En una sesión urgente, el representante venezolano denunció un bloqueo naval como un acto de dominación. Rusia y China respaldaron la crítica, tildando las acciones estadounidenses de intimidantes, mientras Washington reafirmó su postura de máxima presión. La Asamblea Nacional venezolana respondió con una ley que castiga severamente los bloqueos.
En un clima de extrema tensión diplomática, la voz de Venezuela resonó con fuerza en el órgano más poderoso de las Naciones Unidas. El embajador Samuel Moncada, representante permanente del país caribeño, formuló una grave acusación contra el gobierno de los Estados Unidos, señalando que sus acciones recientes trascienden una mera disputa política para revelar un objetivo de carácter colonial.
La denuncia se produjo durante una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad, convocada por la Cancillería venezolana. El motivo inmediato fue la decisión de la administración estadounidense de bloquear el tránsito de buques petroleros sancionados que operan con Venezuela. Para la delegación de Caracas, esta medida no constituye solo una herramienta de presión económica, sino un acto coercitivo destinado a sojuzgar la soberanía nacional y erigir una estructura de control externo.
El discurso del embajador Moncada encontró un eco inmediato en dos de las potencias con veto en el Consejo. La representación de la Federación Rusa calificó sin ambages la estrategia de Washington como un “comportamiento propio del lejano oeste”, un término que evoca la unilateralidad y el uso desproporcionado de la fuerza. En la misma línea, China condenó lo que describió como una política de “intimidación sistemática”, subrayando el grave precedente que establece la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra un Estado soberano.
Frente a estas críticas, la postura del representante estadounidense fue de firmeza inquebrantable. Reiteró el compromiso de su gobierno de mantener e intensificar las sanciones económicas “hasta el máximo nivel posible”, argumentando que son un instrumento legítimo para restaurar la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Esta declaración dejó en claro que, lejos de retroceder, Washington pretende redoblar su presión.
Mientras el debate se desarrollaba en Nueva York, la respuesta institucional en Venezuela no se hizo esperar. La Asamblea Nacional, en un movimiento destinado a crear un marco disuasorio, aprobó una legislación que impone penas de prisión de hasta dos décadas para cualquier persona, nacional o extranjera, que promueva, facilite o apoye operaciones de bloqueo naval contra el país. La ley, que define tales actos como “piratería contemporánea”, busca dotar al Estado de herramientas jurídicas para enfrentar lo que considera una agresión directa a su infraestructura económica vital.
Este enfrentamiento en la ONU marca un nuevo y peligroso capítulo en el prolongado conflicto entre Washington y Caracas. La retórica ha escalado, llevando las acusaciones al terreno de la integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos. La comunidad internacional observa con preocupación cómo la crisis venezolana se transforma en un escenario de choque geopolítico, donde las acusaciones de colonialismo y piratería sustituyen a los diálogos, profundizando la fractura y alejando cualquier perspectiva de una solución negociada en el corto plazo.
