Mientras el Presidente Javier Milei compartía escenario en Davos con líderes globales, su gobierno ejecutaba una toma sorpresiva del estratégico puerto fueguino, desatando alertas por una posible entrega de soberanía y alineamiento con la agenda de seguridad estadounidense.
Davos fue el telón, Ushuaia el tablero. En el preciso instante en que el mandatario argentino Javier Milei sellaba acuerdos en el foro económico mundial junto a figuras como Donald Trump y Benjamin Netanyahu, el Poder Ejecutivo nacional desplegaba una intervención directa y abrupta sobre el Puerto de Ushuaia. Esta terminal, considerada la puerta de entrada al continente antártico y a las Islas Malvinas, pasó a ser controlada por el gobierno central en una operación ejecutada con sigilo y presencia militar.
La notificación a las autoridades provinciales tuvo lugar en la madrugada del 21 de enero, minutos después de la medianoche, con un despliegue masivo de efectivos de Gendarmería Nacional en los accesos portuarios. La acción se caracterizó por una opacidad absoluta, generando inmediata conmoción en el ámbito político fueguino.
Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, no dudó en calificar el acto como “una entrega de soberanía”. En declaraciones radiales, el funcionario provincial vinculó la medida con la cumbre en Davos, afirmando que se trata de “un regalo alineado con la doctrina de la ley del más fuerte que promueve Trump”, y denunció que el control del puerto estaría siendo cedido al Comando Sur de los Estados Unidos.
La justificación administrativa esgrimida por el gobierno nacional se basó en una denuncia realizada por el sindicalista Juan Avellaneda, líder de la Unión de Personal Superior Ferroviario, contra el manejo financiero del puerto. De manera significativa, solo los trabajadores afiliados a ese gremio fueron habilitados para operar en la terminal tras la intervención, lo que para las autoridades locales configura una “maniobra de legalidad fraguada” para forzar la toma del predio.
Voces críticas señalan que detrás de esta movida se perfilan intereses empresarios aliados al gobierno. Se menciona a conglomerados como Newsan, de Rubén Cherñajovsky —que habría adquirido aviones logísticos con proyección antártica— y a Mirgor, del empresario Nicolás Caputo, interesado en procesos de privatización portuaria. Para Moisés Solorza, integrante del Observatorio Malvinas, la intervención “va rumbo a una base militar conjunta con Estados Unidos” y activaría sistemas de vigilancia extranjeros ya instalados en la región.
La narrativa bélica impulsada por Donald Trump respecto al Ártico encuentra, según analistas, un paralelo preocupante en esta acción sobre el extremo sur argentino. El gobierno fueguino, a través de un comunicado oficial, expresó su alarma ante “intencionalidades geopolíticas no explicitadas” que trascienden la mera administración portuaria.
La intervención coincide, además, con medidas económicas que podrían despoblar la región, como la reducción de aranceles para importación de electrónicos, afectando la industria local. Dachary advirtió sobre el riesgo inminente: “En un mundo donde se quemaron todos los manuales, tenemos 900.000 kilómetros cuadrados de la Argentina que están colgados con alfileres”. Subrayó que la provincia podría convertirse en una zona de alta conflictividad geopolítica, en sintonía con los designios estratégicos de Washington.
El gobierno nacional no ha brindado explicaciones públicas detalladas, mientras en Tierra del Fuego crece la convicción de que se vive una cesión histórica de soberanía, camuflada bajo una disputa administrativa, que redefine el rol argentino en la Antártida y el Atlántico Sur.
