El legislador fueguino Pablo Villegas (Movimiento Popular Fueguino) presentó un proyecto para limitar las medidas de fuerza del SUTEF, que afectan la continuidad escolar. Criticó la «complicidad» del gobierno provincial y alertó sobre la desigualdad educativa que profundizan estos paros encubiertos.
El legislador Pablo Villegas (Movimiento Popular Fueguino) encendió el debate educativo al presentar un proyecto para regular las «desobligaciones» docentes, una práctica sindical exclusiva de Tierra del Fuego que, según advirtió, «naturaliza la interrupción del derecho a aprender». En diálogo con FM la Isla, el parlamentario aseguró que la medida busca «imponer reglas claras» ante la inacción del gobierno provincial, que calificó de «cómplice» por tolerar paros encubiertos que escalaron hasta cuatro veces por semana.
«Los últimos tres años, especialmente pospandemia, las desobligaciones se volvieron un recurso ácido y recurrente del SUTEF. Hoy lo extraordinario es que un alumno tenga clases normales», afirmó Villegas. El proyecto, respaldado por su bloque, apunta a obligar al sindicato, al Ministerio de Educación y al de Trabajo a notificar y acatar pautas ante estas acciones, evitando lo que define como un «ejercicio abusivo» del derecho de huelga.
El legislador insistió en que la iniciativa no vulnera las garantías sindicales, sino que las enmarca en la ley: «La Corte Suprema ya estableció que la relación docente-Estado se rige por el derecho público provincial. No hay derechos absolutos: cuando un sindicato convoca un paro, el empleador puede descontar el día no trabajado. Con las desobligaciones, evaden esas consecuencias».
Villegas destacó el impacto social de estas medidas. «Hay estudiantes de primera y de segunda: los de escuelas privadas no sufren esto, mientras que en las públicas se profundiza la desigualdad. Los más vulnerables, aquellos a quienes el Estado debe proteger, son los más perjudicados», subrayó. Citó casos de alumnos sin acceso a tecnología o con entornos familiares críticos, para quienes la discontinuidad escolar «les roba oportunidades de futuro».
La «complicidad» del gobierno
El fueguino cargó contra la administración provincial: «El gobernador y el ministro de Educación amenazan con actuar, pero son como padres que no cumplen sus advertencias. Hay una omisión deliberada en garantizar el derecho a la educación». Recordó que, pese a existir leyes como la 6.31 (deberes docentes) y otra que declara «esenciales» los servicios de comedores escolares, no se aplican sanciones ante las desobligaciones.
Sobre los apoyos en la Legislatura, Villegas confirmó conversaciones con otros bloques, aunque admitió que las posturas varían según «experiencias personales» de los legisladores. «Es un tema que divide según si fueron a escuela pública o privada, o dónde escolarizan a sus hijos», reconoció. Confía en que el proyecto se tratará tras el receso de julio.
Seguridad: críticas al traslado de detenidas y fondos «desviados»
Al ser consultado sobre seguridad, Villegas cuestionó el traslado de mujeres detenidas desde Ushuaia a Río Grande por hacinamiento: «No es un logro. Se cerró un espacio de pre-egreso para alojarlas en condiciones inadecuadas». Denunció además que fondos específicos para policía, provenientes de tasas de seguridad privada, fueron declarados «de libre disponibilidad» en enero. «Mientras, obras anunciadas, como la nueva cárcel en Ushuaia, siguen en veremos», cerró.
Con un llamado a «priorizar el derecho a la educación sobre la protesta indiscriminada», Villegas plantea un debate que trasciende lo gremial: cómo evitar que la conflictividad laboral docentedesgaste el futuro de los estudiantes fueguinos.
