Mediante un decreto, la administración de Milei disuelve el organismo de control de armas y suprime un fondo destinado a prevenir la violencia con armas de fuego, argumentando una reestructuración del Estado.
A pocos días de eliminar un tributo clave que facilitaba la adquisición de armas, el Gobierno nacional decidió extinguir por decreto la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), ente creado por ley hace una década. En su lugar, se reinstaurará el antiguo Registro Nacional de Armas (RENAR), que perderá su autonomía y pasará a depender directamente del Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich. Además, se eliminó un fondo específico destinado a financiar programas para reducir la violencia armada.
La medida fue formalizada a través del Decreto 445/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, donde se establece la «transformación» de la ANMAC en un organismo «desconcentrado» bajo la órbita de la cartera de Seguridad. «Dispónese la transformación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados […] en el Registro Nacional de Armas, organismo desconcentrado dependiente de la citada jurisdicción», señala el texto, firmado por el presidente Javier Milei, la ministra Bullrich y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Supresión del fondo contra la violencia armada
Uno de los puntos más controvertidos del decreto es la disolución del Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA), que financiaba iniciativas para reducir el uso indiscriminado de armas de fuego, capacitaciones en instituciones educativas y campañas de concientización. Según el Gobierno, estos programas ahora serán solventados con partidas generales del Ministerio de Seguridad, aunque no se especificó cómo se garantizará su continuidad.
Argumentos oficiales: eficiencia y ahorro
La administración libertaria justificó la medida como parte de su plan para «optimizar el funcionamiento del Estado» y reducir el gasto público. Según el decreto, la centralización del organismo permitirá una «mayor coordinación con las políticas de seguridad nacionales», manteniendo las funciones técnicas de registro y control. «Las tareas de apoyo necesarias serán cumplimentadas por el Ministerio, lo que redundará en una disminución de costos», sostiene el texto.
Fin de una era: la ANMAC y sus funciones
La ANMAC había sido creada en 2015 mediante una ley del Congreso, con el objetivo de regular y fiscalizar el uso de armas, explosivos y materiales controlados. Contaba con autonomía financiera y personería jurídica propia, además de impulsar políticas activas para reducir la circulación ilegal de armas y prevenir accidentes. Entre sus responsabilidades figuraban la destrucción de armas incautadas, la colaboración en investigaciones penales y la promoción de campañas de desarme.
Con esta decisión, el Gobierno avanza en su agenda de desregulación y reestructuración del Estado, aunque la medida ya genera críticas por el impacto que podría tener en las políticas de seguridad y prevención de la violencia. Mientras algunos sectores celebran la simplificación de trámites para usuarios legales, otros advierten sobre los riesgos de debilitar los mecanismos de control en un país con altos índices de delitos con armas de fuego.
El tiempo dirá si el retorno al RENAR cumple con los objetivos de eficiencia prometidos o si, por el contrario, representa un retroceso en la lucha contra la proliferación de armas en la sociedad civil.
