La administración nacional decidió no ejecutar las normativas de financiamiento para universidades y emergencia pediátrica, promulgadas sin su aval. Aseguran que las normas quedarán en suspenso hasta que se determinen las fuentes de recursos, priorizando la disciplina fiscal.
El Ejecutivo Suspende Normas Clave por Disputa Presupuestaria
En un giro que profundiza el conflicto institucional, el Gobierno nacional confirmó que no implementará las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, sancionadas por el Congreso. La decisión, que ya había sido ensayada con la Ley de Emergencia en Discapacidad, se fundamenta en la falta de partidas específicas para su ejecución. Desde la Casa Rosada señalaron que, aunque promulgarán los textos, no destinarán los recursos necesarios, dejándolas en un limbo administrativo.
Fuentes oficiales explicaron que, si bien el impacto fiscal de la partida pediátrica es reducido, aplicar una norma y rechazar otra generaría una contradicción jurídica. “Si actuamos de forma dispar, se crea un problema legal que debilita nuestra postura en materia de discapacidad”, afirmó un alto funcionario del oficialismo. La estrategia legal es coordinada por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, quienes buscan evitar que el Estado incurra en erogaciones no previstas.
La partida universitaria representa el mayor desafío para el equipo económico. Según un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación demandaría casi dos billones de pesos, equivalentes al 0,23% del Producto Bruto Interno. Dicho monto incluiría una actualización del 32% en gastos operativos, un incremento salarial del 40% para empleados y la reactualización de becas estudiantiles.
Para ganar tiempo, el Gobierno planea demorar la promulgación hasta el límite legal de diez días hábiles tras la notificación parlamentaria. Mientras, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció una inversión de 30.000 millones de pesos para un plan de obras en el Hospital Garrahan, una medida que busca atenuar el malestar por la postergación de la emergencia pediátrica.
La administración apelará al artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que toda norma que autorice gastos no presupuestados debe especificar el origen de los fondos. Paralelamente, se evitará judicializar el conflicto, dejando que sean actores particulares quienes inicien acciones legales, lo que fragmentaría los procesos y retrasaría un fallo unificado.
El objetivo tácito es postergar cualquier desembolso significativo hasta la discusión del Presupuesto 2026, donde el oficialismo espera contar con mayor control sobre las asignaciones. Mientras, las universidades y el sistema de salud pediátrico enfrentan un escenario de incertidumbre financiera, en medio de una pulseta política que trasciende lo económico y se instala en el terreno de la gobernabilidad.
