Legisladores de Unión por la Patria acusaron a la magistrada de «mal desempeño» y «desvío de poder» tras ordenar allanamientos violentos y enviar a activistas a una prisión de máxima seguridad por una presunta contravención municipal.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado enfrenta una grave denuncia ante el Consejo de la Magistratura por su manejo de la causa iniciada tras una protesta simbólica frente a la residencia del diputado José Luis Espert. Los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley, integrantes del organismo de control judicial, acusaron a la magistrada de «mal desempeño en sus funciones» tras ordenar detenciones cuestionadas y allanamientos en edificios públicos, acciones calificadas como «ilegales» y «desproporcionadas».
El caso se originó cuando un grupo de militantes peronistas colocó un pasacalle y dejó excremento equino en las inmediaciones del domicilio del legislador oficialista en San Isidro. Pese a la mínima gravedad del hecho —que, según los denunciantes, no supera el ámbito contravencional municipal—, la jueza dispuso el encarcelamiento en el penal de máxima seguridad de Ezeiza para cinco personas, entre ellas dos funcionarias públicas.
Recalde, en un mensaje publicado en su cuenta de X, tildó la situación de «vergonzosa» y exigió la «inmediata liberación» de los detenidos: Alexia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes. «Ninguna expresión política justifica privar de la libertad a personas, menos en una cárcel de peligrosos», remarcó.
Por su parte, Siley sostuvo que la conducta de Arroyo Salgado configura un «desvío de poder», ya que las detenciones se ejecutaron con violencia y en horario nocturno, afectando no solo a los imputados, sino también a sus familias. «No conocemos los delitos que se les atribuyen porque el expediente está bajo secreto de sumario», denunció, al tiempo que advirtió sobre el carácter político de la persecución.
La causa quedó bajo escrutinio luego de que Espert —aliado del presidente Javier Milei— impulsara la investigación, respaldada por la ministra Patricia Bullrich. Críticos del gobierno señalan que el operativo se enmarca en una «oleada represiva» contra opositores y periodistas.
Entre las detenidas figura Alexia Abaigar, directora en el Ministerio de la Mujer bonaerense, quien tras una semana en prisión obtuvo este miércoles el arresto domiciliario. Otra de las implicadas es Eva Mieri, concejala de Quilmes y dirigente de La Cámpora, cuya captura motivó un duro cuestionamiento de la intendenta Mayra Mendoza. «Esto recuerda a los años más oscuros de nuestra historia», afirmó la jefa comunal, en alusión a los allanamientos realizados de madrugada en dependencias municipales.
Mientras la Cámara Federal de San Martín evalúa revisar las órdenes de prisión, los denunciantes insisten en que el Consejo debe investigar y sancionar a la jueza. «Si hay responsabilidad, que asuma las consecuencias», sentenció Recalde, en un clima de creciente tensión entre el oficialismo y los sectores opositores.
El desenlace del caso podría sentar un precedente sobre los límites de la protesta y el uso del poder punitivo en un contexto marcado por la polarización.
