El juez federal Ernesto Kreplak inició las declaraciones de los diez detenidos y extendió la pesquisa hacia posibles complicidades y negligencias en organismos de control nacionales. En un giro significativo, revocó la personería de querellante al Ministerio de Salud de la Nación.
Bajo una lupa judicial implacable, el juez federal Ernesto Kreplak dio inicio este jueves a la indagatoria de los diez implicados en la causa por la distribución de fentanilo adulterado, un caso gravísimo que ha conmocionado al sistema de salud. La pesquisa, sin embargo, traspasa las puertas de los laboratorios involucrados para apuntar hacia lo que el magistrado definió como las potenciales “omisiones y/o connivencias” de las agencias estatales de fiscalización. Esta decisión motivó una medida sin precedentes: la exclusión de la cartera sanitaria nacional de su rol como acusador particular en el proceso.
Tras una extensa jornada de allanamientos y arrestos realizados la noche anterior, el titular del Juzgado Federal N°3 comenzó a tomar declaración a los principales directivos y responsables técnicos de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma. Entre los detenidos que enfrentarán interrogatorio figuran Ariel Fernando García Furfaro, propietario de ambas firmas; sus hermanos y su madre, quienes participan en la gestión y dirección; así como los directores generales, técnicos y accionistas clave de las compañías. La ronda de declaraciones se extenderá durante la jornada del viernes y buena parte de la próxima semana.
De acuerdo con lo manifestado por el Ministerio Público Fiscal, la fiscal María Laura Roteta solicitó condenas que oscilan entre los diez y los veinticinco años de prisión para los acusados, al amparo del artículo 201 bis del Código Penal, que castiga con severidad los envenenamientos resultantes de la adulteración de medicamentos. Desde la querella, el letrado Carlos Nayi se manifestó “muy conforme” con el rumbo de la investigación, afirmando que la causa “tiene piso pero no tiene techo” y que “llegó el momento de la justicia”.
En un desarrollo paralelo de suma relevancia, el juez Kreplak decidió orientar formalmente la investigación hacia el desempeño de los órganos de control dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. Esta determinación acoge un pedido formulado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, que ya ha analizado 273 expedientes administrativos para fundamentar la necesidad de indagar la conducta de los organismos públicos que debían supervisar a estos laboratorios.
En un escrito fundacional, Kreplak explicó que la evidencia recolectada en esta primera etapa no solo justifica imputar a los directivos de las empresas, sino que también “ha generado el grado de sospecha suficiente para orientar la continuidad de la investigación hacia las posibles responsabilidades derivadas de omisiones y/o connivencias que pudieran existir en los órganos de control”. Fue esta expansión del objeto de la pesquisa la que llevó al magistrado a revocar inmediatamente la legitimación del Ministerio de Salud de la Nación como querellante. El juez argumentó que el “genérico interés por la salud pública” alegado por la cartera que ahora es investigada resulta insuficiente para mantenerla en el rol de acusador.
El otro flanco de la investigación se centra en el posible accionar de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y en una eventual desviación del potente analgésico hacia el mercado ilegal, razón por la cual también interviene la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Fuentes del sector farmacéutico advirtieron sobre un preocupante vaciamiento de personal idóneo en el Iname y la Anmat, producto de desregulaciones y ajustes, lo que habría mermado drásticamente la capacidad de control. Incluso se mencionan sospechas de prácticas corruptas y solicitudes de coimas por parte de algunos funcionarios. Cabe destacar que, si bien la Anmat inició una inspección en noviembre de 2024 y ordenó la inhibición del producto el pasado 10 de febrero, los lotes contaminados ya se habían distribuido en enero.
El punto de inflexión que impulsó las detenciones fue un contundente informe del instituto ANLIS-Malbrán, el cual alertó sobre “riesgos significativos” en los registros de fabricación de los lotes incriminados, los cuales comprometían de lleno la calidad y seguridad del fármaco. El dictamen fiscal subrayó las “falencias estructurales” detectadas en los procesos productivos, fallas determinantes que permitieron la comercialización de un medicamento contaminado, exponiendo a miles de pacientes en todo el país a un “riesgo sanitario concreto” de consecuencias trágicas.
