Alejandro Álvarez, secretario de Políticas Universitarias, aseguró que no halló pruebas de los “manejos irregulares” que él mismo denunciaba en el sistema universitario público, generando una crisis de credibilidad en el oficialismo.
En una confesión que desnuda la grieta entre el relato oficial y los hechos concretos, el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, reconocido por su cercanía al presidente Javier Milei, admitió de manera insólita que no ha logrado detectar los presuntos “curros” y casos de corrupción que desde su cartera se han venido imputando de manera sostenida contra docentes y rectores de las universidades nacionales.
La revelación se produjo durante una entrevista en la que, tras esbozar nuevamente las graves acusaciones, se le consultó de manera directa sobre qué irregularidades específicas había descubierto en sus auditorías. La respuesta del funcionario fue elocuente y contundente: “No, nunca, curro, curro… no”. Esta admisión, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, dejó al descubierto la profunda contradicción de una gestión que ha basado su retórica en la supuesta existencia de un sistema corrupto, sin presentar hasta el momento evidencia alguna que sustente dichas afirmaciones.
Este episodio no hace más que profundizar la polémica en torno a la figura de Álvarez, cuyo propio historial académico ha sido cuestionado públicamente. Según consta en registros de la Universidad de Buenos Aires, durante su paso por la Facultad de Ciencias Exactas el ahora secretario no logró aprobar ninguna materia y ni siquiera completó el Ciclo Básico Común, un dato que sus críticos esgrimen para poner en tela de juicio su idoneidad para evaluar la complejidad del sistema que hoy administra.
Analistas políticos señalan que el caso del secretario se inscribe en un patrón recurrente dentro del gobierno nacional, caracterizado por la emisión de denuncias espectaculares carentes de sustento judicial o administrativo. Situaciones similares se han observado en otros organismos, como Capital Humano y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde acusaciones de desvío de fondos no han sido corroboradas por la Justicia. Mientras tanto, las investigaciones por corrupción de mayor envergadura parecen apuntar en una dirección muy diferente, involucrando a familiares de figuras del poder político.
El incidente trasciende la anécdota y revela una estrategia discursiva preocupante: la utilización de acusaciones públicas no como un instrumento de transparencia, sino como un arma política. El resultado inmediato es que la universidad pública argentina, sus trabajadores y su comunidad educativa quedan expuestos en el centro de una tormenta mediática alimentada por la alarma y la desinformación, erosionando sin pruebas una de las instituciones fundamentales del país.
