El Municipio exige la normalización de las transferencias que le corresponden por ley y reclama una suma estimada superior a los $17.294 millones al 30 de septiembre, integrada por coparticipación, regalías y fondos del Bono de Compensación; advirtió que, de persistir los incumplimientos, acudirá a la Justicia, al Tribunal de Cuentas y al Ministerio Público Fiscal
La acumulación de un pasivo estimado en más de $17.294 millones y las demoras reiteradas en el envío de recursos motivaron que la Municipalidad de Río Grande intimara formalmente a las autoridades provinciales, bajo apercibimiento de avanzar con acciones administrativas y judiciales. La determinación quedó reflejada en cartas documento remitidas el 30 de octubre a la contadora general de Tierra del Fuego, Yesica Solange Flecha, y a la tesorera provincial, Romina Rouco, a quienes se requiere la adopción de las medidas indispensables para regularizar el giro de los fondos que legalmente pertenecen al municipio.
De acuerdo con la documentación municipal, la deuda estimada al 30 de septiembre asciende a $17.294.814.520, compuesta por coparticipación, regalías y recursos correspondientes al Bono de Compensación. Se trata de partidas que la ciudad reclama para afrontar sus compromisos presupuestarios y asegurar la continuidad de sus servicios públicos.
La gravedad del reclamo no se limita al monto acumulado, sino también a la modalidad de las demoras. El Municipio sostiene que logró acreditar, mediante el cotejo de decretos provinciales y transferencias bancarias, que fondos correspondientes a determinados períodos fueron girados con posterioridad a las fechas en que debían ser remitidos.
En ese marco, la presentación subraya que la coparticipación no constituye una ayuda económica que el Gobierno provincial pueda otorgar según su conveniencia política o financiera, sino una obligación legal de transferencia de recursos que pertenecen a los municipios. Esa situación, advierte el escrito, afecta directamente la disponibilidad de recursos municipales y compromete la previsibilidad financiera necesaria para sostener prestaciones, obras y obligaciones asumidas con terceros.
El planteo posee, además, un fundamento constitucional. Las cartas documento invocan el artículo 135 de la Constitución provincial y advierten que la falta de remisión oportuna de los fondos puede comprometer la autonomía económica de Río Grande.
En ese sentido, la Municipalidad intimó a las funcionarias provinciales a adoptar las medidas correspondientes dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de las notificaciones. También requirió información detallada sobre las liquidaciones, los pagos efectuados y los fundamentos legales de cualquier retención, descuento, compensación o postergación de las transferencias.
La advertencia es concreta: si persisten los incumplimientos, Río Grande se reserva el derecho de recurrir a la Justicia, solicitar la intervención del Tribunal de Cuentas provincial y presentar una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen posibles responsabilidades administrativas y penales.
La discusión deja de ser exclusivamente presupuestaria cuando las demoras condicionan la capacidad de una ciudad para planificar sus gastos, ejecutar obras y sostener servicios esenciales. La intimación representa, asimismo, una profundización en la posición institucional del Municipio ante la falta de soluciones económicas, que decidió avanzar con herramientas legales concretas para exigir el cumplimiento de las obligaciones provinciales.
