El Gobierno atribuye la destrucción de puestos de trabajo a la legislación laboral, promoviendo una reforma. Sin embargo, un análisis profundo revela que el verdadero motivo yace en un modelo económico donde sectores poco intensivos en mano de obra maquillan las cifras macroeconómicas, mientras la informalidad se consolida como la única «válvula de escape» para una población que busca sobrevivir.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, condensó recientemente ante el Senado la visión oficial sobre el mercado laboral con una afirmación contundente: “Si sube la actividad y no el empleo, entonces el problema es la norma”. Con esta declaración, la administración nacional reiteró su atribución de la pérdida de puestos de trabajo a la legislación laboral, justificando así la iniciativa de reforma que impulsa. No obstante, esta postura omite deliberadamente un dato fundamental: si bien el Producto Bruto Interno exhibió una leve recuperación en el tercer trimestre del año, este indicador coexiste con una caída persistente del empleo registrado, un ritmo sostenido de cierres de empresas y un crecimiento sin precedentes de la economía informal.
La aparente contradicción entre actividad económica y generación de empleo encuentra su explicación no en supuestas rigideces normativas, sino en la propia configuración del modelo económico vigente. Se trata de un esquema que retrocede en términos productivos, mientras actividades financieras y extractivas avanzan lo suficiente para disimular el promedio general, aunque carecen de la capacidad para impulsar una recuperación genuina del trabajo.
Así, tras el debate sobre el “crecimiento sin empleo” emergen factores estructurales decisivos. Los sectores que impulsan la actividad no demandan mano de obra de manera significativa. Incluso dentro de esas áreas dinámicas, se observa una erosión de los puestos formales. Paralelamente, la creación de empleo se concentra casi de manera exclusiva en la informalidad y el cuentapropismo de subsistencia.
De cara al próximo año, en un contexto sin recuperación del consumo, con importaciones en alza y ausencia de motores productivos que dinamicen sectores intensivos en mano de obra, el estancamiento se consolida como una nueva normalidad. Una reforma laboral, por sí sola, resulta insuficiente para revertir este escenario.
Desde hace meses, el nivel de actividad permanece estancado, con un consumo masivo en retroceso, salarios depreciados y una industria y construcción en caída libre. Pese a este panorama, el gobierno de Javier Milei insiste públicamente en que la destrucción de empleo formal responde a la legislación laboral y no al contexto económico. Bajo esta premisa, presentó su proyecto de “Modernización laboral”, argumentando que generará más y mejores puestos de trabajo.
Las estadísticas oficiales muestran que, en el tercer trimestre de 2025, la economía creció interanualmente un 3.3%, impulsada principalmente por la Intermediación financiera, la Explotación de minas y canteras, y Hoteles y restaurantes. Este dato permitió al Ejecutivo celebrar haber evitado la recesión. Sin embargo, las proyecciones confirman una tendencia que caracterizó gran parte del año: una economía que no se hunde, pero tampoco avanza, sostenida por unos pocos sectores ganadores mientras el resto se rezaga.
En contraste absoluto, el empleo registrado continúa en una caída libre. Tras las modificaciones implementadas con la “Ley Bases” en 2024, lejos de crearse nuevos puestos, se perdieron más de 240.000 empleos asalariados registrados. Esta situación se agrava en un escenario donde el cierre de empresas no se detiene, habiéndose registrado miles de ceses en los últimos meses, con un impacto especialmente severo en las microempresas.
La pregunta central persiste: ¿por qué crece la actividad pero se destruye empleo? La respuesta oficial, centrada en la “norma laboral”, es desmentida por la evidencia. En primer lugar, más del 65% del crecimiento reciente proviene de sectores como Impuestos e Intermediación Financiera, que no generan empleo significativo y compensan la profunda caída del aparato productivo. Sectores clave por su intensidad laboral, como la Industria y la Construcción, permanecen en terreno negativo. Un informe especializado señaló que, excluyendo esos rubros dinámicos pero desvinculados del empleo, la actividad económica se mantendría en los mismos niveles de fines de 2023.
Incluso dentro de los sectores dinámicos, como la minería y la industria petrolera, se registra una pérdida de puestos formales. Simultáneamente, la informalidad y el cuentapropismo adquieren un protagonismo inédito. Tras conocerse una leve baja en la tasa de desocupación, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró la creación de “240.000 nuevos empleos”. Lo que omitió mencionar es que el 85% de esos puestos son informales. La informalidad alcanza al 43.3% de los ocupados, su nivel más alto en los últimos dos años, mientras el empleo por cuenta propia –en su mayoría sin aportes– marca un récord histórico.
Esta supuesta “mejora” en el mercado laboral es, en realidad, un espejismo que ocupa un proceso de precarización masiva. El único segmento que crece es también el que genera los peores ingresos: los trabajadores por cuenta propia informales perciben ingresos medios un 54% por debajo del promedio y su tasa de pobreza triplica a la de los asalariados formales.
Ante este cuadro complejo, el tratamiento de la reforma laboral fue postergado para febrero. Los analistas advierten que, sin un cambio de enfoque, los problemas de fondo persistirán. Las reformas laborales no generan empleo por sí solas en un contexto de bajo crecimiento y estancamiento productivo. La informalidad se explica centralmente por la debilidad de la actividad económica general, y una mayor flexibilización en las negociaciones colectivas podría profundizar la desigualdad y erosionar los pisos salariales.
Expertos económicos alertan, además, que si persiste la política de apertura descontrolada de importaciones –que marcaron niveles récord en los últimos meses– se acelerará la sustitución de producción local por bienes extranjeros, en un contexto donde la industria nacional ya se encuentra en retroceso.
En definitiva, el intento oficial de culpar a la normativa laboral y a la organización sindical por la falta de empleo omite reconocer el papel central del programa económico en el nivel de actividad y la generación de puestos de trabajo. La paradoja de un crecimiento sin empleo no es un enigma normativo, sino el resultado previsible de un modelo que privilegia ciertos sectores especulativos y extractivos, mientras deja a la gran mayoría de la población librada a su suerte en un mercado laboral cada vez más informal y desprotegido.
