A horas de una megasesión convocada por la oposición, el Gobierno y sus aliados firmaron un dictamen que restituye la Ley de Tierras de 2011, en un intento por vaciar el debate y evitar el rechazo al megadecreto. La jugada generó repudio y dejó al descubierto la fragilidad de los acuerdos parlamentarios.
En una jornada de vértigo y definiciones cruzadas, el oficialismo y sus socios legislativos avanzaron este miércoles con la firma de un dictamen que devuelve vigencia a la Ley de Tierras sancionada en 2011, una movida que contradice la esencia del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y que, según propios y extraños, tiene un único objetivo: resguardar el resto del DNU 70/2023 y desactivar la sesión que la oposición había convocado para este jueves a las dos de la tarde.
La maniobra, cocinada a las apuradas en un plenario de comisiones que se extendió por doce horas, quedó plasmada en un texto que los propios legisladores oficialistas reconocen como un parche improvisado. La idea es simple pero controvertida: derogar el artículo 154 del megadecreto que había eliminado la Ley de Tierras e incorporar ese mismo artículo en el proyecto que ya contaba con media sanción en el Senado. De ese modo, el oficialismo busca vaciar de contenido la sesión opositora, donde se pretendía rechazar el DNU 70 y avanzar sobre otros temas sensibles como la prórroga de la emergencia en discapacidad y el proyecto sobre morosidad.
El radical Diógenes González fue uno de los encargados de explicar la insólita propuesta, que no tardó en cosechar críticas de todo el arco opositor. Diego Giuliano la calificó como “una comedia”, mientras que Paula Penacca la describió como un “manotazo de ahogado” para hacer caer la sesión. Pablo Juliano, por su parte, escribió en la red social X: “Acabamos de presenciar la firma del dictamen más loco del mundo. Libertarios, el PRO y los radicales de Milei firmaron un dictamen sobre Propiedad Privada que restituye la Ley de Tierras de Cristina. ¡Y todo para que mañana no haya quórum en la sesión en la que buscamos rechazar el DNU 70/23! La desesperación que hay en las filas oficialistas para sostener la nulidad con la que este Gobierno arrancó es descomunal”.
El megadecreto, publicado a diez días de la asunción presidencial, modificó más de sesenta leyes en trescientos sesenta y seis artículos y se convirtió en el punto de partida de una serie de reformas que sacudieron la economía y la vida cotidiana de los argentinos: la desregulación de las tasas de interés, la apertura de la medicina prepaga, la derogación de la Ley de Alquileres, la eliminación de las leyes de Abastecimiento y de Góndolas, y la suspensión de regímenes de promoción para la producción local. Tanto la reforma laboral como la eliminación de la Ley de Tierras fueron frenadas por la Justicia, lo que obligó al Ejecutivo a enviar proyectos específicos al Congreso. La reforma laboral se aprobó en febrero de este año, mientras que la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada perdió en el Senado el capítulo sobre extranjerización de tierras tras el fuerte rechazo social que generó.
Ese proyecto, que parecía condenado a convertirse en letra muerta en Diputados, resucitó este miércoles en un plenario de comisiones que muchos interpretaron como una jugada desesperada para sostener la vigencia del DNU 70. El oficialismo intentará llevar la enmienda de tierras a una sesión propia el próximo 21 de octubre. Para Martín Menem, los diputados de la oposición “se esconden detrás del DNU 70 porque quieren generar algún tipo de caos. Porque el tema ya está solucionado”. Sin embargo, si los cambios se aprueban, el texto deberá volver al Senado, donde su tratamiento en agosto pasado “ya fue demasiado traumático”, según recordó un libertario de la Cámara alta.
Mientras tanto, el poroteo por el quórum se volvió el centro de todas las miradas. A pesar de la apretada agenda de comisiones, los diputados dedicaron la tarde del miércoles a la rosca política. Algunas estimaciones indicaban que la oposición estaba a solo dos votos de alcanzar los 129 necesarios para habilitar la sesión, aunque desde el peronismo se mostraron más escépticos. El conteo que circulaba entre los legisladores de Unión por la Patria apenas superaba los 120 al cierre de esta edición, y atribuían a los gobernadores que “quieren subirse el precio para negociar” las versiones más optimistas.
En los últimos días, los bloques opositores sumaron a los misioneros de Argentina Federal, un sector decisivo de nueve legisladores afectados por la desregulación del Instituto de la Yerba Mate. En ese bloque conviven cuatro misioneros, tres salteños, un formoseño y un puntano. La tarde del miércoles, el diputado Alberto Arrúa buscaba sumar a sus compañeros salteños Bernardo Biella y Pablo Outes, y se encaminaba a conseguir los apoyos. Yolanda Vega también manifestó su intención de dar quórum, pero una reciente operación de columna le impidió viajar a Buenos Aires. Si bien los diputados de Salta esperaban instrucciones de su gobernador, un cortocircuito en la privatización del Belgrano Cargas que disgustó a Gustavo Sáenz podría jugarle una mala pasada a la Casa Rosada con uno de sus principales aliados. La oposición miraba con atención los movimientos del puntano Claudio Álvarez, secretario general de la UTHGRA San Luis.
El gobernador peronista Osvaldo Jaldo apagó el teléfono el día previo a la sesión y dejó de responder a la Casa Rosada. Sus tres diputados viajaron a Buenos Aires y esperaban una orden política para saber cómo manejarse en la sesión del jueves. Los diputados de UxP buscaban a la tucumana Gladys Medina en el plenario de comisiones para conocer alguna definición, pero no lograron un pronunciamiento. Página/12 supo que entre el mandatario tucumano y el catamarqueño Jalil existió una comunicación para fijar una postura en común.
Los cordobeses que responden a Martín Llaryora se cansaron de las marchas y contramarchas del oficialismo y decidieron contribuir al quórum. Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Carolina Basualdo bajarán para habilitar la sesión. La diputada Alejandra Torres “está conceptualmente en contra de voltear el DNU y solo entrará si ella define el 129”, explicaron a este diario. Juan Brügge y Natalia de la Sota se mostraron desde el comienzo a favor de la sesión. Al poroteo opositor le faltaba la definición de la exlibertaria Lourdes Arrieta, aunque suele jugar alineada con Martín Menem.
El orden de los factores en el Congreso sí altera el producto. Por eso, la oposición comenzará con el tratamiento del sobreendeudamiento. El dictamen del oficialismo solo aporta herramientas de transparencia a la hora de tomar créditos, pero no establece un tope a las tasas de interés ni un mecanismo de alivio para quienes ya están endeudados y no pueden pagar. La oposición buscará aprobar la emergencia crediticia por 180 días y un régimen de regularización y alivio financiero. Si la sesión de mañana no consigue el quórum, la oposición cree que podrá imponer su dictamen el 21 de octubre y, de aprobarse, sumará un revés legislativo para el Gobierno. El segundo tema será el DNU 70/2023 y el tercero, la prórroga de la emergencia en discapacidad, un asunto que reúne consenso entre todos los bloques y debería ayudar a que los diputados permanezcan en sus bancas. El dictamen del oficialismo, que recuperó parte de la emergencia tras conocerse el proyecto de Presupuesto que prácticamente la desarmaba, y el de la prórroga de la emergencia en discapacidad están “voto a voto”, según las fuentes parlamentarias consultadas.
La jornada coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria, que promete ser multitudinaria en rechazo al incumplimiento del financiamiento para las casas de estudio que el Poder Legislativo aprobó y el Gobierno incumple, aun cuando la Justicia dispuso multas diarias. En un final no apto para cardíacos, se define este jueves el futuro del DNU 70, el megadecreto que el Gobierno publicó a diez días de asumir y que modificó más de sesenta leyes en trescientos sesenta y seis artículos. La desregulación de las tasas de interés que asfixian a millones de argentinos, la derogación de la Ley de Alquileres, la eliminación de las leyes de Abastecimiento y de Góndolas, y la restitución de la Ley de Tierras son solo algunas de las consecuencias de una norma que sigue siendo el epicentro de la disputa política.
