Un abogado especializado en defender los intereses de grandes empresas como Rappi participa activamente en la confección de la nueva ley impulsada por el Gobierno. Cuestionamientos por conflicto de intereses y advertencias sobre el retroceso histórico en derechos conquistados.
Un Fantasma del Pasado Regresa para Reescribir las Reglas del Trabajo
La Reforma Laboral cobró un renovado ímpetu tras los últimos comicios, que otorgaron al oficialismo una posición de fuerza para impulsar cambios profundos. Entre las diversas propuestas que buscan modificar la legislación vigente, destaca un borrador que lleva la firma del letrado Julián de Diego, conocido por su trayectoria asesorando a corporaciones como Rappi. La iniciativa, lejos de generar beneficios para los trabajadores de plataformas, utiliza ese modelo como base para desregular y flexibilizar el mercado laboral argentino, en un contexto marcado por la creciente precarización y el aumento de los despidos.
Desde el Ejecutivo se defiende la participación del jurista, asegurando que no existe «ningún conflicto de intereses». Sin embargo, la figura de De Diego genera escozor en amplios sectores. El abogado, autor de la polémica ley de ART en los años noventa –posteriormente declarada inconstitucional por la Corte Suprema–, colabora directamente con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, mientras simultáneamente asesora a empresas que promueven la tercerización, como Adecco y Manpower.
En declaraciones radiales, De Diego esbozó los pilares del proyecto en el que trabaja: un «salario dinámico» vinculado a la productividad, la flexibilización de la negociación colectiva por empresa en lugar de por actividad, y la implementación de un «banco de horas». Este último punto, según sus palabras, «puede ser útil, dependiendo de la actividad».
La simultaneidad de sus roles no pasa desapercibida. Para el reconocido abogado laboralista Luis Ramírez, consultado por este diario, si bien no hay un reproche ético formal, la situación «demuestra el sesgo claramente patronal y los intereses que defiende el proyecto». Ramírez, en línea con lo expresado por otros referentes gremiales, advirtió que «el trabajo en plataformas, en especial el de las que hacen delivery, nos hace retroceder un siglo en condiciones laborales».
El núcleo del conflicto reside en la naturaleza de estas nuevas formas de negocio, que construyen a los trabajadores como independientes, dejándolos fuera de las estructuras sindicales tradicionales y a merced de una competencia feroz. Mientras la Organización Internacional del Trabajo avanza en marcos regulatorios protectores, el borrador que se discute en Argentina pretende exactamente lo contrario: trasplantar el esquema desregulado de las plataformas digitales al corazón del empleo registrado.
Se espera que para diciembre el Gobierno envíe el proyecto oficial al Congreso, con los vientos a favor. Entre sus puntos más alarmantes se cuentan la extensión de la jornada laboral de 8 a 12 horas, la posibilidad de abonar un porcentaje del salario con tickets canasta y el pago en hasta doce cuotas de las indemnizaciones por despido.
La reciente Ley Bases allanó este camino al eliminar sanciones por el trabajo no registrado, extender los períodos de prueba y restringir el derecho de huelga. La conclusión que se vislumbra es contundente: un escenario de trabajadores cada vez más desprotegidos y empresarios con mayores facultades para desvincular personal, pintando un futuro laboral donde la ley de la selva reemplace a la protección del Estado.
