Un juicio oral expone las prácticas ilegales en la Unidad Carcelaria 1, donde funcionarios, internos y familiares operaban en un sistema de favores a cambio de dinero. Testimonios clave detallan el entramado delictivo.
La trama corrupta dentro del penal
En el corazón de la Ciudad Judicial de Salta, avanza un proceso judicial que devela los oscuros mecanismos de una organización criminal integrada por funcionarios del Servicio Penitenciario, reclusos de la Unidad Carcelaria 1 y sus allegados. Las audiencias públicas han permitido reconstruir un sistema de ilegalidades que operaba con impunidad en el penal de Villa Las Rosas, al este de la capital provincial.
Las declaraciones de testigos, entre ellos agentes penitenciarios y un comisario investigador, han expuesto con crudeza cómo se comercializaban beneficios a cambio de sobornos. Desde permisos de salida hasta la introducción de objetos prohibidos, todo tenía un precio dentro de los muros de la prisión.
El rol clave de un investigador
El comisario Juan Pablo Sánchez, al frente de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), se erigió como una figura central en el desmantelamiento de la red. Fue el primero en declarar y detalló minuciosamente cómo se desarrolló la pesquisa, que incluyó intervenciones telefónicas y seguimientos dentro del complejo carcelario.
Según su testimonio, los detenidos fueron clave para identificar a los responsables de recibir pagos ilícitos. Entre ellos, celadores, jefes de pabellón y miembros de la Junta Correccional. «Todo era un negociado en el interior del penal», enfatizó el comisario, al describir cómo se facilitaban traslados, se adulteraban informes de conducta y se permitía el ingreso de drogas y teléfonos móviles.
El rastro del dinero
Uno de los hallazgos más contundentes fue la trazabilidad financiera que vinculó más de 113 cuentas bancarias a 17 de los imputados. Estas habrían sido utilizadas para mover fondos entre familiares, internos y funcionarios en solo cinco meses, entre finales de 2022 y principios de 2023.
Además, durante un allanamiento en la oficina de un alto mando penitenciario, se incautaron «puntas carcelarias», elementos que, según la fiscalía, eran utilizados como moneda de cambio para negociar privilegios con los reclusos.
Los audios que lo confirmaron todo
La jornada judicial cobró mayor dramatismo al reproducirse grabaciones de conversaciones entre acusados y sus familiares. En una de ellas, el interno Manuel Méndez se jactaba ante su madre de haber obtenido «diez puntos de conducta» sin respetar las normas, mientras ambos se burlaban de la facilidad con la que manipulaba a los guardias para conseguir favores.
Otro de los focos apuntó a Sergio Faustino Moya, exjefe de seguridad externa, acusado de organizar traslados fraudulentos y cobrar por permitir el ingreso de alimentos y pertenencias. Según Sánchez, Moya mantenía sus actividades ilícitas incluso desde la Alcaldía de la Ciudad Judicial y, paralelamente, desde la Secretaría de Gobierno municipal.
Beneficios para un condenado por abuso
Uno de los casos más escandalosos involucra a Lautaro Teruel, condenado por abuso sexual, quien habría logrado un régimen carcelario privilegiado gracias a pagos coordinados por Baldomero Darío Córdoba, señalado como nexo externo de la organización. Teruel fue trasladado a un pabellón reservado para exagentes de seguridad tras una transferencia de $100.000 a la esposa de Francisco Bisceglia, otro de los imputados.
La voz de una exdirectora
Carina Torres, quien estuvo al frente del Servicio Penitenciario entre 2022 y 2024, ratificó los dichos del comisario Sánchez y admitió que las irregularidades venían de gestiones anteriores. Reveló que, al asumir, recibió alertas sobre entregas de pizzas mediante delivery a internos y otorgamientos de beneficios sin documentación respaldatoria.
Torres vinculó las represalias en su contra —investigaciones que enfrentó— con su decisión de denunciar a ocho funcionarios, lo que derivó en el actual juicio. «Todo esto me perjudicó», afirmó durante su declaración.
El juicio continúa
La audiencia también contó con el testimonio de Reynaldo Herrera, jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario, quien confirmó que bajo la gestión anterior los reportes se hacían de forma verbal, dificultando el registro de irregularidades. Mencionó, además, el polémico ingreso de pizzas captado en un video que será presentado como prueba.
El proceso seguirá su curso con más declaraciones, mientras la Justicia busca desentrañar hasta dónde llegaban los hilos de esta red delictiva que corrompió el sistema carcelario salteño.
