Un hombre permanece detenido tras ser acusado de un delito contra la integridad sexual, en un expediente marcado por testimonios contradictorios y datos borrados que complican el esclarecimiento de los hechos.
La ciudad de Río Grande se ve sacudida por un complejo caso judicial que tiene en vilo a la comunidad y a las autoridades. Un ciudadano de 56 años se encuentra tras las rejas, imputado por la presunta comisión de un abuso sexual con acceso carnal, un episodio que la Justicia Provincial comenzó a desentrañar el pasado fin de semana y que está plagado de circunstancias oscuras y versiones enfrentadas.
Los acontecimientos, según consta en la causa, se habrían desencadenado durante la noche del último viernes en la vivienda particular de una joven de 32 años. La mujer relató a las autoridades que el ahora detenido la agredió sexualmente después de que ambos mantuvieran un contacto previo mediante una plataforma de redes sociales. Este intercambio digital se ha convertido en uno de los pilares centrales de la pesquisa.
No obstante, la investigación forense ha arrojado elementos que introducen una gran complejidad en la narrativa de los hechos. Las pericias técnicas realizadas sobre el dispositivo celular de la denunciante, sumadas a los resultados de un hisopado, sugieren que la mujer podría ejercer la prostitución. Esta línea de indagación apunta a que un encuentro comercial pudo ser el motivo real de la visita del acusado a su domicilio.
Este aspecto del caso se ve enturbiado por acciones de la propia querellante. Los investigadores han detectado que varios mensajes de la conversación fueron eliminados, y la mujer se niega categóricamente a reconocer cualquier vínculo con el trabajo sexual. Esta actitud, según fuentes judiciales, ha implicado una entrega parcial y fragmentada de información, lo cual dificulta reconstruir con precisión lo sucedido aquella noche.
Frente a este escenario, el imputado fue conducido el domingo ante el magistrado de turno en feria, el Dr. Raúl Sahade, para ser sometido a indagatoria. Ejercitando su derecho constitucional, el hombre de 56 años optó por guardar silencio y se negó a prestar declaración ante la grave acusación que pesa sobre él.
Mientras tanto, su defensor oficial ya ha presentado una solicitud formal de excarcelación, argumentando los principios de inocencia y libertad durante el proceso. Sin embargo, el juez Sahade ha decidido, por el momento, postergar cualquier decisión al respecto. Ante las numerosas incógnitas que persisten, el magistrado ha ordenado que la denunciante sea citada nuevamente para que rinda una segunda declaración testimonial. El objetivo es intentar despejar las densas dudas que sobrevuelan cada aspecto de este enmarañado y sensible expediente, en busca de una verdad judicial que aún parece esquiva.
