La ministra de Seguridad intentó desacreditar a los manifestantes mientras organismos de derechos humanos documentaban un operativo violento con balas de goma, gases lacrimógenos y detenciones de adolescentes
La quinta marcha federal universitaria terminó con un saldo de cientos de personas asistidas y un cuestionado accionar de las fuerzas de seguridad que despertó la reacción inmediata de organismos de derechos humanos. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, eligió referirse a los manifestantes como “los mismos violentos de siempre” en sus redes sociales, en un intento por deslegitimar el reclamo de estudiantes, docentes y comunidad educativa que exigían el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso y de los fallos firmados por el Poder Judicial. Paradójicamente, según relevaron organismos de derechos humanos y mecanismos de prevención de la tortura, esa descripción encaja con el proceder de las fuerzas que dependen de su cartera: disparos al rostro con proyectiles de goma, personas lesionadas en la cabeza por lanzagases, empleo de gases lacrimógenos y embates con camiones hidrantes.
El operativo comenzó cerca de las 15.30 del jueves, cuando los camiones hidrantes empezaron a arrojar prolongados chorros de agua contra quienes se manifestaban. Un cuarto de hora más tarde se sumaron los gases lacrimógenos, que incluso penetraron en el Congreso y en el anexo de la Cámara de Diputados. Poco después de las 16, los medios informaban que una mujer había resultado herida en la cabeza, aparentemente por una granada disparada por un lanzagases. Todo indicaba que las fuerzas de seguridad buscaban repetir una escena que quedó grabada con profundo dolor en la memoria reciente: la represión del 12 de marzo del año pasado, cuando un proyectil disparado por un lanzagases le abrió el cráneo al fotógrafo Pablo Grillo.
La Policía Federal Argentina, que aporta la mayor cantidad de efectivos en los operativos represivos desplegados por el Gobierno, siguió esa misma línea. Un agente quedó retratado mientras apuntaba directamente hacia el fotógrafo de Página/12 Guido Piotrkowski, quien recibió dos impactos de bala de goma en el tórax. La agresión contra los trabajadores de prensa fue una de las marcas distintivas de la jornada. Laura Quispe, de TeleSISA, recibió nueve impactos de bala de goma y debió ser atendida en el Hospital Ramos Mejía. Otros fotógrafos, periodistas y camarógrafos registraron distintas lesiones en tórax, brazos y piernas. El Centro de Estudios Legales y Sociales exhibió imágenes de efectivos de la Policía Federal y la Prefectura apuntándoles directamente a los manifestantes, en algunos casos a los ojos.
Según la Comisión Provincial por la Memoria, entidad que presiden Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, 550 personas requirieron asistencia y se dispararon al menos 120 granadas de gas lacrimógeno. Un móvil de TN mostró, cuando ya había caído la noche, cómo los gendarmes recogían los cartuchos, los colocaban en una bolsa y se los llevaban, en lo que parecía un operativo para no dejar pruebas de la represión.
En plena desconcentración, cerca de las 17.11, fueron aprehendidos dos estudiantes del Colegio Nicolás Avellaneda: uno de catorce años y otro de diecisiete. Permanecen retenidos en Montevideo y Sarmiento. Al mayor, imputado por resistencia a la autoridad, lo liberaron con mayor rapidez, aunque deberá afrontar una causa penal. Al más pequeño lo tuvieron alrededor de dos horas, estimó Alejandrina Barry, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Al adolescente de catorce años le aplicarán el recientemente estrenado régimen penal juvenil. Un poco más tarde se registraron cuatro detenciones de personas adultas: tres varones y una mujer. Uno fue detenido en Congreso, según informes del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Los otros fueron aprehendidos a varias cuadras del escenario del acto, en Chacabuco y Avenida de Mayo. La joven detenida es estudiante de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y, según integrantes de organismos de derechos humanos que reclamaron por su liberación, fue escogida por las fuerzas de seguridad porque llevaba una bandera de Colombia. Todos enfrentan cargos por resistencia a la autoridad.
El Comité Nacional de Prevención de la Tortura denunció que durante la jornada del jueves hubo un uso abusivo y desproporcionado de la fuerza, y advirtió que se encontraba documentando irregularidades en el operativo y posibles vulneraciones de derechos. Para el CELS, las últimas represiones del Gobierno presentan características similares: el Ministerio de Seguridad informa un número de detenciones que no se condice con los datos de las defensorías y fiscalías, el operativo fue violento y desproporcionado, y el foco del ataque estuvo puesto en los trabajadores de prensa.
A última hora del viernes, la Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia penal por el accionar desplegado por la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de la Ciudad. En la presentación, encabezada por Pérez Esquivel, Barrancos y Roberto Cipriano García, se estima que unos 800 efectivos participaron del operativo. Un relevamiento indica que 50 trabajadores de prensa sufrieron algún tipo de herida o afectación, al igual que quince integrantes de la Comisión. Más temprano había ingresado en Comodoro Py la denuncia de dos funcionarios que dependen de Monteoliva, Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, por resistencia y atentado a la autoridad, lesiones y daño, sin identificar a manifestante alguno.
Según el Ministerio de Seguridad, hubo individuos que provocaron violentos incidentes con los rostros cubiertos, aunque no menciona, por ejemplo, a quien agredió a un camarógrafo de C5N y que se sospecha podría ser un infiltrado vinculado a alguna fuerza o servicio de inteligencia. De acuerdo con la denuncia impulsada por Monteoliva, los manifestantes buscaban “establecer un escenario general de estrépito en la comunidad” e impedir la actividad legislativa. En realidad, el principal interesado en que la Cámara de Diputados no sesionara era el Gobierno, porque no quería que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 corriera riesgo. La denuncia, que busca justificar la intervención de los tribunales federales por el mero hecho de que la marcha se realizó en las inmediaciones del Congreso, quedó radicada en el Juzgado Federal 6, que subroga Daniel Rafecas.
Mientras tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales, junto a más de cuarenta organizaciones estudiantiles, sindicales y de derechos humanos, pidió la intervención de relatorías de la Organización de Naciones Unidas y del Comité de los Derechos del Niño. Las fuerzas de seguridad ni siquiera dejaron que terminara el acto por la quinta marcha federal universitaria.
