A través de un sumario exprés, Gendarmería exculpó al cabo Héctor Guerrero, quien disparó contra el fotógrafo Pablo Grillo durante una protesta. La investigación interna, plagada de contradicciones, responsabiliza a la víctima y avala la versión oficial de Patricia Bullrich.
El Estado frente a la impunidad: un sumario a medida para justificar la violencia
El Gobierno Nacional consolida un mecanismo institucional destinado a garantizar la impunidad de las fuerzas de seguridad. El caso del fotógrafo Pablo Grillo, gravemente herido por un disparo de Gendarmería durante la protesta de jubilados del 12 de marzo, revela cómo las investigaciones internas se convierten en meros trámites formales para absolver a los responsables.
En un expediente concluido en apenas 24 horas, la fuerza comandada por Patricia Bullrich determinó que el ataque contra Grillo fue un «hecho fortuito», atribuyendo la responsabilidad a la víctima por encontrarse «en la línea de tiro». El cabo Héctor Guerrero, autor del disparo, continúa en funciones sin restricciones, mientras la Justicia aún no lo ha citado a indagatoria.
Una investigación sin rigor
Las actuaciones administrativas de Gendarmería salieron a la luz tras un allanamiento ordenado por la jueza María Servini el 19 de junio. Entre los elementos secuestrados figura el arma utilizada contra Grillo, diez cartuchos idénticos al empleado y documentos internos elaborados después del incidente. Sin embargo, el sumario –basado exclusivamente en testimonios de los propios gendarmes– ya había cerrado el caso en marzo, sin cuestionar la conducta de Guerrero ni de sus superiores.
El informe, redactado por el Comandante Mayor Adrián Barresi, sostiene que los efectivos actuaron bajo órdenes de «dispersión» ante una supuesta «inferioridad numérica» y violencia de los manifestantes. Aunque reconoce que el impacto del proyectil en la frente de Grillo fue directo, insiste en la teoría del «rebote» en el asfalto, una versión que contradice las imágenes registradas por drones de medios como TN y A24.
La narrativa oficial bajo la lupa
Las pruebas recopiladas por el colectivo Mapa de la Policía desmienten el relato de Bullrich, quien aseguró que Guerrero disparó en un ángulo de 45 grados, según protocolo. Las filmaciones muestran que el gendarme apuntó horizontalmente, método prohibido por su alto riesgo letal. En una de las secuencias, incluso se observa a otro efectivo felicitándolo con una palmada después del disparo.
Los manuales de Gendarmería, incorporados al expediente, son claros: «Jamás se debe dirigir el arma hacia una persona». No obstante, el sumario insiste en que la «mala visibilidad» y la posición de Grillo –quien se encontraba a 50 metros de los agentes– eximen de culpa al autor material.
La Justicia como última esperanza
Mientras la causa penal avanza con lentitud, las organizaciones de derechos humanos que representan a la familia Grillo –el CELS y la LADH– reclaman que Guerrero sea indagado por tentativa de homicidio agravado. «Esta investigación interna fue un ámbito controlado para que el acusado instalara su versión sin contradicciones», denunció Agustina Lloret, del CELS.
La reconstrucción de los hechos, a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad, podría aportar nuevas pruebas. Pero el mensaje del Gobierno parece claro: en su estrategia para criminalizar la protesta, la impunidad no es un error, sino una política.
