Bajo la gestión de Pirovano, el organismo desvió más de 37 mil millones de pesos del Fondo de Fomento Cinematográfico a instrumentos de renta variable. Paralelamente, comunicó de manera informal la clausura de Cine.ar TV y Cine.ar Play, argumentando un costo insostenible de 330 mil dólares anuales, a pesar de contar con los recursos para sostenerlas.
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) ha mutado su esencia. Lejos de su mandato fundacional de promover y financiar la cinematografía nacional, la actual gestión lo ha reconvertido en una suerte de actor financiero que privilegia la especulación sobre la producción cultural. Esta transformación no es retórica: desde diciembre de 2023, no se ha aprobado ningún crédito para películas de ficción, mientras que al mismo tiempo se han destinado sumas millonarias del Fondo de Fomento Cinematográfico a la adquisición de letras del Tesoro, bonos y plazos fijos.
La cifra total invertida en el sistema financiero asciende a la astronómica suma de 37.674.368.020 de pesos, lo que equivale a más de 25 millones de dólares. Esta estrategia de inyectar capital genuino del cine en la timba financiera contrasta de manera brutal con el destino que aguarda a las plataformas públicas. Las autoridades han anunciado extraoficialmente a los trabajadores el cierre definitivo del canal Cine.ar TV y de la plataforma digital Cine.ar Play, alegando la imposibilidad de afrontar un gasto operativo anual estimado en 330 mil dólares.
Esta decisión de paralizar la producción y desmantelar las herramientas de difusión no obedece a una restricción presupuestaria real, sino que parece responder a una convicción ideológica. El INCAA se nutre de recursos autárquicos, provenientes de un porcentaje de la taquilla cinematográfica, de la recaudación de medios audiovisuales y de la venta de videogramas. La Ley de Cine de 1994 estipula claramente que estos fondos deben ser utilizados en el mismo ejercicio anual para impulsar la producción audiovisual. Sin embargo, la administración de Carlos Pirovano ha optado por una interpretación heterodoxa: en vez de financiar films, el dinero se emplea para comprar bonos.
La información sobre estas inversiones fue proporcionada por el propio gobierno nacional a través de una respuesta formal del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados. El argumento esbozado fue que estas operaciones buscan “preservar el valor del Fondo de Fomento”, priorizando instrumentos de “bajo riesgo y alta liquidez” en el marco de una “política financiera prudente”. Mientras el organismo celebra estos superávits contables –llegando a ser publicitados con júbilo por el secretario de Comunicación, Manuel Adorni–, el ecosistema del cine argentino enfrenta una parálisis histórica.
La medida de clausurar las pantallas públicas resulta particularmente inexplicable al contrastarla con los números. El costo de mantener ambos espacios de acceso libre y gratuito para los argentinos representa apenas el 1.3% de los fondos que el INCAA tiene actualmente invertidos en el mercado. Cine.ar Play, por ejemplo, cuenta con más de 2,6 millones de usuarios registrados y superó el millón de visualizaciones anuales en 2023 y 2024. Los datos del primer semestre de 2025, no obstante, reflejan el vaciamiento en curso: apenas se publicaron 140 obras, con una caída estrepitosa en las visualizaciones.
El desguace planificado ignora, además, acuerdos formales preexistentes. Apenas en mayo de este año, el INCAA firmó un convenio con Radio y Televisión Argentina (RTA) para transferirle la señal y la plataforma, junto con su personal y recursos. Un decreto presidencial de marzo también ordenó un traspaso a otra dependencia oficial. Ninguna de estas disposiciones se cumplió, evidenciando una desprolijidad administrativa y una política errática que desnudan el abandono planificado de la cultura.
El eventual cierre no solo significaría la pérdida de una ventana de exhibición crucial para el cine nacional en un contexto de crisis de la taquilla, sino que también pone en grave riesgo uno de los archivos más importantes de la industria: cerca de 9 mil películas digitalizadas que forman parte del patrimonio cultural argentino y que están bajo la custodia del organismo. “Eliminar el acceso democrático es un crimen contra toda la industria audiovisual”, afirmó Ingrid Urrutía, delegada de ATE-INCAA, quien hizo un llamado a toda la comunidad del sector a reaccionar frente a lo que calificó como un “desmantelamiento y ajuste de las entidades públicas culturales”.
