La Conmebol dio de baja el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile tras graves incidentes en las tribunas. Con diez heridos y noventa arrestos, el caso queda en manos del tribunal disciplinario, mientras las acusaciones cruzan la cordillera y hasta el presidente chileno se pronunció.
En una noche que debía estar dedicada al fútbol, la violencia se adueñó del estadio Libertadores de América. El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile fue oficialmente cancelado por la Conmebol tras desatarse una batalla campal entre seguidores de ambos equipos. El saldo de la trágica jornada fue de al menos diez personas lesionadas y noventa individuos detenidos, en un episodio que empaña nuevamente al deporte.
Los hechos de violencia comenzaron cuando simpatizantes del equipo chileno, ubicados en la sector alto de la tribuna Pavoni, iniciaron el lanzamiento de objetos contundentes y proyectiles hacia la zona inferior, donde se encontraban los hinchas locales. Ante la lluvia de elementos, numerosos seguidores del “Rojo” se vieron forzados a buscar refugio desesperado bajo los techos de las gradas, mientras que otros optaron por invadir el terreno de juego con el objetivo de interrumpir el desarrollo del encuentro.
A través de los altoparlantes del coliseo, se solicitó en reiteradas oportunidades el desalojo inmediato de la hinchada visitante para poder dar continuidad al juego. No obstante, los ataques y enfrentamientos se intensificaron, lejos de amainar. La crítica situación se agravó debido a la notoria ausencia de un operativo policial contundente que pudiera controlar el caos desatado.
La respuesta de la barra brava local no se hizo esperar, complicando aún más el escenario. Se registraron corridas descontroladas, robos y agresiones generalizadas dirigidas contra los pocos seguidores chilenos que permanecían en el recinto. En actos de desesperación, al menos dos hinchas visitantes se lanzaron al vacío desde lo alto de la tribuna para escapar de los ataques. El árbitro decidió suspender el partido en el minuto 48, con el marcador igualado 1-1. Con la cancelación definitiva, el destino de la serie y las severas sanciones que impondrá el tribunal disciplinario de la Conmebol quedan en suspenso.
Las repercusiones políticas e institucionales fueron inmediatas y cruzaron fronteras. La Conmebol, al hacer oficial la cancelación, señaló la «flagrante falta de garantías de seguridad» por parte del club anfitrión y derivó el caso a su órgano disciplinario. Néstor Grindetti, presidente de Independiente, tildó el accionar de los simpatizantes chilenos de «repudiable» y acusó que «destrozaron los baños» del estadio.
Desde Chile, Michael Clark, gerente de Universidad de Chile, aseguró que «el fútbol ahora pasa a un segundo plano». La polémica escaló hasta la esfera presidencial cuando Gabriel Boric, mandatario del país trasandino, emitió un contundente comunicado. Boric culpó tanto a la «violencia arraigada en las barras bravas» como a la «evidente irresponsabilidad en la organización» del evento, y ordenó a su embajador en Argentina asistir personalmente a los chilenos heridos. El incidente no fue solo un partido cancelado, sino un nuevo capítulo de una problemática que excede al deporte.
