Con el voto dividido del peronismo y el apoyo clave de gobernadores, la administración oficialista cierra las extraordinarias con la sanción de la ley que redefine el gasto en áreas sensibles. Denuncias por maniobras y violaciones al reglamento opacaron el debate.
Tras una intensa y polémica jornada legislativa, el Gobierno nacional consiguió promulgar su primera Ley de Presupuesto, un instrumento de ajuste fiscal que regirá las cuentas públicas durante su tercer año de gestión. La votación en el Senado, que puso fin al período de sesiones extraordinarias, se saldó con un amplio respaldo de 45 votos afirmativos frente a 25 negativos, logrado tras una compleja red de negociaciones y bajo la sombra de fuertes cuestionamientos por la metodología empleada.
Por primera vez en esta gestión, el bloque peronista evidenció una fractura interna al momento de la votación en general. Tres senadores provenientes de provincias del norte —Guillermo Andrada de Catamarca, Sandra Mendoza de Tucumán y Carolina Moisés de Jujuy— decidieron apartarse de la línea mayoritaria de su espacio y acompañaron la iniciativa oficial. De este modo, tras dos ejercicios de administración discrecional de los recursos públicos, el oficialismo alcanzó la sanción de la denominada Ley de Leyes con el respaldo del PRO, de un sector de la UCR y de mandatarios provinciales aliados.
Uno de los episodios más tensos se desarrolló alrededor de los artículos más controvertidos del segundo capítulo, los números 12 y 30. La oposición concentró sus esfuerzos en derribarlos, sin éxito. Estas disposiciones, según denunciaron legisladores opositores, profundizarán el ajuste en los sectores de educación, ciencia y tecnología, al tiempo que desfinanciarán al sistema nacional de defensa. El artículo 12 otorga facultades discrecionales a la Secretaría de Educación para retener partidas, mientras que el 30 elimina las metas de financiamiento educativo legalmente establecidas y recorta fondos específicos.
La estrategia del oficialismo para asegurar estos puntos críticos involucró una activa logística política. En un despacho contiguo al recinto, el ministro del Interior, Diego Santilli, junto a otros referentes oficialistas y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, coordinaron en tiempo real una serie de reuniones y llamados destinados a consolidar los apoyos necesarios. En pleno debate, Santilli mantuvo un encuentro con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cuyo influjo resultó decisivo para sumar el voto afirmativo de la senadora Edith Terenzi al polémico capítulo. Estas movidas generaron acusaciones por parte de la oposición, que denunció una práctica de «compra de votos» mediante la distribución discrecional de Aportes del Tesoro Nacional.
El desarrollo de la sesión estuvo atravesado por disputas procedimentales. La bancada oficialista, liderada por Patricia Bullrich, buscó imponer una votación por capítulos, mientras que el peronismo exigía que se realizara artículo por artículo, apelando al reglamento interno de la Cámara alta. Tras la aprobación en general, los senadores opositores insistieron en votar particularmente el artículo 30, pero su pedido fue rechazado. «No quieren votar el Presupuesto en particular porque es una vergüenza nacional y encima lo hacen violando el reglamento», denunció con vehemencia la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien además advirtió que la norma «viola el principio de progresividad» consagrado en la Constitución Nacional.
La fractura también se hizo visible en las filas de la Unión Cívica Radical. De sus diez senadores, cuatro respaldaron los artículos que implementan el ajuste educativo: Rodolfo Suárez y Mariana Juri (Mendoza), Silvana Schneider (Chaco) y Carolina Losada (Santa Fe). Otros, como Maximiliano Abad y Flavio Fama, expresaron públicamente su desacuerdo con los mencionados artículos, aunque el bloque en su conjunto terminó apoyando la ley en general.
La urgencia del oficialismo por cerrar el trámite respondía a un imperativo del calendario económico: el próximo 9 de enero vence un compromiso de deuda, y con la ley sancionada, el ministro de Economía, Luis Caputo, queda habilitado para avanzar en las negociaciones de refinanciación. Cualquier modificación hubiera obligado a volver la ley a Diputados, con riesgo de no contar con tiempo suficiente.
Inmediatamente después de aprobar el Presupuesto, el Senado dio luz verde al proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa oficialista que limita las facultades de control de los organismos tributarios, presentada como un incentivo para la declaración de capitales no registrados pero criticada por la oposición como un blanqueo encubierto y permanente.
El presidente Javier Milei celebró la sanción mediante un comunicado, en el que felicitó a Bullrich y su equipo por el trabajo realizado. Con el cierre de las extraordinarias, la agenda parlamentaria se reanudará en febrero, con debates de alto voltaje como la Reforma Laboral, las modificaciones a la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal.
