El sobreseimiento de los hermanos Milei en la causa $LIBRA se suma a una serie de resoluciones favorables al Ejecutivo y alimenta la inquietud sobre una nueva era: la de la «justicia con peluca»
El desgaste de la credibilidad institucional alcanza su punto más crítico en el ámbito judicial. Diversos episodios recientes han reforzado la percepción ciudadana de que el Poder Judicial atraviesa una crisis de legitimidad sin precedentes, consolidándose como el sector del Estado con la peor valoración pública en la Argentina contemporánea.
En las últimas semanas se acumularon señales que parecen confirmar esa sospecha. El máximo tribunal del país resolvió en contra de la Ley de Tierras y luego revirtió su propio criterio apenas diez días más tarde, en un giro que generó desconcierto entre especialistas y observadores. A ese episodio se sumó la decisión de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, que otorgó cobertura al Ejecutivo frente a las obligaciones pendientes con las universidades nacionales. El corolario de esta secuencia lo constituyó el sobreseimiento de Javier Milei y de su hermana Karina en la causa conocida como $LIBRA, una determinación que clausuró anticipadamente una investigación de fuerte impacto mediático.
Voces del ámbito tribunalicio, provenientes de trayectorias diversas y posicionamientos ideológicos disímiles, coinciden en advertir una aceleración de pronunciamientos favorables a la Casa Rosada. Algunos observadores van más lejos y sostienen que se asiste a la consumación de un fenómeno que ya tiene nombre propio en los pasillos de los juzgados: la «justicia con peluca», expresión que alude a una supuesta subordinación de los magistrados al poder político de turno.
El deterioro de la imagen judicial no constituye una novedad aislada. La Universidad de San Andrés desarrolla desde hace tiempo la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, instrumento que monitorea de manera sistemática la percepción social sobre las instituciones. El Poder Judicial —cuyo análisis contempla también al Ministerio Público— ha registrado históricamente niveles de aprobación magros. Sin embargo, los últimos relevamientos evidencian un agravamiento notable de esa tendencia negativa, lo que sugiere que los acontecimientos recientes habrían profundizado la desconfianza ciudadana.
La conjunción de fallos controvertidos, marchas y contramarchas del máximo tribunal y resoluciones que parecen beneficiar sistemáticamente al oficialismo configura un escenario inquietante para la salud republicana. La pregunta que sobrevuela en ámbitos académicos, políticos y periodísticos es hasta qué punto la independencia judicial constituye hoy una garantía efectiva o apenas una declamación retórica. Mientras tanto, la sociedad argentina observa con escepticismo creciente el accionar de un poder que, paradójicamente, debería erigirse como el último bastión de imparcialidad frente a los excesos del poder político.
