La oposición judicializó la demora en la implementación de la ley. El juez Casanello investigará a Milei y a Francos. La tensión política y social se agrava mientras las familias esperan por las pensiones.
El Gobierno nacional atraviesa uno de los momentos más críticos desde el inicio de su administración, enfrentando un fuerte desgaste político e institucional tras el rechazo legislativo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La situación se agravó cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, puso en duda públicamente la viabilidad financiera de la norma, lo que generó una reacción inmediata de la oposición y derivó en una presentación judicial por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los diputados Esteban Paulón, de Hacemos por Nuestro País, y Mónica Fein, del Partido Socialista, formalizaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, Francos y otros altos funcionarios, acusándolos de retrasar deliberadamente la aplicación de la ley. El juez federal Sebastián Casanello admitió la causa y anunció que investigará las acciones del Ejecutivo, incluyendo la posible figura de abandono de persona.
Paulón expresó en redes sociales: «Queremos saber por qué el Gobierno está demorando la publicación oficial. Necesitamos que las familias comiencen a percibir sus pensiones. Terminen con la crueldad». La denuncia, radicada en el Juzgado Federal N° 11, también incluye a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y al director del Registro Oficial, Walter Rubén González.
El conflicto se desató después de que Francos cuestionara el origen de los fondos para financiar la ley, señalando que el Congreso debe indicar la partida presupuestaria correspondiente al sancionar una norma. Sus declaraciones encendieron las alarmas entre organizaciones sociales y legisladores, quienes consideraron que se buscaba eludir una obligación constitucional.
Uno de los puntos centrales del debate es el plazo legal para la promulgación de la ley. El diputado Daniel Arroyo, autor de la iniciativa, sostuvo que el Gobierno tiene hasta el próximo martes para ponerla en marcha. «Es obligación que el Jefe de Gabinete transfiera la partida presupuestaria al área de discapacidad», afirmó. No obstante, desde la Casa Rosada rechazaron las críticas y calificaron la denuncia como «una vergüenza», argumentando que aún están dentro de los plazos establecidos.
Mientras tanto, la situación de las personas con discapacidad se torna cada vez más desesperante. La pensión por invalidez laboral asciende a $224.194,02 mensuales, más un bono extraordinario de $70.000, sumando un total de $294.194,02. Un muesto insuficiente frente al costo de vida y los honorarios de profesionales de apoyo, como docentes integradoras, que cobran alrededor de $3.000 por hora.
Frente a este panorama, surgió una luz de esperanza desde Formosa, donde un amparo presentado por el Defensor del Pueblo logró que se reactiven las pensiones no contributivas suspendidas. La medida sienta un precedente alentador para que otras provincias repliquen la iniciativa en un contexto nacional marcado por la incertidumbre y la urgencia social.
