones concebidas por “la casta gobernante”, un discurso antipolítico que le permitió articular una mayoría social que lo llevó a la Casa Rosada. Su triunfo en el balotaje, con casi el 56% de los votos frente al 44% de Sergio Massa, aún estaba fresco en la memoria colectiva, y esa legitimidad de origen abonó un efecto comprensivo automático hacia sus decisiones que contagió incluso a sectores de la oposición durante un tiempo prolongado.
El decreto que lo cambió todo
Aunque la norma hizo detonar el precio de los alquileres, restringió la venta de tierras a extranjeros, eliminó los controles sobre los aumentos de las prepagas y toda la normativa protectora del poder adquisitivo del salario, modificó el régimen de empresas públicas para ponerlas a tiro de privatizaciones, abrió las importaciones de manera indiscriminada, arrasó con los derechos laborales, disolvió el Instituto de la Yerba Mate, suprimió regulaciones financieras y bancarias y favoreció a Starlink, la empresa del amigo presidencial Elon Musk, los “dadores de gobernabilidad” se multiplicaron como hongos después de la lluvia. Argumentaban por entonces que la gente había votado “esto”, aunque “esto” significara violar mediante un simple decreto aspectos clave de la Constitución Nacional para imponer el andamiaje jurídico sostén de un nuevo Estado benefactor, pero en este caso de “los mercados”, liberándolos de la “opresión populista” que, según su relato, se había padecido cuando el salario promedio argentino medido en dólares era el más alto de América Latina, bajo el segundo y demonizado gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Es cierto que Milei gozaba entonces de carta blanca para ajustar cuentas, no sólo de grupos empresarios nacionales y extranjeros o del “círculo rojo”. Con la promesa de dolarización mediante, también sectores populares se habían sentido seducidos por la idea vengativa de aplicarle la “motosierra” a “la casta”, ese núcleo privilegiado que el imaginario popular identificaba con los políticos, los empleados públicos y las personas alcanzadas por algún plan o subsidio. Tres años después de aquella salvaje irrupción en la escena del poder, “la casta” verdadera le reprocha al presidente que no dolarizó ni liberó el tipo de cambio. Hoy se barajan, incluso entre los dueños del poder y del dinero, varios nombres para su reemplazo, aunque siempre recaerá sobre el o la elegida la responsabilidad de mantener el rumbo del modelo, cuyo kilómetro cero es, indudablemente, el DNU 70/23. Aunque de la misma filosofía y origen, la Ley Bases, el Rigi I y el II, la Inocencia Fiscal I y la II son posteriores.
Números que no cierran
El libertarismo reducido a su núcleo duro se aferra a cifras insólitas para justificarse. Sostiene que el precio de un departamento de dos ambientes bajó el 38% desde que se derogó la Ley de Alquileres y que hay más oferta disponible. No piensan igual, desde ya, las asociaciones de inquilinos. ¿Por qué no se replicó aquí, entonces, el “efecto Madrid”? Por la represión, es una obviedad. Hay gente acampando en la Puerta del Sol, ejerciendo su derecho a la protesta, sin ser víctima de los gases y los palos de las fuerzas de seguridad de Alejandra Monteoliva, como ocurre acá cada miércoles con los jubilados, fotoperiodistas o cualquier ciudadano o ciudadana que se acerque a la Plaza del Congreso.
El mileísmo afirma que gracias a que el decreto hizo caer la Ley de Abastecimiento y de Góndolas hay menos faltantes y los precios de los productos son más bajos. Que la yerba bajó un 46% y los medicamentos un 19%. Los desmiente hasta su propio Indec. Pero el relato alucinado no termina ahí. Repiten que el precio de los pasajes aéreos cayó un 51%, los paquetes turísticos un 41% y que en 2025 hubo un récord histórico de “33,4 millones de pasajeros” por los “cielos abiertos”. Lo único más o menos cierto del relato oficial es la exportación de carne vacuna. El registro de 2024 habla de 931.000 toneladas vendidas al exterior. Es un número compatible con la baja catastrófica del consumo en el mercado interno: 46,3 kilos por habitante al año, piso histórico documentado, según la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina.
Precariedad y silencio judicial
La reforma laboral fue un fiasco. Caída la cautelar sobre el capítulo del decreto que eliminaba la protección sobre las y los trabajadores, el gobierno logró hacer votar una “modernización” que no generó un solo empleo digno. La precariedad alcanza a la mitad de la fuerza laboral del país y, en el NOA, es de casi el 60%. Desde aquel diciembre de la asunción de Milei hasta la fecha, el DNU 70/23 tuvo una sobrevida legal inexplicable. La Corte lo validó, como hace la Corte: nunca trató su constitucionalidad. “El fondo”, como les gusta decir a los cortesanos. Y el Parlamento, dignamente lo rechazó en Senadores, pero nunca logró el número para derogarlo en Diputados. Así, el decreto que prometía un “futuro venturoso” se ha convertido en el presente dramático que la Argentina habita, un presente que sus propios impulsores ahora cuestionan desde la vereda de la dolarización inconclusa y la libertad cambiaria postergada.
