Documentos y audios filtrados revelan que el ajuste en la ANDIS fue una estrategia deliberada del Gobierno. Aprovechando fallos logísticos en un operativo millonario, buscan eliminar el beneficio de quienes no recibieron una citación, vulnerando derechos fundamentales.
En medio de la tormenta de corrupción que envolvía a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), su entonces director, Diego Spagnuolo, impulsó una auditoría que terminó por configurar el marco perfecto para un ajuste sin precedentes en el sistema de pensiones. Antes de ser destituido por el escándalo de los medicamentos, el exfuncionario dejó implementado un mecanismo que ahora permite al Gobierno nacional dar de baja a aproximadamente quinientas mil personas que perciben este beneficio vital.
El propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió ante el Congreso que el Ejecutivo avanza con la suspensión de las asignaciones, basándose en que esos beneficiarios no habrían recibido la carta documento que los convocaba a realizar los controles médicos y administrativos exigidos para mantener la pensión. Esta justificación encuentra su sustento en un decreto firmado en septiembre por Federico Sturzenegger, que establece precisamente que el no recibo de la citación es causal suficiente para la eliminación del subsidio. La maniobra intenta culpar a los titulares por no mantener actualizado su domicilio, una excusa para enmascarar una poda premeditada.
La estrategia ya estaba plasmada en las metas del presupuesto para el año 2025, donde se prevé una reducción drástica: de 1.266.945 pensiones vigentes a principios de año, se planea que para diciembre solo se abonen 749.451. Un objetivo que se alinea con el denominado «plan motosierra» de recortes del gasto público.
Los audios filtrados que involucran a Spagnuolo detallan la operatoria. En las grabaciones, el exfuncionario señala el interés directo de Sturzenegger en intervenir en el proceso, al punto de afirmar con contundencia: «Bajar las pensiones es tarea mía». Mientras el ministro aportaba el marco legal con su decreto, Spagnuolo ejecutaba la auditoría sobre el terreno.
Las consecuencias de este proceso recaen brutalmente sobre las personas con discapacidad. Centenares se acercan diariamente a las oficinas de la ANDIS, formando largas colas que rodean la manzana, al descubrir que sus cuentas están vacías. Los trabajadores del organismo relatan el drama de tener que explicar una auditoría de la que casi nadie tuvo noticia, calificándola como un «maltrato descarado» a quienes genuinamente necesitan la ayuda. La presión sobre estos empleados es extrema, forzados a realizar horas extras los fines de semana para procesar la mayor cantidad de bajas posibles, muchas de ellas decididas de manera fría y aleatoria desde una planilla digital, sin contacto humano alguno.
Para Belén Arcucci, politóloga y directora del área de Discapacidad de la ACIJ, «la auditoría fue una excusa para ajustar». Subraya que las eliminaciones «están vinculadas al propio diseño del operativo, que no fue pensado para las personas a las que estaba destinado», lo que resulta en medidas arbitrarias que vulneran derechos fundamentales.
Lejos de encontrar las miles de irregularidades que pregonaba, la auditoría apenas detectó un puñado de casos: 7.211 pensiones cobradas por personas fallecidas y 9.027 renuncias voluntarias. En cambio, generó un caos nacional, obligando a personas con condiciones permanentes y congénitas a revalidar sus diagnósticos. Un informe reciente detalla los obstáculos insalvables: viajes de cientos de kilómetros para atenderse, falta de turnos, confusiones burocráticas y una total ausencia de apoyos para quienes más lo necesitan.
El fracaso logístico fue la pieza clave del plan. De las casi un millón de cartas documento enviadas mediante una licitación millonaria con la empresa Andreani, más de quinientas mil nunca llegaron a su destino. El Gobierno invirtió una fortuna en un sistema que estaba destinado a fallar, para luego usar ese mismo fracaso como argumento para el recorte. Hasta la fecha, ya se han eliminado 111.463 pensiones, y la cuenta continúa. Los audios confirman que incluso la operación de prensa que utilizó el caso de la radiografía de un perro para desprestigiar el sistema era conocida por el portavoz oficial, Manuel Adorni, a pesar de que internamente se sabía que esa denuncia particular era falsa. La estrategia, desde el principio, estuvo basada en una narrativa convenientemente armada.
