La Mesa de Enlace fue marginada de una decisión clave que benefició a las grandes cerealeras. El malestar del sector y las declaraciones del titular de ARCA abren un frente de conflicto con el Gobierno.
Una ola de indignación recorre el campo argentino tras la abrupta exclusión de los representantes ruralistas de una medida económica de alto impacto. La Mesa de Enlace, histórica interlocutora del sector agropecuario, se encontró deliberadamente al margen de la decisión del Gobierno nacional de eliminar transitoriamente las retenciones a las exportaciones de granos.
La medida, que se mantuvo vigente apenas setenta y dos horas, permitió que las grandes compañías exportadoras liquidaran sus ventas al exterior de manera inmediata, obteniendo una ganancia extraordinaria. Este movimiento relámpago, del cual los pequeños y medianos productores no pudieron beneficiarse por la brevedad del plazo, ha generado un profundo malestar y ha sembrado un manto de sospechas sobre las intenciones oficiales.
Frente al creciente descontento que se extiende por todos los estratos del agro, con la única excepción de los grandes jugadores del comercio cerealero, el Ejecutivo buscó despejar responsabilidades a través de una afirmación por lo menos elocuente. Juan Pazo, titular de la Agencia de Regulación de la Comercialización Agropecuaria (ARCA), se refirió al carácter secreto de la resolución con una frase que resonó con fuerza en los círculos políticos y económicos: “Cuando tomamos una medida, no la sabe nadie”.
Esta declaración, lejos de calmar los ánimos, ha sido interpretada como un reconocimiento tácito de una maniobra discrecional. Para los sectores relegados, la expresión confirma que la implementación fue diseñada para favorecer a un grupo específico, en detrimento de la mayoría de los actores de la cadena productiva. La falta de transparencia y de diálogo previo es señalada como el núcleo del conflicto, planteando un serio cuestionamiento a la forma en que se toman las decisiones que afectan a una de las actividades más vitales de la economía nacional.
La grieta abierta entre el Gobierno y la Mesa de Enlace anuncia un nuevo capítulo de tensión, donde las acusaciones de trato preferencial y las dudas sobre la equidad de las políticas públicas prometen dominar la agenda del sector en los próximos tiempos.
