La Cancillería trabaja en un dictamen para evitar el debate parlamentario por el ingreso de la Argentina a un organismo internacional impulsado por Donald Trump, cuestionado por su carácter unilateral, su débil respaldo occidental y su posible involucramiento en escenarios de conflicto armado.
Desde Davos, en el corazón del foro económico más influyente del mundo, el canciller Pablo Quirno impartió una instrucción verbal precisa al director de Organismos Internacionales de la Cancillería, Alejandro Verdier. El objetivo fue claro: redactar un dictamen jurídico que permita al Gobierno evitar el paso por el Congreso Nacional en el proceso de incorporación de la Argentina al denominado Board of Peace, una flamante estructura internacional creada e impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La maniobra, según fuentes diplomáticas, apunta a sortear un debate que promete ser áspero y cargado de cuestionamientos políticos y constitucionales.
El planteo choca de frente con el texto de la Constitución Nacional, que asigna de manera explícita al Congreso la atribución de aprobar o rechazar los tratados celebrados con otros Estados y con organismos internacionales. La relevancia institucional del caso se potencia porque el Board no se limita a tareas diplomáticas o humanitarias, sino que prevé intervenir en escenarios de alta conflictividad, incluso con derivaciones militares. Su primer foco de acción anunciado es la Franja de Gaza, uno de los territorios más explosivos del mapa global.
El presidente Javier Milei formalizó la adhesión argentina este martes durante su participación en Davos, alineándose con una iniciativa presentada como occidental, aunque con un respaldo llamativamente escaso de las principales potencias de ese bloque. La mayor parte de Europa decidió no sumarse, con la excepción del gobierno de extrema derecha de Hungría, mientras que Canadá, Brasil y México también optaron por mantenerse al margen. En los hechos, los únicos mandatarios occidentales presentes fueron Milei, quien se mostró como el aliado más entusiasta de Washington, y el presidente paraguayo Santiago Peña.
La postal del acto constitutivo dejó expuesta una contradicción difícil de disimular. En el salón del Centro de Convenciones de Davos se congregaron cinco monarcas y varios jefes de Estado de países surgidos de la ex Unión Soviética, muchos de ellos con credenciales democráticas frágiles o directamente inexistentes. Tras un encendido discurso en defensa de los valores de Occidente, Milei terminó compartiendo escenario y gestos de camaradería con líderes que poco encajan en ese ideario que dijo defender.
En los círculos diplomáticos internacionales, la desconfianza hacia el Board of Peace es evidente. Varios países que rechazaron la invitación interpretan la iniciativa como una suerte de Naciones Unidas paralelas, vaciadas de deliberación real y concentradas en la figura de Trump. El mandatario estadounidense se reservó la presidencia del organismo, la potestad de aceptar o vetar miembros, el control absoluto de los fondos y la decisión final sobre cada paso a seguir. Otros analistas sostienen que Trump busca compensar su deterioro interno, reflejado en encuestas desfavorables, con golpes de efecto en la escena global.
En este contexto, la orden transmitida por Quirno a la DIOIN es producir un texto que justifique que el Ejecutivo no enviará al Congreso la adhesión al Board. Sin embargo, el artículo 75 de la Constitución, en su inciso 22, es contundente al establecer que corresponde al Parlamento aprobar o desechar este tipo de compromisos internacionales. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez fue categórico al señalar que no existe posibilidad alguna de que el Estado asuma obligaciones internacionales sin la venia legislativa, más aún cuando se trata de integrar un organismo creado mediante un acuerdo o tratado.
Especialistas en relaciones internacionales advierten que la gravedad del asunto se incrementa porque el Board prevé involucrarse en conflictos armados. La eventual participación en Gaza abre la puerta a escenarios con enfrentamientos y pérdidas de vidas humanas, lo que implicaría responsabilidades directas para los países miembros, incluida la Argentina. Ese riesgo, sostienen, refuerza la necesidad de un debate amplio y transparente en el Congreso.
La Cancillería, además, enfrenta una contradicción difícil de explicar hacia afuera. Mientras promueve la candidatura del argentino Rafael Grossi para la secretaría general de la ONU, al mismo tiempo avanza en la retirada de distintos organismos del sistema de Naciones Unidas y ahora se suma a una estructura que muchos interpretan como una competencia directa del organismo multilateral. Esa tensión ya fue motivo de cables reservados enviados a las embajadas, con instrucciones para intentar justificar una posición cada vez más frágil.
El propio nombre de la nueva entidad alimenta las sospechas. Board, un término más asociado al mundo corporativo que a la diplomacia multilateral, refuerza la idea de una conducción vertical y concentrada, muy lejos de la lógica deliberativa que sugiere la palabra Council. La puesta en escena de la firma del acta constitutiva confirmó esa impronta: Trump ingresó como figura central, hizo desfilar a los mandatarios uno por uno para estampar la firma y presentó luego a una junta ejecutiva integrada por su yerno Jared Kushner, su enviado para Medio Oriente Steve Witkoff, el secretario de Estado Marco Rubio y el ex primer ministro británico Tony Blair. El control, quedó claro, es absoluto.
Desde Europa, varios medios califican la convocatoria como un traspié diplomático. La iniciativa pretendía reagrupar a Occidente frente a China y Rusia, pero fue desoída por casi todas las potencias relevantes. En el escenario abundaron representantes de monarquías de Medio Oriente y de países de Asia y África con escaso apego a estándares democráticos, mientras que Israel optó por no enviar a su primer ministro, Benjamín Netanyahu, debido a la orden de captura vigente de la Corte Internacional de Justicia.
Human Rights Watch fue más allá y sostuvo que el Board fue diseñado para eludir los controles y los parámetros de derechos humanos que rigen en el sistema de Naciones Unidas. A esa crítica se sumaron sospechas sobre los intereses económicos en juego, especialmente tras la exposición de Kushner, quien detalló un ambicioso plan de reconstrucción de Gaza con puertos, aeropuertos y desarrollos turísticos, pese a no ocupar ningún cargo formal en el gobierno estadounidense y a liderar un fondo de inversión financiado por capitales saudíes.
Las dudas se multiplican ante la posibilidad de que el organismo avance luego sobre Ucrania, con la eventual participación de Rusia y la exclusión de Kiev, un escenario que enciende alarmas en las capitales europeas. En ese tablero, la Argentina aceptó un rol secundario. Según admitieron en la Casa Rosada, el país no aportará los mil millones de dólares necesarios para ser miembro pleno y se conformará con una adhesión temporal de tres años, una suerte de membresía de segunda categoría.
Todo este entramado, desde la desigualdad entre socios hasta la concentración de poder y la subordinación a una estructura percibida como una “ONU alternativa”, podría ser ampliamente cuestionado en el Congreso. El debate, de producirse, sería intenso y transversal. Sin embargo, la decisión política ya parece tomada. La consigna que baja desde lo más alto del Ejecutivo es inequívoca: evitar el Parlamento y avanzar como sea.
