La designación de Bryan José Mayer, conocido por sus vínculos con las Fuerzas Armadas y declaraciones que califican de «terroristas» a víctimas de la última dictadura, marca una nueva etapa en la Subsecretaría de Derechos Humanos, ahora bajo una creciente influencia castrense.
Una transformación silenciosa pero profunda parece estarse gestando al interior de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación. La llegada de Joaquín Mogaburu al mando del organismo ha abierto las puertas a figuras cuyos antecedentes y declaraciones públicas generan una inquietante contradicción con la misión fundamental de la repartición. Es el caso de Bryan José Mayer, un funcionario reconocido por su rol oficioso como portavoz de los intereses castrenses, quien ahora se alista para asumir un cargo directivo como jefe de gabinete.
La trayectoria pública de Mayer quedó marcada en 2023 tras una intervención que suscitó un amplio repudio en sectores académicos, artísticos y de la sociedad civil. En esa oportunidad, calificó como «pro terrorista» a la aclamada producción cinematográfica Argentina, 1985, filme que narra el histórico esfuerzo de la fiscalía durante el Juicio a las Juntas Militares. Esta declaración, lejos de ser un comentario aislado, es interpretada por analistas y organizaciones defensoras de los derechos fundamentales como un síntoma de una visión revisionista que busca alterar el consenso social sobre el terrorismo de Estado.
El nombramiento de Mayer no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto de reposicionamiento de las Fuerzas Armadas dentro de la estructura gubernamental durante la segunda etapa de la administración de Javier Milei. La designación más emblemática de este proceso fue la del teniente general Carlos Alberto Presti al frente del Ministerio de Defensa, un hecho que ya había encendido señales de alerta sobre la dirección política del país.
Expertos en materia institucional advierten sobre los riesgos que supone esta progresiva convergencia. La preocupación central radica en que la Subsecretaría de Derechos Humanos, creada para custodiar la memoria, buscar justicia para las víctimas de la dictadura y promover políticas de garantías fundamentales, pueda terminar diluyendo su esencia bajo una óptica que tradicionalmente ha minimizado las violaciones del pasado. Este giro, sostienen los críticos, no solo afecta la política de memoria, sino que envía un mensaje ambiguo sobre el compromiso del Estado con la defensa irrestricta de la dignidad humana.
