Una llamada de Rubio y una visita incómoda de Landau expusieron las exigencias norteamericanas sobre las empresas que operan en Malvinas, mientras la Casa Rosada intenta reacomodar su propio proyecto legislativo en medio de un creciente malestar interno
La relación entre Argentina y Estados Unidos atraviesa un momento de fricción pocas veces visto en los últimos años. Lo que comenzó como un reclamo telefónico derivó en una seguidilla de encuentros cargados de reproches, propuestas difíciles de aceptar y gestos que rozaron los límites protocolares. En apenas ocho jornadas, el gobierno de Javier Milei quedó expuesto a una presión sostenida por parte de la administración norteamericana, que no dudó en cuestionar el rumbo de varias políticas clave y en reclamar cambios concretos en la legislación argentina.
El detonante fue una comunicación directa del secretario de Estado, Marco Rubio, al presidente Milei. Ese llamado, que ya de por sí generó incomodidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores —donde se esperaba que el vínculo se canalizara entre cancilleres—, sirvió para que el funcionario estadounidense enumerara una serie de preocupaciones acumuladas. Entre ellas, la ausencia de límites claros a las empresas chinas que operan en territorio argentino, la demora en la aprobación de la ley de patentes y la falta de avances en materia de minerales críticos, con especial énfasis en el litio. A eso se sumó la inquietud por el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos, que requiere el aval del Congreso, y, de manera central, el malestar por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Según trascendió, Rubio habría recibido un informe elaborado por el titular de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, Alejandro Díaz, en el que se cuestionaba con dureza la norma y se instaba a revertirla. El documento también habría llegado a manos de Martín Menem y Patricia Bullrich, lo que evidencia una estrategia coordinada para torcer el rumbo legislativo. En la conversación con Milei, el secretario de Estado fue taxativo: «Ustedes no nos cumplen», le habría dicho, al tiempo que señalaba que los británicos no enfrentan problemas con la ley porque acuerdan con otras empresas no norteamericanas, mientras que los perjudicados terminan siendo los propios estadounidenses.
La reacción del presidente no se hizo esperar. Visiblemente irritado, Milei se comunicó con el canciller Pablo Quirno para reprocharle la situación. «Me acaba de llamar Marco Rubio. ¿Cómo es que no les cumplimos? Son nuestro principal y único aliado», habría exclamado. Quirno, sorprendido por el tenor del reclamo, intentó explicar que buena parte de los temas pendientes se resuelven en el ámbito del Congreso y no dependen exclusivamente de la Cancillería, lo que implicó una suerte de derivación de responsabilidades hacia otros sectores del gobierno.
La visita de Landau y la exigencia de una cláusula de salida
Días más tarde, la secuencia sumó un nuevo capítulo con la llegada del subsecretario de Estado, Christopher Landau, número dos de Rubio. El encuentro, áspero en el contenido pero cuidado en las formas, tuvo como eje central una propuesta concreta respecto de la Ley de Soberanía: la incorporación de una cláusula de salida para las empresas norteamericanas. La iniciativa contemplaba dos caminos. Por un lado, evitar sanciones para aquellas compañías que ya mantienen negocios con firmas que operan en Sea Lion, el proyecto petrolero ubicado al norte de Malvinas, bajo el argumento de que no existe intencionalidad respecto del conflicto. Por otro, evaluar caso por caso la situación de las empresas que, en adelante, firmen acuerdos con compañías presentes en las islas, analizando si media alguna intención específica o si se trata de vínculos preexistentes.
En la práctica, la propuesta habilitaría a las empresas estadounidenses a operar en Malvinas sin consecuencias legales, algo que Landau y su equipo repitieron con insistencia: «Sancionen a empresas británicas, no a nosotros. Eso no va». El mensaje, pronunciado casi como una orden, dejó en evidencia la incomodidad que genera en Washington la posibilidad de que las sanciones recaigan sobre sus propios intereses. La Casa Rosada, consciente de la dificultad de digerir semejante exigencia por parte de los legisladores argentinos, optó por congelar de urgencia el tratamiento del proyecto, absorbiendo un bochorno difícil de disimular.
En la conferencia de prensa conjunta, Quirno intentó responder de manera implícita a la lista de reclamos: «Nosotros siempre cumplimos en lo que nos comprometemos», afirmó ante los periodistas, al tiempo que instruyó para que la frase se destacara en el comunicado oficial. El gesto, sin embargo, no alcanzó a neutralizar la sensación de subordinación que sobrevoló los encuentros.
Zanahoria y garrote: promesas millonarias y gestos protocolares llamativos
Junto con las exigencias llegó también la zanahoria. El embajador norteamericano Peter Lamelas insistió en que Estados Unidos aportará veinte mil millones de dólares a la Argentina, aunque aclaró que los fondos se destinarán a proyectos de energía, minería e infraestructura. «Creemos en este rumbo que está tomando la Argentina y creemos en ustedes», sostuvo, en una frase que dejó flotando la idea de que el respaldo está condicionado a la continuidad política del actual gobierno. La síntesis de la semana quedó clara: Landau exigiendo, Lamelas prometiendo.
A los roces de contenido se sumaron los gestos institucionales. En los códigos de la diplomacia, un presidente no recibe a un vicecanciller de otro país, dado que las investiduras son marcadamente distintas. Sin embargo, Milei recibió a Landau en la Casa Rosada, lo que significó un nuevo desaire para Quirno y expuso la conducción caótica de la política exterior. Al mismo tiempo, el gobierno diseña un proyecto de Ley de Soberanía y, en paralelo, se abstiene en la votación referida al Comité de Descolonización de Naciones Unidas, el organismo que históricamente trató el conflicto e instaba al Reino Unido a negociar.
El saldo de estos ocho días de tensión es que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional quedó en una situación delicada. El bloque oficialista deberá trabajar contrarreloj para incorporar las exigencias norteamericanas y aprobar la norma antes del cierre del período de sesiones ordinarias. El impulso malvinizador que Milei había intentado capitalizar quedó sumamente debilitado, y lo que parecía una bandera nacionalista se transformó en un papelón de difícil resolución. Bastaron una llamada y una visita para que el gobierno quedara atrapado en una encrucijada que combina presión externa, descoordinación interna y un creciente costo político.
