Datos oficiales revelan una contracción profunda y sostenida en el sector privado. A casi dos años de gobierno, el cierre de más de 21 mil empleadores y la pérdida de 272 mil puestos de trabajo registrados marcan el rumbo de una estrategia que suprimió políticas industriales y dejó a las empresas a la intemperie.
La economía argentina enfrenta un proceso de desarticulación productiva que se consolida como tendencia estructural. Según cifras procesadas por el Centro de Economía Política Argentina a partir de registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 desaparecieron 21.046 agentes con personal en relación de dependencia, lo que representa un promedio de treinta empresas menos cada jornada. En paralelo, se eliminaron 272.607 empleos registrados, una merma del 2,77% que equivale a casi cuatrocientos puestos formales destruidos diariamente desde el inicio de la administración libertaria.
Lejos de constituir un fenómeno transitorio, este retroceso se vincula a una orientación gubernamental explícita que desechó la política industrial como instrumento para el desarrollo. La máxima oficialista que sostiene que “la mejor política industrial consiste en tener buenas políticas fiscales y monetarias” se tradujo en el desguace de áreas estatales destinadas a fomentar la producción, sostener la red de pequeñas y medianas empresas y proteger el empleo formal. En este marco, fueron suprimidas la Secretaría Pyme, eliminados programas públicos de financiamiento productivo y vaciados mecanismos históricos de contención ante crisis cíclicas.
La retirada del Estado como articulador dejó a miles de compañías vulnerables ante un escenario macroeconómico hostil, sin redes de protección ni herramientas contracíclicas. El resultado es un deterioro generalizado que atraviesa sectores y regiones. El universo de empleadores se redujo de 512.357 a 492.223 en el período analizado. Los rubros más golpeados fueron transporte y almacenamiento, con 5.042 unidades productivas menos, seguidos por comercio, servicios inmobiliarios, servicios profesionales e industria manufacturera. La construcción y las actividades agropecuarias también registraron bajas considerables, reflejando el impacto combinado de la paralización de la obra pública, la contracción del consumo interno y el encarecimiento del crédito.
En términos porcentuales, transporte y almacenamiento encabeza la retracción con una caída del 12,8% en la cantidad de empleadores, seguido por servicios inmobiliarios y construcción. Estos segmentos son especialmente sensibles al nivel de actividad económica, la inversión y el acceso a financiamiento, variables que fueron deliberadamente restringidas como parte del programa de estabilización.
La contracción también afectó directamente al empleo registrado. El número de trabajadores formales disminuyó de 9.857.173 a 9.584.566 en casi dos años. Las bajas se concentraron en áreas clave: la administración pública perdió 83.014 puestos, la construcción 74.359 y la industria manufacturera 64.019. Transporte y almacenamiento completó este cuadro crítico con 44.812 empleos menos. La reducción del empleo público no fue un hecho aislado, sino un componente de una estrategia declarada de reducción del tamaño del Estado. A ello se sumó un drástico recorte presupuestario en organismos estratégicos como el INTI, el INTA y el CONICET, entidades fundamentales para el desarrollo tecnológico y la innovación productiva.
La crisis exhibe, además, un perfil desigual según la escala de las firmas. El 99,63% de la disminución de empleadores corresponde a empresas de hasta quinientos trabajadores, con casi veintiún mil firmas desaparecidas en menos de dos años. Las pymes soportaron el peso principal del ajuste, enfrentadas a la falta de crédito, costos financieros ascendentes y una demanda interna en declive. En cambio, las compañías de mayor tamaño explicaron una fracción menor de los cierres, aunque concentraron la mayor parte de los despidos: el 66,80% de la pérdida de empleo registrado ocurrió en empresas de más de quinientos trabajadores, con 182.114 puestos eliminados.
Esta dinámica se materializa en casos concretos. La autopartista estadounidense Dana cerró su planta en San Luis tras tres décadas de actividad; la sueca SKF desmanteló su fábrica en Tortuguitas, que llegó a emplear a quinientas personas; en La Rioja, firmas como la textil Luxo, la calzadista Vulcalar y la productora de paneles solares Solartec cesaron sus operaciones. Los cierres también alcanzan a grandes cadenas comerciales y multinacionales, como la estadounidense Magnera, que cerró su planta en Pilar. Comercios como Frávega, locales de las cadenas de Cencosud, el mayorista Jaguar y la red Start anunciaron clausuras de sucursales en múltiples provincias, evidenciando un repliegue productivo de alcance nacional.
El contexto macroeconómico profundiza este escenario. Desde agosto de 2025, el Gobierno mantiene tasas de interés elevadas para contener presiones cambiarias e inflacionarias, aunque sin éxito sostenido: la inflación mensual acumula siete alzas consecutivas y ronda el 3%. La economía queda atrapada en un dilema no resuelto: con tasas altas, la actividad y el empleo se contraen; si se redujeran para intentar reactivar, se potenciarían los riesgos inflacionarios y cambiarios.
De este modo, el ajuste monetario se combina con la consolidación fiscal y el desmantelamiento de las políticas productivas, alimentando un círculo vicioso de recesión, desaparición de empresas y destrucción de puestos de trabajo. A casi dos años del inicio del Gobierno de Javier Milei, las estadísticas oficiales muestran que la promesa de que el mercado, por sí solo, ordenaría la economía no se tradujo en mayor inversión ni en creación de empleo. El saldo provisorio es una estructura productiva más reducida, un mercado laboral más frágil y un Estado ausente en la promoción del desarrollo, en un horizonte donde la recuperación del empleo formal todavía no asoma.
