El Gobierno modifica por decreto la estructura de la Agencia I+D+i, reduciendo su autonomía y alineándola con sus prioridades. Expertos denuncian un vaciamiento sistemático del sistema científico, mientras se anticipan cambios similares en el Conicet y otros organismos clave.
El Gobierno acelera su embate contra la ciencia argentina
La administración de Javier Milei profundiza su ofensiva contra el sistema científico nacional. Con la excusa de «eliminar trabas burocráticas», el Ejecutivo modificó por decreto la composición del comité directivo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), un organismo clave en el financiamiento de proyectos de investigación. Los cambios, publicados este viernes, reducen drásticamente su autonomía y concentran las decisiones en manos del Poder Ejecutivo.
Hasta ahora, el directorio de la Agencia estaba integrado por un presidente y diez vocales, representantes de diversas áreas del conocimiento y con criterio federal. Sin embargo, la nueva normativa establece que estará conformado únicamente por un presidente —con rango de secretario— y dos directores, designados a dedo por el Gobierno y sin remuneración. Además, el organismo pasará a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, una cartera que, desde el inicio de la gestión, ha incumplido sistemáticamente con la ejecución del presupuesto asignado por ley.
Un sistema en emergencia
La inversión estatal en ciencia y tecnología no atraviesa su mejor momento. Según datos oficiales, actualmente se destina apenas el 0.15% del PBI al sector, una cifra inferior incluso a la registrada en 2002 (0.17%) y lejos del 0.45% establecido por la legislación vigente. Este recorte presupuestario ha paralizado por completo los fondos para investigaciones en áreas estratégicas como salud, energía, producción de alimentos y transición digital.
Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta desinversión es el caso de la vacuna ARVAC «Cecilia Grierson», desarrollada localmente contra el COVID-19 con apoyo de la Agencia. Hoy, ese tipo de proyectos ya no recibe financiamiento. «Desde que asumió este Gobierno, no queda en pie ningún fondo ni forma de subsidio», advierten desde el sector.
Voces críticas: «Destruyen décadas de construcción»
La medida ha generado un fuerte rechazo en la comunidad científica. Ana Franchi, expresidenta del Conicet, señaló que la reforma busca «disminuir la importancia» de la Agencia, principal financiador de proyectos de investigación en el país. Por su parte, el biólogo molecular Alberto Kornblihtt destacó que el organismo lleva más de un año sin desembolsar fondos a grupos de investigación, pese a tener aprobados subsidios tras rigurosas evaluaciones.
«Las modificaciones estatutarias parecen apuntar a consolidar la destrucción de un sistema que costó décadas construir», afirmó Kornblihtt. En la misma línea, la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) denunció que el Gobierno busca «vetar la incorporación de voces disonantes» en un organismo ya vaciado.
¿El Conicet, próximo en la mira?
Los temores no se limitan a la Agencia I+D+i. En las últimas semanas, circularon versiones sobre una posible reforma en el Conicet, donde se especula con cambios en su directorio para incluir representantes afines al oficialismo o incluso reducir su número y eliminar la elección democrática de autoridades.
Jorge Geffner, inmunólogo e investigador del Conicet, alertó sobre el deterioro salarial y la falta de ingresos a la Carrera del Investigador: «Los salarios son paupérrimos, y el sistema está siendo estrangulado». Kornblihtt, por su parte, anticipó que el Gobierno podría censurar líneas de investigación vinculadas a cambio climático, género o disciplinas sociales, consideradas «improductivas» bajo su lógica mercantilista.
Un patrón que se repite
La estrategia no es nueva. Durante el macrismo, el discurso oficial también buscó deslegitimar ciertas investigaciones para justificar recortes. Ahora, el Gobierno extiende su motosierra a otros organismos como el INTA, el INTI y el INA, cuyos fondos pasarán a ser administrados centralmente por los ministerios, perdiendo autonomía presupuestaria.
Mientras Milei proclama su lucha contra el déficit, las universidades nacionales —otro pilar del conocimiento— enfrentan un desfinanciamiento histórico, con docentes que emigran y instituciones al borde del colapso. Para los expertos, más allá de los números, el verdadero objetivo del Gobierno es ganar la batalla cultural: controlar qué se investiga y qué no, bajo una lógica que privilegia el rédito económico sobre el impacto social.
El escenario es preocupante: décadas de avances científicos, en riesgo por una gestión que parece decidida a demoler desde adentro todo aquello que no se ajuste a su ideario.
