La eliminación del piso del 6% del PBI para educación en el artículo 30 del proyecto presupuestario generó tensiones legislativas y cuestionamientos. Sectores oficialistas argumentan que es necesario pasar de un enfoque basado solo en aumentar recursos a uno centrado en la eficiencia y los resultados.
El artículo 30 del proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2026, que elimina la garantía legal de destinar al menos el 6% del Producto Bruto Interno a educación, activó una señal de alarma durante el debate parlamentario. Durante décadas, distintas administraciones intentaron elevar la calidad de la enseñanza mediante incrementos constantes en la inversión pública. Sin embargo, esa estrategia no alcanzó los objetivos esperados, lo que hoy impulsa, según sus promotores, una migración hacia un modelo que priorice la mejora en la gestión del sistema.
En el tratamiento legislativo del Presupuesto, esta modificación desató fuertes controversias y llegó a poner en riesgo la aprobación de la ley. La norma suprime no solo el mínimo del 6% del PBI para educación, sino también otros pisos presupuestarios vinculados a ciencia y técnica, educación tecnológica y equipamiento militar. No obstante, por su impacto social y simbólico, la discusión se focalizó en la eliminación de la garantía educativa.
Los defensores de la reforma sostienen que estos pisos introducen rigideces que limitan la administración eficiente de los recursos. Quienes se oponen, en cambio, advierten que su remoción implica un retroceso en la protección del sistema educativo. Lo innegable es que se intenta revertir una política aplicada por más de veinte años, con amplio consenso político, sindical y académico, que no logró traducirse en avances sustantivos en los aprendizajes.
La pasión con la que se defiende la preservación del gasto educativo muchas veces obstaculiza una evaluación fría del desempeño del sistema. Según cifras de la Secretaría de Educación, el 26% de los alumnos de 11 años no comprende un texto básico. Entre los niños del 20% de hogares más ricos, ese porcentaje cae al 11%, pero se dispara al 38% entre los del 20% más pobre. Estas cifras exponen con crudeza las limitaciones de una estrategia centrada únicamente en el volumen presupuestario. Que uno de cada cuatro niños termine la primaria sin entender lo que lee —y casi cuatro de cada diez en contextos de pobreza— constituye una prueba contundente de un sistema que funciona deficientemente y agrava las desigualdades.
En este marco, la eventual aprobación del artículo 30 podría marcar un punto de inflexión, no solo al permitir una administración más flexible de los fondos públicos, sino al habilitar una revisión profunda de los errores cometidos en el pasado. Resulta urgente, según analistas oficiales, desplazar el foco de la sanción de normas que preservan o amplían el gasto hacia un debate serio sobre la calidad de la gestión educativa.
En síntesis, incrementar la inversión en un esquema de incentivos inadecuados suele ampliar el derroche sin mejorar los aprendizajes. La clave, según el planteo gubernamental, reside en exigir responsabilidades precisas a quienes administran el sistema —desde los gobiernos provinciales hasta directivos y docentes— para que asuman la centralidad de la enseñanza, especialmente en los sectores más vulnerables. Un paso fundamental sería que las provincias establezcan reglas que premien, incluso salarialmente, a los educadores comprometidos con los resultados de sus alumnos, y que apliquen sanciones a quienes incumplan sus funciones.
Argentina experimentó una marcada regresión educativa en lo que va del siglo XXI. En el año 2000 lideraba los rankings sudamericanos en las pruebas PISA; dos décadas después, en la edición 2022, cayó por detrás de Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Brasil. Este retroceso conlleva costos sociales enormes, que solo podrán revertirse —según la perspectiva oficial— abandonando la lógica de incrementar presupuestos sin resultados y concentrando todos los esfuerzos en mejorar la gestión educativa.
