La ministra de Seguridad aseguró que el Gobierno no solicitó allanamientos, pero una lectura del escrito judicial durante su entrevista reveló lo contrario. El hecho generó un masivo repudio en el arco periodístico, incluyendo a figuras afines al oficialismo.
En un giro de eventos que expuso una profunda contradicción en el seno del Gobierno nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intentó desvincular al Ejecutivo de la solicitud de allanamientos contra los comunicadores Jorge Rial y Mauro Federico, solo para que su argumento se desmoronara en directo al ser confrontada con el contenido de la denuncia presentada por su propia cartera.
El insólito episodio se desarrolló durante una entrevista en el prime time televisivo, pocas horas después de que trascendiera la medida judicial. Frente a las cámaras de A24, el conductor Pablo Rossi interrogó a la funcionaria sobre la polémica decisión, vinculada a la divulgación de audios atribuidos a Karina Milei. “Siento que ustedes han ordenado el allanamiento de sus domicilios”, afirmó Rossi. Con vehemencia, Bullrich replicó: “No, no, no, nosotros no hemos pedido nada. Le dejo acá la denuncia. Nosotros pedimos que la Justicia determine las medidas procesales para que cese el delito”.
No obstante, la negativa de la ministra fue abruptamente interrumpida. Rossi, asegurando haber analizado el documento, solicitó a un colega que leyera el texto en vivo. Fue entonces cuando el abogado y periodista Gabriel Iezzi tomó la palabra y citó textualmente la página 18 de la presentación: “Ordénese allanamientos y secuestros forenses en las oficinas y estudios de Carnaval Stream, dispóngase el allanamiento en los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino, Mauro Federico”. “Están pidiendo el allanamiento”, remarcó Rossi, dejando en evidencia la discrepancia.
Ante la prueba fehaciente, Bullrich alteró su defensa. Insistió en que el espíritu del pedido no era una irrupción policial, sino “construir la prueba” para detener la filtración del material. “La Justicia puede decidir lo que quiera”, argumentó, deslizando luego un ataque directo contra los periodistas involucrados: “No son periodistas, el periodista tiene otra construcción. Estos no son periodistas”.
El incidente amplificó el ya extendido repudio hacia la medida judicial desde diversos sectores del mundo de la comunicación, incluyendo a voces habitualmente cercanas al gobierno libertario. El reconocido conductor Eduardo Feinmann manifestó en la red social X: “Repudio todo acto de censura previa dictada por un juez en lo civil. Es un duro ataque a la libertad de prensa y expresión”.
En la misma sintonía, Luis Novaresio arremetió con enojo contra el magistrado interviniente, Alejandro Marianello: “Un juez evalúa allanar un medio de comunicación y prohíbe difundir audios que no conoce. Si eso no es censura previa, quememos los libros de derecho constitucional”. Por su parte, Rossi, desde su programa, cuestionó la prohibición de difundir contenidos que, a su juicio, comprometen seriamente a funcionarios públicos y generan un legítimo estupor en la ciudadanía, demandando explicaciones frente a la presunción de delito.
La situación no solo dejó al descubierto una aparente falta de coordinación al interior del Gobierno, sino que también intensificó el debate sobre los límites de la libertad de prensa y la utilización de herramientas judiciales en medio de un escándalo de alto impacto político.
