Un informe del sindicato Fepevina detalla el desmantelamiento sistemático del organismo, con despidos masivos, presupuestos incumplidos y un abandono severo del mantenimiento. Especialistas alertan sobre la peligrosidad creciente de las carreteras y la falta de datos oficiales sobre siniestralidad, mientras el Gobierno avanza en la concesión de corredores troncales.
El deterioro progresivo de la red vial nacional alcanza niveles críticos, en un contexto marcado por lo que el gremio de Vialidad denuncia como un «vaciamiento firme» del organismo estatal. Según un extenso documento de la Federación de Peones Viales (Fepevina), la combinación de una planta laboral reducida a la fuerza, salarios congelados y una drástica subejecución presupuestaria en mantenimiento genera un escenario de «alto riesgo de siniestralidad» que se agrava día a día.
En diálogo con este medio, Fabián Cattanzaro, secretario gremial de Fepevina, explicó que el desgaste institucional y material tiene múltiples causas. Destacó los severos recortes de personal: la administración inició con 5.400 agentes y hoy apenas conserva a 4.800, tras despidos en áreas fundamentales para la conservación de rutas. «Mediante mecanismos de persecución y disciplinamiento se ha ido achicando la planta», afirmó Cattanzaro, y anticipó que un próximo plan de retiros voluntarios operará en la práctica como «despidos encubiertos» para profundizar el desguace.
Esta situación se desarrolla pese a la decisión del Congreso Nacional, que en septiembre rechazó el decreto de disolución firmado por el presidente Javier Milei. Para el representante sindical, sin embargo, la voluntad política de desmantelar la empresa pública no se ha detenido. «El proceso de vaciamiento continúa firme», sentenció.
La consecuencia más dramática de este abandono se refleja en la seguridad de los usuarios. El informe gremial, apoyado en testimonios de organizaciones especializadas, alerta sobre el lógico impacto que la falta de conservación tiene en la cantidad y gravedad de los accidentes de tránsito. Aunque los números oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) están desactualizados por su propio proceso de desarticulación, el sindicato cataloga la coyuntura como de peligro elevado, un panorama que «se irá incrementando aceleradamente» sin medidas urgentes de mitigación y reparación.
Como ejemplo trágico, citan el siniestro ocurrido en octubre en Misiones, donde nueve jóvenes perdieron la vida al desbarrancarse un micro desde un puente de la Ruta Nacional 14. «Se podría haber evitado si el puente hubiera tenido las defensas adecuadas, pero no las tenía porque no se reparó», señalaron desde Fepevina, advirtiendo que «todos los puentes de Vialidad están en mal estado».
Diego Molina, referente de Conduciendo a Conciencia, corroboró este diagnóstico. «A medida que vamos recorriendo el país nos encontramos en todos los lugares con situaciones malas», afirmó, tras una reciente inspección en las rutas del entorno de Bariloche y San Martín de los Andes, donde «hay lugares que son directamente intransitables». Molina subrayó la dificultad de cuantificar el problema ante la ausencia de datos confiables, pero sostuvo que resulta «muy difícil pensar que en este contexto no se esté sumando siniestralidad en un número mucho más alto del promedio histórico».
La dimensión económica de la crisis es otro capítulo relevante. El estudio calcula que cada víctima vial representa para el Estado un costo superior a los sesenta y dos mil dólares, considerando atención hospitalaria, intervenciones policiales y gastos judiciales. En términos macroeconómicos, este ítem equivaldría al 1,4% del Producto Bruto Interno. Además, el gremio advierte sobre una bomba de gasto futuro: por cada peso no invertido a tiempo en mantenimiento, se deberán erogar entre tres y cinco veces más en rehabilitaciones integrales, dado que el deterioro acumulado torna las obras progresivamente más complejas y onerosas.
El análisis financiero del organismo es elocuente. Denuncian un desvío sistemático de los fondos legalmente asignados a través del Impuesto a los Combustibles, que en 2025 sólo derivó a Vialidad un 5,6% de lo recaudado, contra el 14,9% que establece la norma. Paralelamente, el presupuesto específico para mantenimiento y rehabilitación sufrió una subejecución del 40% el año pasado, representando apenas el 41% del gasto total del organismo. Los trabajadores sostienen que, para tener una red aceptable, esa partida debería acercarse al 80%.
Este recorte contrasta con el aumento sustancial en la partida de construcción de autopistas, que el año pasado absorbió el 32% del presupuesto. Para Fepevina, la explicación es clara: «Son autopistas que después se van a concesionar; se lo dan al privado servido en bandeja». Esta semana, el Gobierno confirmó la firma del contrato para conceder 741 kilómetros de rutas en la zona núcleo y abrió una nueva etapa de licitaciones, en paralelo a la autorización de aumentos en los peajes. Los trabajadores temen que este modelo relegue al abandono definitivo a miles de kilómetros de rutas secundarias, completando un círculo de deterioro, riesgo y privatización de los tramos más rentables.
