La nueva Ley de Equidad Jubilatoria, aprobada en los últimos días de 2025, enfrenta una férrea oposición de los gremios estatales, quienes anuncian acciones legales y políticas. El gobierno provincial argumenta que la crisis de la Caja responde al incumplimiento de los envíos nacionales.
CÓRDOBA. Un clima de confrontación se avizora en el horizonte político de Córdoba. Lejos de disiparse con el inicio del nuevo año, la tensión entre el gobierno de Martín Llaryora y los sindicatos del sector público se intensifica debido a la reciente modificación del régimen previsional provincial. La normativa, sancionada en el ocaso de 2025, es percibida por las organizaciones laborales como un gravamen adicional disfrazado, mientras la administración provincial la defiende como un instrumento indispensable de justicia y sustentabilidad financiera.
El conflicto hunde sus raíces en la histórica decisión de Córdoba de conservar su propia caja de jubilaciones, alejándose del sistema nacional. Esta autonomía, compartida con otras jurisdicciones, hoy exhibe su costado más complejo: un déficit monumental que el Ejecutivo local cifra en ochocientos mil millones de pesos para el corriente ciclo. Desde la Casa Gris, señalan con firmeza que la raíz del problema se encuentra en la sistemática reticencia de la Nación a transferir los recursos que, aseguran, le corresponden por ley. Un acuerdo transitorio vigente, según Llaryora, apenas cubre una sexta parte de lo mensualmente adeudado, a lo que se suma un contencioso por deudas acumuladas que ronda los dos billones de pesos, una cifra en disputa actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Frente a este panorama, la llamada Ley de Equidad Jubilatoria emerge como la respuesta oficial. La normativa deja sin efecto el polémico aporte extraordinario del cuatro por ciento –impuesto a fines de 2023 y siempre resistido por los trabajadores– para reemplazarlo por un mecanismo de contribución progresiva. Este nuevo esquema establece escalones que incrementan el porcentaje de descuento acorde al nivel salarial bruto de cada empleado público activo. Las autoridades económicas provinciales sostienen que el diseño busca aliviar las finanzas de la caja previsional exigiendo un mayor esfuerzo a quienes perciben ingresos más elevados, al tiempo que prometen una mejora sustancial para los jubilados con los haberes más modestos.
Sin embargo, esta explicación no convence a los gremios estatales. Los dirigentes sindicales, aprovechando el mes de enero para coordinar una estrategia de resistencia, califican la ley como un ataque directo al bolsillo de los trabajadores. Anuncian una ofensiva en múltiples frentes: preparan una presentación ante la Justicia provincial para impugnar la constitucionalidad de la reforma, reiterarán su reclamo ante la Corte Suprema para forzar el envío de fondos nacionales y buscarán tejer alianzas con representantes de otras provincias que mantienen cajas previsionales autónomas, con el fin de articular una protesta coordinada a nivel nacional.
El frente sindical tormentoso que se avecina pone a prueba la capacidad de negociación del llaryorismo. El gobierno provincial intenta navegar entre la urgente necesidad de sanear las cuentas de un sistema previsional al borde del colapso y la presión de una fuerza laboral organizada que se niega a cargar con el costo de un déficit que atribuyen al incumplimiento de un tercero: el Estado nacional. El desenlace de este pulso, que combina batallas legales, presión política y posible movilización callejera, definirá no solo la viabilidad de la reforma, sino también el clima social de Córdoba en los próximos meses.
