El partido Verde presentó un proyecto de ley para garantizar un cupo trans en la administración pública considerando que “deben asegurarse políticas de inserción en el mercado laboral formal que consideren las características particulares de este colectivo a fin de que ejerzan efectivamente su derecho al trabajo”.
Según señala el proyecto el colectivo continúa teniendo dificultades para disfrutar del derecho a la salud por lo que tienen una expectativa de vida de entre 35 y 40 años aproximadamente, a la educación la cual abandonan por situaciones de desigualdad y discriminación, a una vivienda digna, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, así como también a la protección frente al desempleo”,
El proyecto detalla que para garantizar la igualdad de oportunidades “no se considerará un impedimento para acceder al programa la falta de ‘antecedentes laborales y educativos’”, estableciendo un cupo del 1% de cargos (ya sea de planta permanente, temporario o contratado) en la administración pública central, entes autárquicos, organismos descentralizados y empresas concesionarias de servicios públicos.
“Toda persona, travesti, transexual o transgénero, tiene derecho al trabajo digno, a condiciones de igualdad laboral y protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género, por lo que los requisitos de acceso al empleo no podrán obstruir el ejercicio de estos derechos”, señala uno de los artículos de la propuesta.
Además, se establece que en caso de ser sancionada la ley, la autoridad de aplicación será la Jefatura de Gabinete, que tendrá a su cargo la “recolección, relevamiento y análisis de la cantidad de vacantes disponibles y porcentaje cubierto”.
El programa está orientado a personas travestis, transexuales y transgénero “mayores de 18 años de edad, con residencia mínima en la provincia de 2 años anteriores a postularse en el puesto laboral”.
El proyecto señala que “no se considerará un impedimento para acceder al programa la falta de ‘antecedentes laborales y educativos’”, estableciendo un cupo del 1% de cargos (ya sea de planta permanente, temporario o contratado) en la administración pública central, entes autárquicos, organismos descentralizados y empresas concesionarias de servicios públicos.
Finalmente el proyecto de las legisladoras Laura Colazo y Victoria Vuotoestablece que el Poder Ejecutivo, al reglamentar esta ley, deberá establecer campañas de sensibilización; capacitaciones en diversidad e identidad de género “con la finalidad de que el personal de la administración pública conozca el movimiento incentivando la no discriminación”.
“Esta ley le daría respuesta a una demanda que las organizaciones LGBTI+ tienen en el país y en la provincia hace muchos años”, puntualizan las parlamentarias.
