Pese a una firme advertencia de cinco expertos internacionales por su falta de idoneidad y sus posturas que relativizan el terrorismo de Estado, Bryan José Mayer será confirmado como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Su trayectoria y declaraciones públicas generan un profundo malestar en organismos especializados.
En un movimiento que desafía abiertamente las recomendaciones de las Naciones Unidas, el Gobierno nacional concretará la designación de Bryan José Mayer al frente de la jefatura de gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos. La decisión se toma a pesar de una contundente objeción formal elevada por cinco relatores especiales del organismo internacional, quienes alertaron sobre la manifiesta falta de aptitud del funcionario y sus polémicas publicaciones en redes sociales, donde ha minimizado los crímenes de la última dictadura militar.
La trayectoria de Mayer ha estado marcada por la controversia. Con formación en un liceo castrense y autodenominado vocero oficioso de las Fuerzas Armadas, su incursión en la función pública durante la anterior administración de Cambiemos en Rafaela, Santa Fe, se vio truncada cuando organismos humanitarios locales revelaron un escrito suyo que celebraba el golpe de Estado de 1976. En esa publicación, sostenía que la democracia actual existe gracias a la intervención militar contra lo que denominaba “la izquierda sangrienta”.
Su perfil cobró notoriedad nacional en octubre de 2023, al tildar públicamente de “pro terrorista” a la laureada película “Argentina, 1985”, un alegato cinematográfico sobre el histórico Juicio a las Juntas. Dicha manifestación, amplificada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, encapsula las preocupaciones que luego trascenderían las fronteras.
Estos antecedentes motivaron una comunicación urgente de los relatores de la ONU al Estado argentino el pasado 6 de noviembre. Los expertos, encabezados por Bernard Duhaime en materia de Memoria y Justicia, expresaron su “gran preocupación” por la ausencia de formación específica de Mayer en derechos humanos y por declaraciones públicas que “minimizan las graves violaciones” cometidas durante la dictadura. Subrayaron, además, que desacreditar un filme que retrata los esfuerzos por alcanzar justicia constituye una forma de erosionar el proceso de rendición de cuentas, que hasta la fecha ha logrado más de mil doscientas condenas.
La crítica de la ONU también se extendió hacia la figura de Ana Mármora, directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), donde Mayer se desempeña como su mano derecha al frente de la Dirección de Capacidades Institucionales. Mármora, conocida por su activismo en contra del matrimonio igualitario y la legalización del aborto, comparte la conducción de este organismo del que ahora dependen, tras una reciente reestructuración, instituciones fundamentales como el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio ESMA.
La respuesta oficial del Gobierno, emitida en diciembre, optó por un argumento legalista para justificar las declaraciones de ambos funcionarios: la libertad de expresión. Las autoridades sostuvieron que cualquier manifestación de un servidor público está amparada por la amplitud de ese derecho, eludiendo así el fondo de la crítica sobre idoneidad e imparcialidad. Asimismo, defendieron la nueva dependencia del Archivo y el Museo bajo el CIPDH como un mecanismo para otorgarles “mayor independencia” de la administración central y protegerlos de la “disputa político-partidaria”.
Sin embargo, esta justificación omitió deliberadamente un dato político relevante: tanto Mármora como Mayer están identificados con el espacio “Las Fuerzas del Cielo”, alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo, y suelen participar en actos de campaña del presidente Javier Milei.
Aunque la designación no ha sido publicada en el Boletín Oficial, Mayer ya actúa en los hechos como jefe de gabinete del subsecretario Joaquín Mogaburu, e incluso ha agradecido congratulaciones en sus redes sociales por el nuevo cargo. Su ascenso, en consecuencia, no solo consolida un perfil cuestionado en el corazón de la política de derechos humanos, sino que también marca una clara ruptura con los estándares y las alertas de la comunidad internacional en un área sensible donde la Argentina había construido, con enormes esfuerzos, un paradigma reconocido mundialmente.
