Documentos judiciales revelan los detalles del conflicto que el actual jefe de Gabinete solucionó con una automotriz en 2017. El monto, actualizado, supera los $85 millones. La propuesta oficial busca limitar reclamos como el que él mismo llevó adelante.
El actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llegó a un acuerdo extrajudicial con la empresa MAPEMFI S.A., concesionaria de la marca Renault, el 12 de septiembre de 2017. El convenio puso fin a un litigio laboral iniciado tras la terminación del vínculo del hoy vocero principal del Gobierno. En los términos homologados por la justicia, se fijó una indemnización por antigüedad a favor de Adorni que ascendía a un millón de pesos de la época.
Como contrapartida, el economista se comprometió a desistir de todas las acciones legales pendientes no solo contra MAPEMFI, sino también contra otras firmas vinculadas: RENAULT ARGENTINA S.A., PLAN ROMBO S.A. y CENTRO AUTOMOTORES S.A. La empresa, por su lado, asumió los costos procesales y los honorarios de los abogados de la parte actora, establecidos en doscientos mil pesos más impuestos. El pago de la indemnización se pactó en cuatro cuotas mensuales e iguales, con vencimientos sucesivos entre septiembre y diciembre de aquel año.
Según una consulta técnica realizada por este medio, el valor actual de aquella suma, ajustada por la inflación registrada desde entonces, equivale a aproximadamente ochenta y cinco millones de pesos. Una conversión similar utilizando la evolución del tipo de cambio oficial arroja una cifra cercana, que ronda los ochenta y cuatro millones novecientos mil pesos. Estos números ilustran el poder de actualización que históricamente han tenido los créditos laborales.
Este caso adquiere relevancia pública en el contexto del debate por la reforma laboral impulsada por el propio Gobierno que Adorni integra. El proyecto, presentado como una herramienta contra la llamada “industria del juicio”, introduce modificaciones sustanciales que, de haberse aplicado entonces, habrían alterado las reglas de ese conflicto.
Una de las cláusulas más destacadas de la iniciativa limita la responsabilidad solidaria, es decir, la posibilidad de demandar conjuntamente a varias empresas relacionadas, como se hizo en el caso del ahora funcionario. Bajo la nueva norma, el empleador principal quedaría exento de responsabilidad si acredita que controló la correcta registración de su contratista.
Además, la propuesta establece una indemnización única e irrevocable, prohibiendo reclamos adicionales por daños civiles. También impone topes estrictos a los honorarios judiciales, que no podrían superar el veinticinco por ciento del monto condenado, y elimina figuras como las multas por litigancia temeraria, que actualmente pueden beneficiar al trabajador.
Otro punto clave es la actualización de las deudas mediante el Índice de Precios al Consumidor más un interés anual fijo, sustituyendo el sistema de intereses punitorios y compensatorios que suele generar montos finales más elevados. Paralelamente, se establecen plazos perentorios de caducidad por inactividad procesal, que podrían resultar en la extinción rápida de causas.
La revelación de estos documentos judiciales contrasta con la narrativa oficial que cuestiona los excesos de la litigiosidad laboral. El acuerdo de Adorni muestra las herramientas legales de las que dispuso para resarcirse, las mismas que el proyecto oficial ahora busca restringir para futuros casos, argumentando la necesidad de modernizar las relaciones laborales y dinamizar el mercado de trabajo.
