La Organización Mundial de la Salud emitió una advertencia formal ante la circulación de lotes de fentanilo adulterado, mientras el Gobierno nacional demora en el Congreso el tratamiento para crear una comisión que investigue el escándalo farmacéutico.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó una alerta sanitaria de carácter urgente dirigida a la Argentina, advirtiendo sobre la presencia de fentanilo contaminado en el mercado local y exigiendo el inmediato retiro de todos los productos fabricados por Laboratorios Ramallo y HLB Pharma. Estas empresas, propiedad de Ariel García Furaro —quien actualmente se encuentra privado de su libertad— habrían elaborado partidas del potente analgésico bajo graves incumplimientos de los protocolos de fabricación, poniendo en riesgo la vida de los pacientes.
A través de un comunicado oficial identificado como Alerta 4/2025, el máximo organismo internacional de salud manifestó que la información en su poder confirma que diversos lotes del fentanilo distribuido bajo la marca HLB se encuentran adulterados. Además, extendió la advertencia a todos los productos de administración inyectable o parenteral fabricados por estos laboratorios a partir de febrero de 2022, ya que podrían igualmente estar comprometidos. La OMS fundamentó su posición en las “graves deficiencias” en las buenas prácticas de manufactura constatadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
El documento recordó que, desde mayo pasado, se tiene registro de un brote mortal de infecciones bacterianas en territorio argentino, directamente asociado con un lote específico de fentanilo inyectable —identificado como lote 31202—, contaminado con cepas de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii resistentes a los antimicrobianos. Asimismo, la OMS alertó sobre la posibilidad de que estos productos defectuosos hayan sido desviados hacia el mercado informal o incluso exportados a otras naciones, ampliando el riesgo sanitario más allá de las fronteras locales.
En el ámbito político, la situación generó un inmediato repudio y una demanda de acción legislativa. El diputado nacional Pablo Yedlin, presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja, calificó el hecho como “una vergüenza” para el país. “Que la OMS tenga que salir a advertir que un laboratorio autorizado es un peligro para la salud mundial en un país con organismos de control prestigiosos es muy grave”, afirmó el legislador en diálogo con este medio.
Yedlin también denunció que el Poder Ejecutivo está demorando de manera intencional el avance en el Congreso de un dictamen unificado para crear una comisión investigadora dedicada exclusivamente al caso. Aunque existirían acuerdos entre los bloques opositores para emitir el dictamen esta misma semana, la iniciativa se vería frenada por una maniobra del oficialismo, al introducirle un giro adicional que retrasa su tratamiento en el recinto.
Cabe recordar que la Anmat ya había suspendido la actividad productiva de Laboratorios Ramallo el pasado 24 de febrero, tras detectar irregularidades clasificadas como “críticas y graves” en múltiples áreas de producción, lo que comprometía directamente la seguridad y eficacia de sus productos. Posteriormente, se prohibió en todo el territorio nacional el uso, la distribución y la comercialización de todos los artículos de HLB Pharma, y se ordenó su retirada inmediata. No obstante, el comunicado de la OMS subraya la posibilidad latente de que partidas de calidad inferior o directamente contaminadas sigan circulando de manera ilegal.
Para Yedlin, la gravedad del alerta internacional reside en que no se limita a un lote específico, sino que cuestiona la totalidad de la producción de estos laboratorios. “Por eso es crucial que se identifique y se sancione a todos los responsables, tanto judiciales como políticos, que permitieron que esto sucediera”, recalcó. El parlamentario también aprovechó para enfatizar la urgencia de aprobar una ley que formalice la creación de la Anmat —entidad vigente por decreto desde 1992—, otorgándole autarquía, independencia financiera y mejores salarios para sus técnicos y profesionales. “Controlar a la industria farmacéutica es una tarea de alta complejidad que no puede realizarse con estructuras salariales deficientes”, concluyó, señalando una de las deudas históricas del sistema de salud argentino.
