Mientras la conducción de la central obrera prioriza la vía legislativa y el diálogo político, gremios poderosos reclaman medidas de fuerza escalonadas que incluyen paros y movilizaciones masivas, advirtiendo que el proyecto oficial «une a sectores conservadores y combativos» en la resistencia.
La Confederación General del Trabajo (CGT) se encuentra ante una encrucijada de altísima tensión interna, presionada por sus sectores más dinámicos para instrumentar una estrategia de confrontación directa contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Desde diversas vertientes del movimiento sindical se reclama con urgencia la coordinación de un plan de lucha nacional que articule huelgas progresivas, cortes de calle y movilizaciones masivas, ante la percepción de que el diálogo con el oficialismo se halla absolutamente agotado.
Voceros de gremios con alto poder de disruptivo, como la Federación de Aceiteros y la Unión Obrera Metalúrgica, manifestaron a El Destape que el momento exige trascender las acciones simbólicas y desplegar una contienda sin cuartel. Daniel Yofra, líder de los aceiteros, sostuvo que ya no existe término medio posible y que la respuesta debe ser una huelga progresiva, acompañada de una propuesta legislativa alternativa que amplíe derechos. «El objetivo final debe ser recuperar el poder adquisitivo de los salarios para reactivar el consumo y la economía», subrayó.
En la misma sintonía, Alejandro Crespo, al frente del Sindicato del Neumático, argumentó que la extrema severidad del proyecto oficial ha generado un inédito consenso entre corrientes sindicales tradicionalmente antagónicas. «Hay que ir a una lucha fuerte porque hoy existe un acuerdo entre los representantes, incluso con aquellos que no coincidimos en lo ideológico», afirmó. Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de un escalonamiento en las formas de protesta, que podría iniciar con paros de horas y derivar en medidas de fuerza de duración indeterminada, combinando acción callejera y visibilidad en redes sociales.
Frente a este reclamo de movilización permanente, la cúpula de la CGT exhibe una postura más cautelosa, enfocada en la arena política y judicial. Fuentes internas de la central expresaron una prudente satisfacción por haber ganado tiempo valioso para articular alianzas en el Congreso Nacional, donde aseguran contar con un respaldo legislativo impensado semanas atrás. Su estrategia inmediata se centra en la cohesión gremial, el lobby parlamentario para atenuar o frenar los artículos más lesivos, y la preparación de una batería de presentaciones judiciales ante una eventual aprobación de la ley. Alienta esta vía la reciente declaración del juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien señaló que la reforma podría ser declarada inconstitucional por cualquier magistrado.
La urgencia de los sectores combativos se nutre también de experiencias internacionales y de la historia reciente. Rodolfo Aguiar, secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado, hizo hincapié en la necesidad de llevar la protesta a cada territorio y presionar a los gobernadores. «Avalar jornadas de 12 horas y el pago en especie es inhumano y esclavista. Mientras aquí se retrocede, países como España derogan leyes regresivas y México avanza en la reducción de la jornada», ejemplificó, trazando un contraste elocuente.
La señal más contundente de la voluntad de fuerza ya se materializó. La Unión Obrera Metalúrgica, un histórico bastión sindical, se convirtió en el primer gremio en marcar la cancha al anunciar un paro nacional y una marcha masiva para el próximo 10 de febrero, fecha en que el Congreso iniciará el debate formal de la reforma. «Llegó el momento de confrontar muy fuertemente esta clara intención de despojar derechos», arengó su secretario general, Abel Furlán, anticipando un clima de alta conflictividad social en las puertas del Parlamento.
El fantasma del fracasado intento oficial de imponer cambios laborales por decreto a fines de 2023, rápidamente anulado por la Justicia, planea sobre el actual escenario. Sin embargo, la disputa ha escalado a un nivel superior: ya no se discuten decretos, sino una ley que requiere sanción parlamentaria. El movimiento sindical enfrenta así su prueba de fuego, dividido entre la vía de la negociación política que privilegia su conducción y la presión callejera implacable que demandan sus bases más activas, en un pulso que definirá no solo el destino de la reforma, sino la propia correlación de fuerzas al interior del mundo del trabajo.
